El aumento proyectado en la demanda eléctrica para los próximos años, a la par de los datos sobre la cantidad de hidrocarburos utilizados en la generación de energía, son los principales puntos de discordia que el Sindicato de Ingenieros del ICE (SIICE) encontró en el proyecto de “Ley de contingencia eléctrica”.
El SIICE presentó esa posición mediante un informe escrito ante la Comisión Especial de Electricidad de la Asamblea Legislativa, la cual se creó para estudiar proyectos como el de “Ley general de electricidad”, aunque ahora tiene prioridad de discusión en ella el de contingencia.
Respecto al informe del sindicato, este cuestiona el ritmo de crecimiento de la demanda energética del país expuesto en el proyecto de ley -un 5.4% anual-, pues indica que con la recesión del 2008 y 2009, la demanda de electricidad se desaceleró y aún no ha alcanzado ese promedio histórico. Según ese informe, en el 2010 el crecimiento de la demanda fue de 3.02%.
También critica el hecho de que la justificación del proyecto mencione el costo de los hidrocarburos destinados a generación eléctrica, pues según datos del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET), el sector de transporte del país consume el 80% de los combustibles importados, mientras que un 92% de la producción del sector eléctrico se hace a partir de fuentes renovables.
 
Carlos Solano, ingeniero del ICE y coordinador de la Comisión de Electricidad del SIICE, expresó que el proyecto de contingencia busca justificarse con elementos que crean el temor de que habrá faltante de energía en el 2016, que se consumirá gran cantidad de petróleo del cual hay una gran dependencia, y que aumentarán las tarifas, sin ser esto cierto.
Solano puntualizó que el país no depende de los hidrocarburos para generar energía, pues Costa Rica ocupa el cuarto lugar en el mundo en generación de energía a partir de fuentes renovables.
Por su parte, el jerarca del MINAET, Teófilo de la Torre, dijo por correo electrónico que el proyecto de contingencia es parte del Plan de Contingencia Energética que puso en acción el Gobierno, “como una medida para hacer parcialmente frente a la crisis de incremento de precios del petróleo” y subrayó que “sólo en lo que va del año 2011, un 22% del costo de producción de electricidad del ICE se asigna a la compra de combustibles”.
¿DESCONOCIMIENTO?
El proyecto de Ley de contingencia eléctrica fue presentado por el Gobierno ante la dificultad de lograr la aprobación expedita de proyectos como el de Ley general de electricidad, y de cara a la preocupación de atender el crecimiento de la demanda de energía en los próximos años.
Destaca entre las propuestas del texto, la declaración de interés público y conveniencia nacional de “los proyectos de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica que se encuentren en el Plan Nacional de Energía”.
Añade que la oficina correspondiente del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) “autorizará la remoción de los árboles que se requiera para el desarrollo del proyecto”.
En este sentido, Solano afirmó que “no tiene sentido” que el proyecto de ley se refiera a proyectos contenidos en el Plan Nacional de Energía, pues -según explicó- esa propuesta no se refiere a  proyectos específicos, sino a directrices y políticas de carácter general. Al preguntársele si ello evidencia desconocimiento de quien redactó el proyecto, respondió: “exactamente”.
Uno de los detalles polémicos del proyecto de contingencia es la incorporación del llamado gran consumidor, que define como cualquier persona física o jurídica que, a lo largo del año,  presente una demanda máxima igual o superior a 1 Megawatt (MW).
Estos “grandes consumidores” quedarán facultados para firmar contratos de compra directamente con generadores públicos o privados, y deberán costear el transporte de electricidad, entre otros rubros.
Para este caso, Solano indicó que “la cantidad de clientes que abarca son muchos; según nuestros cálculos se trata de alrededor de un 27% de toda la energía vendida por el ICE”.
Agregó que si esos grandes consumidores pueden entrar y salir a sus anchas del mercado regulado, ello “estaría fuera de planificación y es muy serio desde el punto de vista del suministro de energía”.
