Denuncian que no se les consultó sobre la posibilidad de hacer cambios sobre derechos de propiedad intelectual, mientras que abogado de la CANARA sí participó en las discusiones.
Músicos agrupados en la Asociación de Intérpretes y Ejecutantes Musicales (AIE Costa Rica) denunciaron que sin consultarles, el gobierno de Óscar Arias introdujo reservas a tratados internacionales sobre la propiedad intelectual, que afectarían el cobro por la difusión radial de la música, lo cual forma parte de los derechos conexos de los intérpretes musicales y productores fonográficos.
El epicentro de esa denuncia es un oficio del 4 de agosto del 2009, en el cual la entonces ministra de Justicia, Viviana Martín, le solicitó al ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Stagno, que notificara a los organismos pertinentes sobre reservas que el gobierno de Costa Rica pretendía realizar en la “Convención Internacional para la Protección de Artistas Intérpretes o Ejecutantes, los productores de Fonogramas y los Organismos de Radiodifusión”, conocida como Convención de Roma, y en el Tratado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual sobre la Interpretación o Ejecución de Fonogramas (WPPT, por sus siglas en inglés).
La reserva es un acto político previsto en los tratados, mediante el cual un Estado informa que no aplicará una parte de lo pactado y constituye el primer paso para introducir legislación diferente a la estipulada. Martín en ese documento aseveró que “estas dos declaratorias que realiza Costa Rica son producto de un largo periodo de reflexión y negociación con los diferentes actores atinentes al tema”.
 
Esa afirmación ha encendido la mecha de la discordia, pues “es falsa y la desmentimos categóricamente”, manifestó Esteban Monge, cantautor y vicepresidente de AIE Costa Rica, quien además informó que esa organización valora si “esa falsedad” podría -desde el punto de vista jurídico- “traerse abajo el acto”.
De hecho, desde noviembre del año pasado varios músicos presentaron una denuncia ante la Defensoría de los Habitantes, en la cual se afirma que esa aseveración “no es cierta”, pues “ni la Asociación de Autores y Compositores Musicales (ACAM), ni AIE Costa Rica, ni la Asociación Costarricense de la Industria Fonográfica  (FONOTICA) han sido consultadas sobre este tema”.
Al respecto, la actual diputada Viviana Martín recordó que todo sucedió en el contexto de un conflicto entre la Cámara Nacional de Radio (CANARA) y representantes de titulares de propiedad intelectual, el cual “escaló hasta el punto que el Estado tuvo que intervenir y se conformó un grupo de trabajo del sector público”, que mantuvo reuniones con los sectores.
Aunque dijo que casi dos años después no puede precisar con quién específicamente se reunió, indicó que “se decidió realizar reservas a dichos Tratados con el fin que de que, tratándose de radiodifusión tradicional gratuita por el aire no interactiva, sea aplicada la legislación costarricense, cuyos efectos se dieron ya estando yo fuera del Ministerio”.
El argumento esgrimido muchas veces por CANARA es que, en vista de que el público no paga por recibir la señal de las emisoras, no corresponde entonces tramitar el pago de derechos conexos.
Martín enfatizó que las reservas que Costa Rica realizó a la Convención de Roma y al Tratado WPPT “no modificaron el derecho sustantivo de los artistas intérpretes, ejecutantes y productores de fonogramas”.
En contraposición, Monge puntualizó que “el gobierno de Óscar Arias desmejoró la protección de una serie de derechos de los músicos”, lo cual incluye tanto a intérpretes y autores, como a los productores fonográficos. “En algunos casos una sola persona reúne las tres condiciones; es la realidad de nuestro medio”, acotó.
El compositor, quien además es abogado, explicó que la decisión política de presentar reservas a tratados internacionales sobre propiedad intelectual, es el primer paso para modificar la legislación interna, lo cual se materializó cuando el Poder Ejecutivo presentó un proyecto para modificar la Ley sobre Derechos de Autor y Derechos Conexos, el cual está en estudio en una comisión legislativa y pretende eximir del pago de derechos “a la radiofusión tradicional gratuita por el aire no interactiva de fonogramas”.
