El régimen de pensiones por Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) es sostenible hasta el año 2038, confirmó el actuario de la Organización Internacional del Trabajo (OIT),  Alejandro Bonilla a UNIVERSIDAD.
La sostenibilidad del régimen de IVM ha sido objeto de gran controversia entre diversos sectores, ya que algunos aseguran que el sistema colapsará dentro de poco y otros que es sostenible hasta el 2038.
Para ello se han llevado a cabo una serie de estudios actuariales, hechos por la CCSS, por la OIT y por la Superintendencia de Pensiones (SUPEN). Esta última instancia, encargada de vigilar y controlar los sistemas de pensiones, ha cuestionado severamente la veracidad del estudio emitido por la OIT, asegurando que solamente se trató de una revisión de los datos suministrados por la Caja.
No obstante, el actuario Bonilla recordó que la OIT es la autoridad mundial para llevar a cabo cálculos actuariales y que como tal, no mete datos en una calculadora y ya, sino que utiliza los sistemas más avanzados del mundo para determinar si un régimen es solvente o no.
De hecho, la OIT tiene a su cargo estudios en 182 países del mundo, entre ellos Alemania y Suecia, tanto de regímenes en curso como de los sistemas que están en reforma, y cuenta con un equipo de actuarios de distintos lugares, como canadienses, japoneses, latinoamericanos, alemanes, árabes, rusos, entre otros.
 
“Nunca hemos tenido ningún interés de simplificar o complicar las cosas para Costa Rica; de hecho nos llamó la atención que el país nos llamara para hacer un estudio actuarial, porque tenemos catalogados a los actuarios de la Caja como unos de los más serios y competentes.  Pero lo hicimos, analizamos y comprobamos datos, supuestos, modelos, hipótesis y escenarios, y al final la conclusión fue que el régimen es solvente”, dijo Bonilla.
La OIT tiene relación con unos 400 institutos actuariales en el mundo y tiene claridad con respecto a aquellos que son débiles y los que son más fuertes en materia de análisis.
En este sentido, el estudio actuarial de la Caja y el de la OIT presentaron resultados muy similares, aunque no idénticos, pues según Bonilla, no hay dos análisis que puedan ser iguales, pero cuando la diferencia es mínima no hay problema.
Sin embargo, el estudio emitido por estas dos entidades y la SUPEN sí presentan una enorme diferencia, en cuanto al tiempo que será sostenible el régimen de IVM.
Ante esto, el actuario de la OIT argumentó que muchas veces se quieren aplicar técnicas actuariales que se aplican a seguros comerciales y no de carácter social, como es el caso del régimen de Costa Rica, el cual se caracteriza por ser un sistema de primas escalonadas.  Consideró que este podría haber sido el error.
“Si me preguntan, en el caso de primas escalonadas, el país tiene garantizado su régimen hasta el 2038 y yo quisiera que me enseñen cualquier otro negocio en Costa Rica que esté garantizado hasta esa fecha. Por supuesto que las cosas pueden cambiar, porque es un sistema dinámico, pero aún tienen mucho margen de maniobra”, argumentó el experto.
Esta situación es positiva, explicó Bonilla, ya que en el caso de Estados Unidos la reserva en seguridad social alcanza únicamente para dos años, mientras que el país tiene prevista su sostenibilidad por 27 años más.
Cabe destacar que en el año 2005, los diversos sectores, entre ellos Gobierno y organizaciones gremiales, se reunieron para realizar una serie de modificaciones al sistema de IVM, y fue precisamente con esta negociación, con la cual se establecieron los parámetros para hacer sostenible el régimen a largo plazo.
“Tuvieron un gran debate y una reforma ejemplar en América Latina, pues discutieron el tema y eligieron con claridad el sistema de seguridad que desean para el futuro, producto del diálogo social; pero, es importante que lo sigan cuidando”, dijo.
Señaló que la seguridad social depende de la economía, la demografía, la actividad empresarial y las cotizaciones, tanto de trabajadores, empleadores como el Gobierno.
UNA DEUDA QUE ESTRUJA
Actualmente, las deudas del gobierno superan los ¢800 000 millones, lo cual equivale aproximadamente al 60% de los ingresos anuales de la Caja, según denunció la Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (UNDECA).
Martha Rodríguez, secretaria general adjunta de la UNDECA,  explicó que durante la reforma que se realizó en el 2005 se prometieron cosas, que hasta la fecha no han sido cumplidas.
“A pesar de que hicimos un pacto, al final la reforma incluyó modificaciones adicionales que no fueron las que habíamos acordado, pero lo más grave es que el Gobierno no ha querido pagar los recursos que le debe a la institución y la deuda cada vez es más grande”, indicó Rodríguez.
Por su parte, Geovanny Ramírez de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), recordó que con la reforma del 2005 se hizo un análisis exhaustivo del nivel de evasión, subdeclaración y deuda que tenían diversos sectores con la institución; sin embargo, seis años después se sigue discutiendo lo mismo.
“Hay cosas que evidencian la falta de respeto del Gobierno; un ejemplo de ello es la falta de decisión con respecto a la reforma del artículo 78 de la Ley de Protección al Trabajador, que establece el traslado de hasta un 15% de las utilidades de las empresas públicas a la CCSS, específicamente al IVM, pero esto no ha pasado”, destacó el dirigente de la ANEP.
Para Ramírez, la expectativa para las generaciones venideras es una utopía, dado que no se ha pasado del diseño en el papel a la práctica, sobre todo porque no existe voluntad política y es indispensable que la Caja discuta a fondo este tema.
Según el actuario de la OIT, Costa Rica tiene ventajas comparativas con respecto a muchos países, en vista de que su seguridad social es muy completa, cuenta con un sistema educativo que cubre a la mayoría de la población, tiene una tasa de analfabetismo de las más bajas del mundo y una alta cobertura en salud, lo que indica que se están haciendo bien las cosas.
“Nosotros vemos la seguridad social del país como un cimiento sólido y dependerá de adónde dirijan las acciones de trabajadores y patronos para que las pensiones sigan siendo sostenibles. Pero, es fundamental que se paguen las deudas que tienen con la seguridad social, tanto el Gobierno como el sector privado, porque no se puede acusar a alguien de que no le vaya bien con las cuentas, cuando todos le debemos”, insistió Bonilla.
El experto recomendó tomar acciones para garantizar el cumplimiento de las cotizaciones; por ejemplo, que los empresarios lleven a cabo un pacto con la CCSS de no hacer negocio con nadie que le deba a la seguridad social.
Por su parte, el director actuarial de la CCSS, Guillermo López, aseguró que los costarricenses pueden estar tranquilos de que el dinero para sus pensiones está garantizado, pues las reservas del IVM se mantienen crecientes.