Existen cuestionamientos si la nueva ley de SINAES será idónea para solucionar problemas que no le corresponden. Diversas dudas sobre los posibles alcances y responsabilidades de la Ley 16506 de Fortalecimiento del Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior (SINAES) salieron a flote durante un foro que analizó esta legislación el pasado 15 de junio, en el auditorio de la Facultad de Educación de la Universidad de Costa Rica (UCR).
Este debate fue organizado por la Federación de Estudiantes (FEUCR) y contó con la participación de Leonardo Garnier, ministro de Educación Pública; Guillermo Vargas,  presidente del SINAES; Elenora Badilla, directora del Centro de Evaluación Académica de la UCR; y el moderador fue Mariano Salas, presidente de la FEUCR.
Acerca de la calidad de la docencia, Eleonora Badilla indicó que la acreditación no implica necesariamente calidad docente, ya que los cálculos que hacen los procesos de acreditación dejan por fuera la evaluación del nivel de docencia de las carreras evaluadas.
Por su parte, Guillermo Vargas considera que el problema puede deberse a la cantidad  excesiva de títulos que universidades de dudosa calidad están dando al estudiantado, lo cual provoca que baje la calidad del cuerpo docente.
 
Vargas agregó que en algunos países de América de Sur, los profesionales en educación  y salud requieren de títulos de carreras acreditadas, con el fin de garantizar la calidad de sus trabajos, y de ahí la importancia de solicitar la acreditación como requisito para puestos de trabajo en educación.
Por otro lado, el ministro Garnier comentó que la formación docente en el país es preocupante, y puso como ejemplo las pruebas a las que sometieron voluntariamente a educadores de inglés y matemática. En estas, los resultados más desfavorables provenían mayormente de educadores graduados de universidades privadas y de carreras no acreditadas.
ACREDITACIÓN COMO REQUISITO: ¿SOLUCIÓN?
Mientras tanto, Badilla mencionó como aspecto preocupante el peso que se le está dando a la acreditación para solucionar diversos problemas como la saturación de áreas de trabajo. Esto, a su parecer, no será corregido por la exigencia de la acreditación a la hora de la contratación de empleados.
En su opinión, la autoevaluación y la acreditación debería ser algo voluntario por parte de instituciones educativas. Badilla considera que deberían reforzarse las responsabilidades de otras instituciones, como el Consejo Nacional de Enseñanza Superior (CONESUP), el Servicio Civil e incluso los colegios profesionales, para mejorar problemas en los que la acreditación -como requisito para trabajar- no será la mejor herramienta para encontrar soluciones.
Guillermo Vargas asegura que el SINAES no podrá cerrar carreras, porque eso es materia del CONESUP; sin embargo, sobre este tema el ministro Garnier hizo ver que la ley del CONESUP tiene vacíos e inconsistencias, que les impiden regular de la manera más ágil y eficiente temas de aperturas o cierres de carreras y universidades.
Aunque la ley está en vigencia y el SINAES  trabaja en la elaboración del reglamento, por ahora no hay regulaciones para la práctica de esta nueva ley, lo cual causa confusión sobre el manejo de contrataciones de profesionales por parte del Estado, según detalló Badilla a UNIVERSIDAD en una entrevista sobre el tema.
No es lo mismo una contratación en una empresa privada o trasnacional que en una institución en el sector público, aseveró Badilla durante el foro, a raíz de las declaraciones de Guillermo Vargas publicadas por UNIVERSIDAD en la edición anterior. En estas, Vargas mencionó que la empresa Intel solo contrata a profesionales salientes de carreras acreditadas.
Esta diferencia se debe al proceso de selección de candidatos con que cuenta el sector público, que hace que muchos aspectos de calidad no sean tomados en cuenta, como sí lo hacen empresas transnacionales y privadas; en esto concordaron en sus exposiciones tanto Badilla como Garnier.
Ante esta problemática, Vargas cree que la solución sería solicitar la acreditación como un requisito indispensable para la contratación de profesionales en el sector público, y ayudar a mejorar  problemas de calidad e indicar públicamente cuáles carreras no están acreditadas.
En lo que sí coinciden los tres, es que la inversión en educación superior es necesaria, ya que sale más caro para un país la mediocridad y la educación de baja calidad.