Un exorbitado aumento de la “planilla paralela” en instituciones públicas y falta de voluntad del Gobierno para encarar de manera global el gasto y déficit fiscal, denunció el diputado Luis Fishman, presidente de la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa.
Fishman, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), dijo estar preocupado porque el Poder Ejecutivo no ha querido entrar a un análisis integral del gasto, no solo en el Gobierno central, que a su juicio es el “pariente pobre”, sino también en las instituciones descentralizadas, que “nadan en millones” y son el pariente rico. También fustigó el “doble discurso” del gobierno de, por un lado,  hablar de austeridad y hacer recortes en varios ministerios y, por otro, se informa de consultorías y otros gastos innecesarios.
Una crítica en el mismo sentido hizo Patricia Pérez, vicepresidenta de la Asamblea Legislativa y diputada del Movimiento Libertario,  quien fustigó gastos del Ministerio de Hacienda, por ser señales equivocadas en momentos en que se pretende que otras instituciones recorten gastos y que la Asamblea Legislativa apruebe un plan fiscal con nuevos impuestos (ver recuadro).
Durante cuatro años, entre 2006 y el 2010, los gastos de la “planilla paralela” de 268 entidades públicas descentralizadas llegaron ¢949.466 millones. La proyección solo para el 2011 es de ¢433.492 millones (53% de aumento), según un estudio realizado en la oficina de Fishman, con base en datos del Sistema Integrado de Presupuestos Públicos (SIPP) de la Contraloría General de la República (CGR).
 
Este es el monto presupuestado para el año; lo que efectivamente se gaste dependerá de nivel de ejecución que le den las autoridades a este rubro.
Se entiende por «planilla paralela» las subpartidas mediante las cuales las instituciones del Estado Costarricense hacen compras por la vía de contratación administrativa, para la prestación de servicios administrativos, técnicos y profesionales, donde se incluyen las consultorías y asesorías.
Se trata, entre otras, de erogaciones por concepto de servicios profesionales y técnicos para realizar trabajos en el campo de la salud, abogacía, notariado, ingeniería, contaduría, finanzas y servicios informáticos. Asimismo, la contratación de personas físicas o jurídicas para que realicen trabajos específicos de apoyo a las actividades de la institución, entre ellos servicios tales como vigilancia, aseo y otros.
Entre el 2006 y el 2010 (administración Arias Sánchez) estos gastos tuvieron un incremento de 238%. Veinte instituciones ejecutaron el 80% del presupuesto de planilla paralela en el período de cuatro años, por un total de ¢758.704 millones, entre ellas la Caja Costarricense de Seguro Social (con ¢195.756 millones), el Instituto Costarricense de Electricidad (¢147.145 millones), el Instituto Nacional de Aprendizaje (¢52.145 millones), Radiográfica Costarricense (¢42.287 millones), Universidad de Costa Rica (¢37.387 millones) y el Consejo Nacional de Vialidad (¢37.339 millones).
Otras 55 instituciones ejecutaron solo el 15% del presupuesto en este rubro, por un total de ¢143.003 millones y 193 ejecutaron el 5% por un total de ¢47.758 millones.
Analistas señalan que esta creciente planilla, paralela a los gastos ordinarios y el personal de planta, se da en instituciones clave del Estado que debían estar fortaleciendo su patrimonio desde el punto de vista tecnológico y de recursos humanos.
Por el contrario, son entidades que se están desmantelando y recurriendo a la contratación, lo que implica la compra de servicios con un sobrecosto, porque el asesor o consultor es más caro que el funcionario de planta. Ello no obstante que cuando se implantaron los programas de ajuste en los años 90 se decía que con la reducción del Estado y el recorte de personal habría mayor eficiencia y se reduciría el gasto.
La CCSS es uno de los casos críticos, con un presupuesto ejecutado por este concepto de ¢195.000 millones durante el gobierno anterior, donde parte importante del gasto es la compra de servicios médicos privados, como las resonancias magnéticas, mientras que la compra al contado de un equipo a la institución le costaría ¢1.500 millones.
DOS ESTADOS
Fishman apuntó que la presidenta Chinchilla y su equipo económico han argumentado que los ministerios y entidades del Gobierno central apenas si pueden subsistir y cumplir con las obligaciones elementales, por la carencia de presupuesto. No obstante, es ahí donde la mandataria acude para recoger escuálidos recursos que ni pellizcos le provocarán  al déficit, mientras las instituciones descentralizadas nadan en millones.
Como gran cosa, Chinchilla dijo que se van a economizar ¢50.000 millones en el Gobierno central, pero eso son economías del “familiar pobre”, cuando a lo que hay que meterla la mano es a las instituciones descentralizadas, que están haciendo un uso de recursos irresponsable.
Se estruja al pariente pobre, mientras al millonario se le deja que gaste a manos llenas, mientras que el Ministerio de Educación salió sensiblemente lesionado con un recorte de ¢12.559.6 millones, lo que es más de la cuarta parte del total, indicó.
“Desde hace seis meses señalamos donde está el festín, y que había que ir a analizar en cada institución cómo hacemos para eliminar los gastos innecesarios en viajes, recepciones, alimentos, bebidas, guaro, en todo”, afirmó el legislador socialcristiano.
El problema, apuntó, es que “hay dos Estados” y la Asamblea Legislativa solo controla el 32% del gasto, el del gobierno central, mientras que las instituciones descentralizadas tienen el resto y hacen lo que quieren. “Eso fue parte de lo que le planteamos hace seis meses (a la Presidenta), teníamos que hacer unos comités -que vamos a tratar de que se hagan- para que jurídicamente determinemos cómo podemos poner en cintura a algunas instituciones”.
“Estamos muy preocupados porque no hemos sentido todavía una voluntad política del Gobierno de entrarle a fondo al asunto. Y si no entramos a hacer una cirugía de fondo, no va a haber impuestos, eso tiene que tenerlo claro el Gobierno. No vamos a ser tan charlatanes como para decirles a los costarricenses que paguen para que siga la fiesta en que hemos estado por años”, recalcó Fishman, en la víspera de una reunión que sostuvo el viernes de la semana pasada con el Ministro de Hacienda para hablar del tema.
La comisión de Asuntos Hacendarios está a la espera de que Hacienda envíe un nuevo proyecto de plan fiscal, que incluiría, entre otras medidas, elevar el impuesto al valor agregado de 13 a 14%. El Gobierno ha insistido en la urgencia de aprobar el plan fiscal a fin de hacer frente al déficit, cifrado en cerca del 5% del Producto Interno Bruto (aproximadamente un millón de millones de colones).
Fishman propuso hace meses utilizar los superávits de las instituciones públicas para reducir el déficit fiscal y evitar la creación de nuevos impuestos. En esa oportunidad señaló que los superávits sumaban más de ¢500.000 millones, cifra equivalente a la que el Gobierno esperaba recaudar al año con la reforma fiscal que envió al Congreso (y que finalmente retiró por falta de apoyo).
Dichos superávits tienen su origen en los ingresos de las instituciones que superaron los gastos en el período. En el 2010 el mayor fue el del Instituto Nacional de Seguros por ¢499.000 millones, seguido por la CCSS, ¢146.000 millones, según un análisis de presupuestos de la CGR.
El Ministerio de  Hacienda estimó en esa oportunidad que en su  mayoría esos superávits no se pueden usar porque tienen otros destinos. No obstante, el diputado tachó de superficial el análisis y lo consideró insuficiente para determinar si se podían usar o no. Por ello propuso al Gobierno hacer estudios técnicos y sobre esos recursos y conformar grupos de trabajo para analizar los temas fiscales.
 

