El Estado tiene una deuda con la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) de ¢728.000 millones, monto que va pagando con atrasos, lo que afecta el sistema de salud pública, denunciaron profesionales y grupos sociales vinculados con la entidad.
De acuerdo con datos de la misma institución, la cantidad de dinero por cancelar se localiza en su mayoría en el área de la salud, por una morosidad de ¢440.000 millones. Además, le tiene que pagar ¢199.000 millones por el régimen no contributivo de pensiones y ¢89.000 millones por el contributivo.
Asimismo, se critica la injerencia política debido a la falta de autonomía del organismo, que surge por el hecho de que el nombramiento de la persona que preside su junta directiva está a cargo del Poder Ejecutivo, factor que interviene para que no haya un cobro eficaz de esa deuda.
Incluso, se ha cuestionado a la presidenta Laura Chinchilla por manifestarse disconforme meses atrás por la manera en que se integró una comisión externa que investigaría la situación interna de la CCSS y que al final se desintegró, lo cual se vio como un irrespeto a su independencia. (Ver nota edición 6 de abril: “Acusan a Chinchilla de violar autonomía de la Caja en comisión investigadora”).
 
Al lado de esos problemas, resalta una campaña de desprestigio para afectar su labor, y que la población tenga una percepción negativa de su trabajo, a causa de los problemas que la aquejan, y que también perjudican a la ciudadanía asegurada.
SISTEMA EN PELIGRO
El economista y representante sindical Mario Devandas explicó que a pesar de que la salud es un derecho universal basado en un trabajo solidario, en el país se están desplegando servicios empresariales para transformarlo en negocio lucrativo.
Tanto dentro como fuera de la CCSS, alertó, hay intereses en dañar a la institución. Las dificultades empiezan en la parte financiera, porque no todas las personas cotizan, y el dinero que adeuda el Estado se paga devaluado, en bonos y con atrasos anuales.
De acuerdo con la legislación y por el principio de universalidad de los seguros, los gastos de quienes no pueden cotizar son asumidos por la administración pública.
El inconveniente surge en casos como el de las personas indigentes, para las que el Estado paga una cotización basado en registros de esa población que son erróneos.
“La Caja por acuerdos políticos le fija la cotización mínima, entonces el sistema se desequilibra”, indicó en una exposición durante una mesa sindical de mujeres efectuada el pasado 16 de junio en las instalaciones de la Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (UNDECA).
Otro problema es que no hay control sobre cierta parte de la ciudadanía suele cotizar pagando cuotas de seguros voluntarios, que cuestan cerca de ¢12.000. Así, con una inversión mínima, se asegura que se le pueda cubrir una incapacidad de meses que sale mucho más costosa.
Las consecuencias de que la deuda continúe pendiente y que crezca con el paso del tiempo se manifiestan en las insuficiencias en los EBAIS, las largas listas de espera para recibir tratamientos, las citas a más de un año plazo, falta de instalaciones, especialistas y equipos, desigualdad regional, mal clima organizacional y un aumento en la corrupción dentro y fuera del sistema.
Sobre el tema de la autonomía, resaltó que aunque la ley señala que el manejo de los seguros sociales será administrado de forma independiente, esta directriz no se cumple.
“No hay un buen ambiente de trabajo, los ascensos se dan por cercanías con las personas al mando, los nombramientos se hacen a dedo y no se resuelven los problemas”.
Igualmente, la campaña de desprestigio se incrementa. Una muestra de esto es la presión que ejercen las empresas farmacéuticas por el uso de medicamentos genéricos, a pesar de que pueden tener la misma calidad que los originales.
Devandas instó a proponer un proyecto de ley para eliminar la presidencia ejecutiva de la CCSS para mejorar las circunstancias actuales, así como presionar a las autoridades para que cobren efectivamente las deudas del sector público.
Por otra parte, Leda Méndez, del Comité Patriótico por la Salvación de la CCSS, concordó en que la búsqueda de la privatización de los servicios de salud es de los principales problemas en la actualidad. La persona asegurada recibe los efectos de todas las dificultades que se juntan. Como consecuencia, estos se ven obligados a “bajar de categoría” y calidad.
“No es que se va a desaparecer la Caja, sino reducirla; para que hasta el mismo asegurado en un estado de desesperación la destruya, para buscar otros caminos que ya están abiertos, aunque los hospitales privados son muy caros, pueden perfectamente coexistir. A la gente le meten miedo e ideas, para que le coja odio”, expresó.
En una carta dirigida a la Junta Directiva del organismo, se denuncia que entre los deudores de la CCSS hay varios del sector público, pero también hay otras compañías privadas que están morosas y para continuar con sus operaciones normales, se cambian su nombre, dejando pendiente el pago de ese dinero. Esos montos no pueden ser cobrados por la  negligencia de la división jurídica corporativa de la institución, cita la misiva.
En el documento se añadió que con la recolección de esas deudas se incrementarían a sobremanera sus finanzas, por lo que ya no habría motivo para argumentar que hay una falta de recursos para brindar medicamentos adecuados a los y las pacientes, ni que carecen del personal médico y equipo suficientes.
Méndez añadió que la medicina privada excluye ese  principio de solidaridad, pues se recibe un buen servicio a cambio de un pago, que es muy alto.
Luis Alberto Jaén, integrante del mismo comité, repudió el problema de las largas filas y listas de espera para que las personas sean atendidas. Tener que levantarse en la madrugada para acudir a un EBAIS es una “tortura”, aseveró.
Comentó que desde la década de los 70 el Estado se ha dedicado a perjudicar a la CCSS, acumulando las deudas que hasta la fecha no se cancelan y van en crecimiento.
Las penurias por las que tienen que pasar las personas enfermas se traslapa a los profesionales en salud, que muchas veces por sus condiciones de trabajo, extenuantes jornadas y falta de equipos para examinar a la población, terminan indisponiéndose.