En su opinión, para que estos grandes consumidores compren directamente a los generadores tiene que haber un mercado establecido, “pero no existe porque el proyecto de ley no lo crea”.
Acerca de lo anterior, de la Torre enfatizó que se trata de “la opción, no la obligación” de que esos grandes consumidores compren la energía a un tercero, y que todo se haría bajo reglamentación del Poder Ejecutivo y la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP). “Se trata de un mercado simplificado, no hay más de 50 empresas que pueden acceder a esta opción”, acotó.
HIDROCARBUROS Y DEMANDA
Por otro lado, en la justificación del proyecto de contingencia se asegura que Costa Rica es “altamente  dependiente de los hidrocarburos importados y en consecuencia, vulnerable a eventos internacionales (…) que provocan inestabilidad y presión sobre la oferta y los precios”.
El documento hace ver que la factura petrolera pasó de $455 millones en el año 2000 a $1.604 millones en el 2010, y que “a una tasa media de crecimiento del 5.4% anual”, el país deberá añadir al sistema eléctrico “aproximadamente 2.400 MW para el año 2021, lo que implica inversiones del orden de los $9000 millones”.
Como ya se mencionó, el informe del SIICE cuestiona esa tasa de crecimiento del consumo eléctrico, con base en que desde el 2008 descendió bastante y aún no alcanza ese 5%.
De acuerdo con Solano, la cifra de 2.400 MW adicionales necesarios para el 2021 no corresponde al Plan de Expansión de la Generación Eléctrica (PEG) del ICE, el cual proyecta un crecimiento en la demanda de sólo 1.500 MW adicionales para ese año.
En torno a este tema, el jerarca del MINAET adujo que “habría que ver cuál Plan de Expansión se menciona, pues hay varias versiones circulando, que son muy diferentes entre sí”.
De la Torre destacó que situaciones particulares a corto plazo -como la recesión en los últimos dos años-, “no pueden servir para proyectar el futuro, por ejemplo si proyectamos cero crecimiento en los próximos cinco años; entonces no hace falta construir ninguna planta eléctrica”.
Por ello, indicó que crecimientos a tasas de 5.4% se han dado por largos periodos,  por lo que  “esperamos que ocurran en el futuro y para ello debemos planificar en especial en el campo eléctrico, en donde los tiempos para construir proyectos son muy largos”.
Mientras tanto, el ingeniero Solano informó que ya existen tres proyectos “prácticamente en operación”: las plantas de Pirrís (hidroeléctrica), Las Pailas (geotérmica), y Garabito (térmica), la cual utilizará búnker, y que en conjunto aportarán 360 MW más.
Según de la Torre, Pirrís “no aporta mayor energía en el verano, Pailas sí es muy útil, pero es de solo 35 MW, mientras que la demanda es de 1600 MW”, por lo que “la entrada de dichas plantas apenas compensará el esperado crecimiento de la demanda de aquí al verano entrante”.
Por su parte, Solano puntualizó que en cuatro años entrarían a operar la hidroeléctrica de Toro III, la modernización de la planta de Cachí y tres proyectos privados bajo la modalidad BOT (“construcción, operación y transferencia”, por sus siglas en inglés), que significarán 250 MW adicionales.
Sumado a lo anterior, para el 2016 se espera que empiece a funcionar la planta del Reventazón, que aportará 305 MW, mientras que el Proyecto Hidroeléctrico Diquís aportaría otros 600 MW en el 2018.
Ello quiere decir que, según los planes del ICE, para el 2018 se ofrecería un total de energía adicional de un poco más de 1.500MW, lo cual prácticamente duplica la demanda máxima de energía para el 2010, que fue de 1.536MW.
“Los objetivos de expansión energética ya han sido alcanzados y el proyecto de Contingencia queda sin fundamento; creo que es clara la presión en favor de una mayor participación privada; la electricidad es un negocio de miles de millones”, advirtió Solano.