Están jugando de casita
 
La diputada Patricia Pérez dijo que por un lado el Poder Ejecutivo anuncia políticas de austeridad y por otro el mismo Ministro de Hacienda da señales equivocadas.
Denunció la decisión del Ministro de crear en esa cartera cuatro viceministerios, uno precisamente para reforma fiscal. Al mismo tiempo contrató a una empresa por ¢42 millones simplemente para hacer un boletín informativo de que los que están haciendo los diputados en la comisión de Asuntos Económicos y en Hacendarios, señaló la legisladora, en alusión a la contratación de una consultoría a una empresa del exdiputado liberacionista Alex Sibaja.
Recordó que en diciembre pasado salió la noticia de que el Ministro había empleado ¢85 millones en el arreglo de su oficina, y entonces si se junta estos hechos, de alguna manera no se vale pedir recortes en otras instituciones.
Dijo que a algunos les puede parecer que estas son cosas secundarias, pero es importante la señal que da el Poder Ejecutivo para poder encontrar resonancia en la Asamblea Legislativa para tramitar el nuevo plan fiscal que va a enviar a discusión.
Dijo que si bien las instituciones hicieron su aporte con algunos recortes de presupuesto, ojalá sea un recorte inteligente y no una pose, y no se afecte el accionar y los programas de las instituciones.
Tampoco se debe engañar a los costarricenses acerca de dónde viene ese recorte, porque, por ejemplo, unas de las cuentas más grandes es por el servicio de la deuda, y no es resultado de un esfuerzo del gobierno, sino que simplemente la tasa de interés bajó a 7,75%, en vez de la tasa de 11,70%  presentada cuando se hizo el presupuesto.
Esos ¢9.000 millones de ahorro son simplemente de una previsión financiera que ya no se va a cumplir.
Por otro lado señaló, a propósito del anuncio del Gobierno, que se ha hecho un recorte de ¢50.000 millones en el gasto de las instituciones, que las pérdidas del Banco Central en tres o cuatro meses han sido también de ¢50.000 millones, y que casualmente sería una suma igual a la que se recaudaría con la ley del impuesto a las personas jurídicas que discute actualmente la Asamblea Legislativa.
Por eso, en el Poder Legislativo sienten que están “jugando de casita, porque los grandes números no caben en el proyecto de ley que vamos a discutir los diputados; los grandes números en este caso provienen de una política cambiaria y monetaria que todavía no termina de definirse, incluso después de las recomendaciones que hizo al respecto el Fondo Monetario Internacional”, cuestionó Pérez.
“Queremos hacerle un llamado al Poder Ejecutivo. Esta Asamblea Legislativa está en la disposición de hacer los análisis correspondientes pero también necesitamos señales más claras de que el Ejecutivo lo está haciendo”, dijo la diputada.