La ciudadanía costarricense se enfrenta a una tarea ineludible: construir un nuevo proyecto democrático. Para ello, se requiere de un pacto político y social. Es el reiterado llamado de muchas voces del país. El tiempo avanza y no se aclaran los nublados del día.
Sin embargo, hay signos esperanzadores con  la reciente “Alianza por Costa Rica”, que hizo posible, después de de dos fallidos intentos: 1998 y  2005, la elección de un Directorio de la Asamblea Legislativa multipartidista.
Quienes lideran la Alianza apelan al pacto social de los años cuarenta, para mostrar su viabilidad. Efectivamente, aquel pacto tuvo como eje de convergencia una visión ética-humanista compartida, más allá de las distancias ideológico-políticas de sus protagonistas.
El nuevo pacto político-social a diferencia del de los años cuarenta, cuyo norte fue impulsar una reforma social, apunta más bien  a una reforma estructural del sistema político. Su agenda es, por lo tanto, esencialmente política: construir un nuevo proyecto democrático. El espacio y la institucionalidad democrática tienen que remozarse, como ya se ha reiterado, con más democracia. Esta es la demanda fundamental de la nueva ciudadanía emergente de perfil cultural y socialmente inclusiva, ideológicamente pluralista y políticamente diversa.
Por lo anterior, esta vez, no se trata de un pacto simplemente entre líderes políticos y sociales. Tiene que ser un pacto sin nombres y  apellidos. Alejado de los personalismos caudillistas y tecnocráticos. Tampoco se trata de un pacto cuyo protagonismo lo asuman los partidos políticos. Los acuerdos entre partidos pueden representar un avance y contribuir al mismo, si estos dejan de comportarse como la vieja partidocracia electorera y clientelar. Sin embargo, no constituyen por sí mismos una garantía del  pacto político.  No se trata de un pacto pluripartidista.
El nuevo pacto político tiene que ser desde y para la ciudadanía. Por lo tanto, tendrá que ser inclusivo al más alto nivel. Requerirá de un esfuerzo programático y organizativo que facilite el diálogo, para llegar a propuestas que recojan el aporte de los diversos sectores de la sociedad civil, las organizaciones empresariales, gremiales sociales, comunales y los partidos políticos.
La convocatoria al diálogo, bajo una modalidad  de una Asamblea Ciudadana, podría conducir, una vez sopesadas las propuestas de cambio en la institucionalidad democrática del país, a plantearse si se requiere la convocatoria a una Asamblea Nacional  Constituyente.
Costa Rica  urge de esta segunda reforma. Las condiciones están dadas para dar el paso sin violencia, aunque sí con decisión y espíritu ciudadano. Postergarla es negarnos una oportunidad  histórica.