A pesar de que reconocen que la guerra contra las drogas fracasó, expertos consultados por UNIVERSDAD consideran que la legalización de las llamadas drogas suaves, como la marihuana, es difícil, entre otras razones, porque se debe dar en conjunto con otros países y no de manera aislada.
Esas dificultades tienen que ver con las obligaciones adoptadas en convenios y tratados internacionales y con el trabajo amplio en el ámbito estatal, que implicaría cambiar el énfasis de la lucha contra las adicciones, del ámbito policial a la prevención y rehabilitación.
El abogado Paul Chaves, especialista y consultor en temas de seguridad e inteligencia y exfuncionario del Ministerio de Seguridad Pública, aseveró al respecto que “nadie deja de reconocer que la lucha contra las drogas ha sido un fracaso, y ni siquiera quienes la hemos defendido, pues la expansión de las organizaciones que trafican es boyante, por más decomisos y detenciones que se han hecho”.
Por su parte, el historiador y politólogo Luis Guillermo Solís afirmó que ese fracaso es parcial y se preguntó cómo estaría la situación si no se tomaran las medidas en términos de control, aunque cree que en algunos casos las medidas han sido estrepitosas, como ha ocurrido en el norte de México, donde la implicación del ejército sólo logró aumentar la violencia.
“No estoy seguro de que sea correcto descalificar la lucha contra las drogas, pero se debe hacer más en los centros de consumo”, añadió.
UNIVERSIDAD buscó criterio al respecto de autoridades como el comisionado nacional antidrogas, Mauricio Boraschi, y el ministro de Seguridad, Mario Zamora; sin embargo, al cierre de esta edición (lunes 13) no se contó con respuestas a las preguntas canalizadas según lo indicado por sus respectivas oficinas de prensa.
Quien no tuvo problemas para atender a este Semanario fue la directora ejecutiva del Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA), Patrica Orozco, quien no se refirió al tema de si la guerra contra las drogas fracasó, pues explicó que trabaja en el área de salud, es decir de prevención y rehabilitación del problema, y no en la vía represiva.
“Desde el área de la salud, vemos al adicto no como un delincuente, sino como una persona enferma. Nuestra sensación es que se ha dedicado más a la represión que a la salud, cuando debería haber un equilibrio, sin que ello signifique que se pueda prescindir de los órganos represivos”, manifestó.
Sobre la gravedad del tema, el Informe Mundial sobre Drogas de la ONU 2010, apunta que “hay evidencia de producción de cannabis en casi todos los países del mundo”.
Por otra parte, según datos publicados en mayo del año pasado en el diario español El País, las estimaciones de ingresos de capital en México por concepto de narcotráfico para el 2009, varían entre los $10.000 millones y los $50.000 millones, hecho que se suma a la notoria pérdida de vidas humanas.
¿LEGALIZAR?
El tema de la legalización de las drogas “suaves”, en particular de la marihuana, volvió a cobrar relevancia cuando el Consejo Global sobre Drogas emitió el 10 de junio un informe en el que  abogó por esa medida, en vista de que “la guerra global contra las drogas ha fracasado”.
Se trata de una instancia que agrupa a personalidades destacadas como expresidentes de Brasil, Colombia, México o Suiza, exfuncionarios del gobierno de Estados Unidos y al exsecretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Kofi Annan (ver recuadro “Ahora es el tiempo de romper el tabú”).
Al respecto, Paul Chaves llamó la atención, en primer lugar, al hecho de que se trata de personas “de mucho prestigio y deben ser tomadas en serio”. Destacó, en ese sentido, la participación del expresidente Colombiano César Gaviria, a quien “le tocó lo más problemático del narcoterrorismo en Colombia”.
No obstante, el especialista dijo no estar de acuerdo con la iniciativa de la legalización, ya que  la lucha contra las drogas no es nacional, sino que se enmarca en convenios internacionales como la Convención de Viena de 1988. “La legalización no puede ser unilateral, porque habría que descomponer esos convenios”, acotó.
Además, destacó que Costa Rica es “dependiente” de Estados Unidos en la materia de lucha contra las drogas, lo cual se traduce en que “el más mínimo discurso de algún funcionario nacional al respecto, despertaría una reacción de parte de ese gobierno”.
