En las últimas semanas, he participado y les he dado seguimiento a las diferentes actividades que se han organizado en la U con el fin de reflexionar  críticamente sobre el Principio de Autonomía Universitaria, proclamado en el artículo 2, del Estatuto Orgánico de nuestra Universidad, y el cual refleja la potestad que le otorga la Constitución Política,  en su artículo 84, a la Universidad de Costa Rica.
Uno de los aspectos debatidos y enfatizados de forma reiterada por los ponentes de varios de los foros, se refiere a la capacidad jurídica de la UCR para  darse su organización  y gobierno propios.
Resalto lo señalado en el segundo párrafo del  artículo 2, el cual expresa que “su régimen decisorio es democrático y por consiguiente en ellas las decisiones personales colectivas se realizan con absoluta libertad”.
En este contexto, adquiere relevancia el concepto de autonomía universitaria, cuando lo visualizamos en la iniciativa de reforma al Estatuto Orgánico, para integrar de manera  real al sector administrativo dentro de las instancias de toma de decisiones que tiene  la Universidad de Costa Rica.
Dicha propuesta recupera y plasma el verdadero concepto de democracia, al reconocer que la comunidad universitaria la conforman profesores y profesoras, estudiantes, funcionarias y funcionarios administrativos, principio sabiamente señalado también en el artículo 1, de nuestro Estatuto Orgánico.
La iniciativa materializa en nuestra Alma Máter lo que muchas veces predicamos hacia fuera y con justa causa, tanto en foros universitarios como en el debate nacional; esto es, la verdadera democracia no es sólo representativa, sino esencialmente participativa, reconociendo con ello, los diferentes sectores de la sociedad (minorías y mayorías).
Recordemos que para el cumplimiento de los principios  y los propósitos  señalados en los primeros cuatro artículos del Estatuto Orgánico, se incluyó una serie de Propósitos; y se destaca que la Universidad de Costa Rica “deberá buscar de manera permanente y libre, la verdad, la justicia, la belleza, el respeto a las diferencias, la solidaridad, la eficacia y la eficiencia” (Art.5, b). Reforma aprobada en Asamblea Colegiada Representativa N°117, del 19 de junio de 2006.
También pretende esta iniciativa  reivindicar una añeja aspiración planteada  en los últimos congresos universitarios. Ejemplo de ello fue la resolución N.° 7 sobre Ampliación de la democracia universitaria, aprobada por el VI Congreso Universitario y discutida por la Asamblea Colegiada Representativa, en 2005.
Esta aspiración se expresa en las actuales Políticas de la Universidad de Costa Rica 2010-2014, las cuales reivindican, el Título I “Principios y Propósitos”, del Estatuto Orgánico. Políticas que se construyeron con un alto esfuerzo participativo de la comunidad universitaria y constituyen el referente que la sociedad costarricense tiene para pedirle a la UCR el cumplimiento de sus Fines y Propósitos, tal como reza en la presentación escrita que se hace en octubre de 2008 de las Políticas la directora en ese entonces del Consejo Universitario.
Particularmente, interesa señalar lo indicado en el Eje 5, sobre Bienestar en la Vida Universitaria, inciso 5.1.2. “El cual  comprende  las políticas dirigidas a promover y resguardar los derechos de la Comunidad Universitaria para respetar su condición humana y mejorar  la calidad de su  entorno social y natural “, para lo cual: “Promoverá  estrategias de acción afirmativa para enfrentar condiciones de desigualdad y de exclusión social, tanto del estudiantado como del personal docente y administrativo”.
Finalmente, la reforma planteada al Estatuto Orgánico responde también a reconocer la participación cotidiana del sector administrativo en la Universidad, fortaleciendo cada día su autonomía y el espíritu democrático universitario.
En conclusión: hay suficiente doctrina universitaria para poder avanzar en esta justa reforma al Estatuto Orgánico; de manera que se pueda decir como analogía al actual lema de la Autonomía Universitaria que: La participación del sector administrativo  es  condición de una universidad democrática y libre.