Un decreto emitido por el gobierno de Óscar Arias el 23 de noviembre de 2007 y publicado en el diario oficial La Gaceta el 13 de febrero del 2008, autorizó el cambio de uso del suelo en el distrito de Hatillo, lo cual afecta una zona de conservación  de 441.000 metros cuadrados, denunciaron habitantes del lugar.
Vecinos de la comunidad, aglutinados en una denominada “Mesa de Diálogo”, con el apoyo de otras asociaciones y grupo cívicos, se preparan para dar la lucha y recuperar el estatus que tenía el territorio, gracias a un decreto anterior, de 1993.
“Este decreto se emitió con el afán de beneficiar a los politiqueros del Partido Liberación Nacional y a sus intereses electorales”, aseguró a UNIVERSIDAD el diputado del Frente Amplio, José María Villalta (ver nota aparte: “No conozco ese decreto, dice alcalde Araya”).
En la acción de inconstitucionalidad, presentada el pasado 1 de junio,  Villalta   argumentó ante la Sala IV que el decreto (No.34303-MP-MIVAH) emitido en el gobierno de la administración Arias representa “una violación del derecho constitucional a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y del principio de participación ciudadana en materia ambiental, por exclusión arbitraria y cambio de uso del suelo del 70 por ciento de la zona de reserva, creada para fines de protección ambiental y esparcimiento”, en el distrito de Hatillo.
Además, el legislador denunció que el decreto de ese entonces fue emitido “sin estudios técnicos que lo justifiquen ni consulta previa a la comunidad”.
“Lo que hace el decreto es autorizar que se urbanice en un área protegida que representa el 70 por ciento de las áreas verdes que aún quedan en Hatillo”, advirtió Villalta.
El diputado aseguró que lo que se busca, con el cambio del uso del suelo, es “destruir parques y áreas verdes y llenarlas de cemento. Directamente afecta la calidad de vida de la comunidad, no sólo el confort, sino la salud, el derecho a la recreación y el esparcimiento”, alertó.
De acuerdo con Villalta, Hatillo es una de las zonas con más densidad de población del país, con servicios de transporte, de alcantarillado y de salud que ya no dan abasto.
“Hatillo es uno de los distritos más poblados de Costa Rica; hay mucho hacinamiento. Se fueron eliminando las alamedas; las pocas áreas de parques y de recreación para la juventud para la práctica del deporte, están totalmente abandonadas”, advirtió.
También denunció que el decreto que autoriza el cambio del uso del suelo en Hatillo,  “abre el portillo legal para los negocios de las nuevas urbanizaciones, que los politiqueros que controlan la ciudad de San José quieren impulsar. Ya hemos oído del alcalde Johnny Araya sobre sus intenciones de construir Hatillo 9 y de levantar nuevas construcciones en el distrito. Creo que ese decretazo elimina el obstáculo que tenían los políticos del PLN”, reprochó el diputado del Frente Amplio.
Asimismo, hizo ver que la gran mayoría de los habitantes de Hatillo reclaman que “ya no es posible levantar más construcciones en el distrito, los servicios públicos están saturados, la clínica no tiene capacidad para atender a tanta gente, hay serios problemas de planificación urbanística, sobrepoblación, crece la delincuencia y la drogadicción;  esta es una radiografía del lugar”, añadió.
En su criterio, “todos esos problemas los ignoran por un interés politiquero: seguir ofreciendo urbanizaciones donde ya no es posible hacerlas”.
Por su parte, el exsacerdote de la comunidad, Guido Villalobos, advirtió que la cantidad de población de esa parte del sur de la capital es “exagerada”. “Los servicios no están rindiendo, se están afectando las áreas verdes localizadas en las cuencas de los ríos, y con ese decreto se perderá el principio de conservación”, reclamó.
El expárroco puntualizó que con la eliminación del decreto de 1993, el anillo de conservación de la zona de Hatillo “quedó al garete” y se corre el riesgo de “invasiones, precarismo y construcciones desordenadas en áreas peligrosas, pues muchas son tierras de relleno”.
Un sector de esas tierras, ubicadas en Hatillo 2, fue utilizado para lanzar los desechos del antiguo estadio nacional, demolido hace dos años para construir el nuevo “templo del fútbol”, donado por el gobierno de China e inaugurado en marzo pasado.
“Si esas áreas no son declaradas como se debe, pueden ser utilizadas para cualquier cosa”, y convertirse en tierra de nadie”, advirtió el sacerdote Villalobos, quien ahora es capellán en el hospital San Juan de Dios.
“Las personas tienen derecho a tener un lugar donde vivir, pero no en un ambiente de desorden, ni a orillas de los ríos María Aguilar y el Tiribí que circundan la zona. Incluso, en Hatillo 7 se presentó en el pasado un foco de precarismo”, dijo el expárroco.
Por su parte, David Contreras, un funcionario universitario quien es vecino de Hatillo 2, explicó que el anillo de conservación tiene una extensión de 630.000 metros cuadrados y el decreto del gobierno pasado autoriza el cambio de uso del suelo en un 70% de esa área.
“Se ha anunciado que la Municipalidad quiere construir una villa olímpica, multifamiliares. Hatillo es una comunidad saturada, no da para más”, alegó Contreras.
Añadió que “tenemos demasiados problemas sociales, saturación, drogas, delincuencia, falta de seguridad y  por eso no se puede meter más gente”.
Contreras criticó que “don Johnny Araya dice inocentemente que no sabe lo del decreto, pero es un proyecto del Partido Liberación Nacional para construir más urbanizaciones en esa zona”.
El vecino de Hatillo 2 informó que existe un proyecto de ley presentado en octubre con el respaldo del diputado Villalta, para crear un parque ambiental en Hatillo, que abarcaría parte de los terrenos afectados por el decreto que rechaza la comunidad. Denunció que si ese decreto se mantiene en firme, las áreas de conservación de Hatillo se reducirán a un 30%, en tierras ubicadas en precipicios, colinas y suelos falseados.
“Vamos a esperar el dictamen de la Sala Constitucional; si fuera negativo estudiaríamos las medidas de presión que sean necesarias. Los vecinos nos estamos acercando a los grupos organizados, para tener mayor capacidad de movilización”, expuso Contreras.
No descartó que “la población de Hatillo, con gran tradición de lucha”, se pueda  levantar en defensa de sus derechos, ya que hay un movimiento en gestación debido al abandono en que se encuentran.
Por otro lado, Grace Campos, vecina de Hatillo 4 e integrante de la “Mesa de Diálogo”,  denunció que “en las cercanías de calle Morenos, en Hatillo 2, se hizo un relleno, se depositaron los desechos del demolido estadio nacional y se almacenaron los materiales del nuevo que hicieron los chinos. Esa era parte de la zona protegida”.
A su parecer, si esas áreas quedan desprotegidas, se convertirán en vertederos de basura, en posibles focos de precarismo y tugurios, y de más sobrepoblación. “Cerca de la zona de relleno hay mantos acuíferos y si nos descuidamos nos quedaremos sin zonas verdes ni áreas para la recreación”, acotó.
 

Alcalde  Johnny Araya dice que no conoce el decreto
El alcalde de San José, Johnny Araya, aseguró que no conoce el decreto impugnado por el diputado del Frente Amplio, José María Villalta, ante la Sala Constitucional, que autoriza el cambio del uso del suelo en Hatillo.
“No sé por qué (Villalta) me menciona a mí; no conozco ese decreto”, dijo Araya, al ser consultado telefónicamente por UNIVERSIDAD.
“No sé por qué (el diputado) me menciona, en qué me beneficia?”, se preguntó.