En referencia a esa dependencia, cabe mencionar que en próximos días la presidenta Laura Chinchilla participará en una reunión regional con funcionarios del gobierno estadounidense,  para solicitar más ayuda en materia de seguridad (ver recuadro “Negocio redondo”).
Chaves indicó que sería “un suicidio” para cualquier político apostar por una iniciativa de esa naturaleza, dado que “la tendencia es a ser duros contra el crimen; la legalización se vería como ser suave”.
En su opinión, “ninguna cantidad de policías va a resolver el flagelo, menos aún metiendo a los ejércitos; la solución radica en la prevención y rehabilitación, pero a esas opciones no se les da prioridad, porque no dan resultados en el corto plazo, que es lo que les interesa a los políticos”.
Por su parte, Luis Guillermo Solís hizo ver que además de los temas legales -como las convenciones internacionales-, las posiciones morales y las objeciones que surgen desde ellas, está la preocupación de cómo se puede garantizar en Costa Rica y Centroamérica que la legalización permitirá neutralizar las principales tendencias del tráfico de estupefacientes o de la violencia que produce, si los países vecinos no hacen lo mismo.
“La legalización constituye uno de los últimos recursos disponibles y debe ser una medida general, global, sobre todo adoptada en los países de mayor consumo”, aseveró.
En ese sentido, estima que Centroamérica es una zona donde el tráfico es muy alto, por encontrarse entre los grandes centros de consumo y producción; de manera que “si los principales mercados de consumo no se suman a la iniciativa, no creo que la medida surta efecto y más bien generaría consecuencias negativas”.
Además, Solís considera que se deben ponderar las consecuencias de la legalización sobre la salud pública. “Se deben tomar ciertas medidas, porque con la legalización baja el precio y puede aumentar el número de consumidores y adictos -al menos en un primera etapa-, y por ello legalizar implica invertir en hospitales, EBAIS y capacitación y educación”.
Un criterio similar expuso la Directora del IAFA, quien opinó que una eventual legalización de la marihuana “debe ser una decisión unificada de varios países”, aunque señaló que en Costa Rica “no estamos en momento de discutirlo, porque no tenemos la cantidad de estudiantes consumiendo que sí tienen otros países; en realidad son pocos los que consumen y la mayoría está en exploración”.
Orozco añadió que si el país decide legalizar la marihuana, “se debe garantizar que el sector salud pueda responder a un eventual aumento del consumo, con los efectos nocivos que tiene sobre jóvenes”.
Sin embargo, aclaró que los factores de riesgo de las drogas dependen de la predisposición de cada persona, según sus patrones genéticos y biológicos.
La médica psiquiatra detalló que cuando una sustancia es legal “tiene permisividad, como el alcohol o el tabaco, que son verdaderos problemas de salud pública. Según nuestra encuesta entre estudiantes, el consumo de alcohol es más serio que cualquier otra droga; con la legalidad hay permisividad y disminuye la percepción de riesgo; si algo es prohibido, dudo más en probarlo”.
Para Orozco, “indudablemente en lo que hay que invertir es en la promoción de la salud mental, prevención del uso de drogas y atención. El crimen organizado abarca cosas más grandes que las drogas”.

“Ahora es el tiempo de romper el tabú”
Fernando Henrique Cardoso, César Gaviria, Kofi Annan y Mario Vargas Llosa, figuran entre los integrantes de la Comisión. (Fotos: archivo y Wikimedia Commons)
El pasado 10 de junio, la Comisión Global de Política sobre Drogas presentó un informe en el que afirmó que “la guerra global a las drogas ha fracasado, con consecuencias devastadoras para individuos y sociedades alrededor del mundo”.
Esa comisión, integrada por personalidades como los expresidentes de Brasil -Fernando Henrique Cardoso- y Colombia -César Gaviria-; además del exsecretario general de las Naciones Unidas -Kofi Annan-, los escritores Carlos Fuentes y Mario Vargas Llosa, y el exmandatario  mexicano Ernesto Zedillo.