Sin embargo, el expresidente Arias fue más allá y pocos días antes de dejar el poder firmó un decreto presidencial -el No. 36014-MP-COMEX-J-, mediante el cual realizó modificaciones al reglamento de la citada ley, y con ello “se eximió a los radiodifusores del pago de derechos”, según documentos de la AIE.
CONSULTAS
Los derechos conexos son paralelos a los de autor y abarca no solo el derecho de quien compone una obra, sino a los ejecutantes, los productores de los discos y a las emisoras de radio; es decir, tienen que ver con todo el trabajo de difusión de una obra en particular.
Denis Solera, director ejecutivo de la AIE Costa Rica, expresó respecto de las reservas que “es evidente que hubo un favorecimiento hacia un sector, en detrimento de los titulares de los derechos: los artistas y los productores fonográficos”, ya que “no solo modificaron sin ningún criterio técnico tratados internacionales, sino que a nuestro sector se le excluyó de toda posibilidad de dar su posición”.
Informó además que cuando la AIE logró tener la copia del expediente sobre todos esos trámites en el Ministerio de Justicia, “nos percatamos de que el abogado de CANARA estuvo asesorando y redactando las reservas a los tratados, un proyecto de ley presentado por la administración Arias y el decreto presidencial”.
En ese expediente consta un amplio intercambio de correos electrónicos entre el procurador general adjunto, Randall Salazar, Viviana Martín y el abogado Rigoberto Urbina, entre otros funcionarios.
Al respecto, Salazar en primer lugar indicó que “mis actuaciones en el tema de propiedad intelectual nunca han sido en carácter de Procurador o con relación a la Procuraduría General de la República”, sino en calidad de miembro de la junta administrativa del Registro Nacional.
Por escrito, Salazar expresó que nunca pidió criterio ni asesoría a Rigoberto Urbina, quien “actuaba como abogado o vocero de CANARA en un conflicto con el Poder Ejecutivo”.
Salazar añadió que el hecho de que los correos electrónicos fueran emitidos desde su cuenta electrónica de la Procuraduría, “no implica que la gestión o respuesta sea oficial de la Procuraduría”.
Por otra parte, el ministro de Justicia, Hernando París alegó que todo sucedió antes de ocupar el puesto de jerarca y en consecuencia, “no tengo conocimiento personal de las circunstancias que mediaron para realizar tales reservas”.
Mientras tanto, Urbina confirmó que aún se desempeña como abogado de CANARA y que no fue consultado por los funcionarios  estatales, sino que “se me informó sobre el resultado de los planteamientos técnicos” que realizó al grupo de trabajo gubernamental.
Tras apuntar que “quien acudió al Ministerio de Justicia, provocando la creación de ese grupo de trabajo fue FONOTICA”, indicó que “la señora Ministra recibió en su Despacho a todos los interesados, FONOTICA, AIE, la Asociación de Restaurantes y Afines, ACAM, las televisoras nacionales y por supuesto a CANARA”.
Enfatizó que “no brindé ningún tipo de asesoría a funcionarios de gobierno, ni se produjo modificación de ninguna naturaleza a la legislación nacional sobre derechos de autor y derechos conexos”.
El abogado adujo que las reservas “en nada” modificaron la legislación nacional en materia de derechos de autor y derechos conexos; “por el contrario, reafirmaron que es la legislación costarricense, y no la que se quiera imponer desde otras latitudes, la que regula aquella materia. Esas reservas fueron previamente hechas por gran parte de las naciones desarrolladas del mundo y no significan desmejora de ninguna naturaleza a los derechos intelectuales”.
Monge calificó las acciones del gobierno de Arias como “sumamente desestimulantes y preocupantes” y añadió que “la señal que nos envían es que nunca creceremos como sector o incluso industria, pues esto no atañe sólo a la música, sino a las artes en general y evidencia un modelo de país excluyente”.