Según el texto del mencionado informe, en su introducción indica que 50 años después de la Convención Única de las Naciones Unidas sobre Estupefacientes, y cuarenta años después de que el presidente estadounidense Richard Nixon lanzara su guerra contra las drogas, se hacen necesarias “urgentes reformas fundamentales en las políticas de control de drogas nacionales y mundiales”.
Entre las principales recomendaciones de la comisión, destacan el terminar con “la criminalización, la marginalización y la estigmatización” de quienes usan drogas -“pero que no hacen ningún daño a otros”; y alentar a los gobiernos “a que experimenten con modelos de regulación legal de las drogas (especialmente cannabis), a fin de socavar el poder del crimen organizado”.
También proponen que se ofrezca una variedad de modalidades de tratamiento, así como “aplicar los principios y políticas de derechos humanos y de reducción de daños”, tanto a quienes usan drogas, como a los involucrados en los segmentos inferiores de los mercados ilegales de drogas, “tales como campesinos, correos, y pequeños vendedores”.
Durante el acto de presentación del informe, el expresidente de Brasil, Fernando Henrique Cardoso, enfatizó en la necesidad de “tratar las adicciones a drogas como un tema de salud, reduciendo la demanda de drogas a través de iniciativas educativas comprobadas y regulando legalmente el cannabis en lugar de criminalizarlo”.
Por su parte, el expresidente colombiano Gaviria, alegó que “no podemos ignorar por más tiempo hasta qué punto la violencia, el crimen y la corrupción relacionados con las drogas en América Latina, son los resultados de las fallidas políticas de guerra a las drogas”.
Añadió que “ahora es el tiempo de romper el tabú en la discusión de todas las opciones de política de drogas, incluyendo alternativas a la prohibición”.
 

 
“Negocio redondo”
El próximo 22 y 23 de junio, los presidentes de Centroamérica se reunirán en Guatemala para solicitar al gobierno de Estados Unidos una ayuda de $900 millones, para la llamada  Estrategia de Seguridad de Centroamérica y financiar la lucha contra el narcotráfico.
El pasado domingo 5 de junio el presidente de Guatemala, Álvaro Colom, se reunió con la presidenta Laura Chinchilla, al tiempo que se manifestaron en contra de legalizar drogas, así se trate de las “suaves”, como la marihuana.
No obstante, en declaraciones transmitidas por Telenoticias, la mandataria aseveró que “lo que tiene a Centroamérica en jaque es la cocaína”. Colom por su parte reconoció que “todos los presidentes tenemos la tentación de legalizar las drogas”, aunque dijo que el camino correcto es “trabajar todos juntos para bajar el trasiego de drogas en el área”.
Al respecto, el especialista Paul Chaves cree que los esfuerzos se deben orientar a la prevención: “no tengo expectativa de que signifique nada, porque toda la ayuda se irá en represión”.
Explicó que “lamentablemente los programas de prevención no se venden bien; los fondos que se reciben como ayuda se van en la compra de equipos como helicópteros y demás a Estados Unidos, así como en capacitación con contratistas del gobierno estadounidense; de manera que es un negocio redondo para ese país”.

 
Marihuana legalizada
Antes de que Estados Unidos prohibiera en 1937 la cannabis sativa o marihuana, su uso transcurrió con relativa laxitud en el continente.
De hecho, en ese país se dio un amplio cultivo de la planta, pues se explotaba la fibra del cáñamo, o “hemp” -una planta de la misma familia-, en la fabricación de velas para barcos, cuerdas e incluso papel. Un ejemplo de su uso actual industrial, proviene de la marca de autos deportivos Lotus, que utiliza partes elaboradas a partir de ese recurso en el chasis y forro de los asientos de su nuevo “Eco Elise”.
Actualmente, sólo ciertos lugares escapan a la prohibición, como Holanda, donde en sitios con licencias especiales se venden y consumen diferentes variedades de la planta. Sin embargo, allí se tramitan iniciativas legales para restringir un poco su manejo liberal.
En el estado de California, Estados Unidos, desde hace varios años se permite su consumo bajo receta médica, pues son notorios sus beneficios para tratar problemas como la migraña, el insomnio, el glaucoma o los efectos secundarios de la quimioterapia.