La producción costarricense de arroz alcanzará su mayor cosecha de los últimos 10 años, en medio de las polémicas entre productores y Gobierno, por el futuro del sistema de fijación de precios que tiene este grano en el país.
Aunque a primera vista parece una buena noticia que la producción nacional pueda suplir el 81% del consumo interno de este producto básico, el presidente de la Asamblea Nacional de Productores de Arroz, Óscar Campos, advierte de serios problemas en los próximos meses, ante la falta de instalaciones para pilar y secar el grano.
Campos aseguró que los productores no están defendiendo el sistema de fijación de precios, ni los intereses de los grandes industriales del arroz, pero sí piden al Gobierno una fórmula que no atente contra los pequeños agricultores.
Para el periodo 2010-2011 se sembraron un total de 81.100 hectáreas de arroz a cargo de 1.482 productores, de los cuales 1.118 pequeños sembraron 17.900 hectáreas; los 223 medianos sembraron 21.200 hectáreas y 72 grandes productores se hicieron cargo de 42.000 hectáreas.
 
Óscar Campos aseguró que estos números se dan en cumplimiento del Plan Nacional de Alimentos que estableció la administración de Óscar Arias en el año 2008, en el que se pedía un incremento de la producción de arroz que cubriera al menos el 80% del consumo nacional.
Este incremento en el área sembrada de casi 25.000 hectáreas en los últimos tres años, traerá consigo la mayor cosecha de la última década, la cual se estima en 282.000 toneladas métricas, 32.000 toneladas más que el año anterior.
Sin embargo, Campos aseguró que lo que para los productores es una “bendición”, no lo es para los ministerios de Comercio Exterior y Agricultura, pues afirma que sus jerarcas están empeñadas en hacer desaparecer la producción nacional de arroz.
Actualmente, Costa Rica recibe cuestionamientos de Estados Unidos y otros países en el seno de la Organización Mundial del Comercio (OMC), al considerar que la fijación de precios del arroz es un “subsidio” para el productor costarricense, y desde el 2007 el país ha venido excediendo el monto fijado para subsidios en esa organización (Ver recuadro).
Para Campos, estas acusaciones son infundadas y tienen como único objetivo acabar con el último de los productos que ha podido mantenerse de la mano de la fijación de precios por parte del Estado.
“Ya lo hicieron con los frijoleros, con los maiceros y los paperos. El producto que les falta desmantelar y someter a la desgravación es el arroz; esto con la complacencia de la ministra de Agricultura”, lamentó.
IGUAL QUE CON LOS FRIJOLEROS
El dirigente señaló que la intención del Gobierno al “autorreportarse” como infractor ante la OMC, es eliminar de golpe el sistema de fijación de precios, que llevaría a la desaparición inmediata de los pequeños productores.
Campos reconoció que con el sistema actual, los grandes arroceros son los más beneficiados, dado que tienen la mayor parte de las áreas sembradas y por ende sus cosechas son mayores, por lo que recalcó que su interés no es defender a este grupo que “puede defenderse solo”.
Detalló que los productores han realizado una propuesta para que se haga  una transición de la fijación de precio a un sistema de “cuotas y extracuotas”, con el cual se paga el precio fijado al productor solo por un máximo de hectáreas sembradas.
“Se le paga la cuota solo a las primeras 100 hectáreas sembradas. Allá el que quiera sembrar 12.000 hectáreas; solo va a tener las 100 primeras en cuota y el restante arroz va a tener que venderlo al precio internacional”, explicó Campos.
El futuro del sistema de fijación de precio está ahora en manos del Tribunal Contencioso Administrativo, el cual podría tardar al menos 10 meses en tomar una decisión definitiva.
“La fijación es un instrumento que el Gobierno lo puede empezar a cambiar, pero no lo quiere cambiar; lo quiere eliminar”, afirmó.
Para Campos, si se quita de golpe el sistema de fijación de precios, la situación de los pequeños productores de arroz será “peor” que la de los frioleros, en vista de que el arroz es el producto de mayor demanda internacional.
“Lo que se vende en el mundo es arroz de excedente. Estados Unidos tiene costos de producción altísimos, pero ellos sí subsidian, y hacen el arroz regalado. Aquí nuestros representantes en la OMC en lugar de defendernos, van y nos acusan de una vez”, reprochó.
Asimismo, anunció que en los meses de setiembre y octubre se verán los problemas con la cosecha, por no contarse con las instalaciones suficientes para almacenar y procesar el grano, y no haber hecho el Gobierno lo propio para habilitar las plantas que tenía el Consejo Nacional de la Producción (CNP).
“Al Gobierno le va a llover arroz. Vamos a tener que comprar el arroz que se ponga malo a mitad de precio e ir a tirarlo a Casa Presidencial, para que el país se dé cuenta de lo que está pasando con este Gobierno”, apuntó.
 

 
“Uno no se siente seguro ni con arroz ni con frijol”

Mario Jarquín es productor de frijol y arroz de Upala desde hace 10 años, y es afiliado a la cooperativa Coopeagropueblo.
Para este agricultor, la situación actual de ambos cultivos no le permite sentirse confiado con ninguno: el frijol, por los problemas de comercialización que ya se conocen, mientras que con el arroz, la dificultad radica en que los grandes industriales le reciban el producto.
“Para nosotros los pequeños siempre hay complicación, porque los industriales tienen alianzas o producen ellos mismos; por eso tenemos que andar “enamorándolos”, haciendo grupos de gente para que nos reciban a todos el arroz”, comentó.
Según Jarquín, la desgracia del frijol se inició hace ya varios años, cuando el Consejo Nacional de la Producción (CNP) dejó de fijar el precio del producto y lo dejó por la libre, abriendo de par en par las puertas a la importación.
“El CNP era el comprador oficial, entonces no había nadie que manipulara el precio, los industriales se limitaban a la cuota que el Estado les daba; pero, en el momento en que liberaron el precio empezaron a hacer fiesta”, recordó.
Jarquín considera que si la fijación de precio del arroz ha sobrevivido hasta hoy, es porque entre los arroceros aún se cuenta con grandes industriales que tienen influencia, a diferencia del frijol, donde la enorme mayoría son pequeños productores.
“Hay una competencia desleal para nosotros los productores. Nos cobran todos los impuestos y los insumos agrícolas son más caros que en el resto de Centroamérica; mientras que en Nicaragua y China pagan salarios muy bajos”, argumentó.

 
EE.UU. presiona en OMC por “subsidios”
El gráfico muestra cómo el país ha venido excediendo el límite de subsidios permitido por la OMC desde el 2007, al tiempo que el precio local del arroz también ha venido en incremento. (Gráfico: COMEX)
El pasado 23 de junio, el Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) informó de nuevas  presiones por parte de un grupo de países liderados por Estados Unidos en el seno de la Organizació

n Mundial del Comercio (OMC), los cuales reclaman que Costa Rica excedió el límite de $15.9 millones al año en “subsidios distorsionantes” a la agricultura.
El cuestionamiento se inició en el 2009, luego de que se informara que desde el 2007 Costa Rica viene excediendo el límite establecido, pues la OMC considera que la  fijación de precio


s en el arroz representa un subsidio, el cual se calcula con la diferencia de un precio de referencia ($223) y el precio en el mercado local.
Para apaciguar los cuestionamien

tos, la representación costarricense presentó los lineamientos de la nueva política nacional arrocera anu

nciada al país por las ministras de Agricultura y Ganadería, Economía Industria y Comercio, y Comercio Exterior,  desde el pasado mes de marzo.
“Sin embargo, Costa Rica recibió duras críticas de parte de diferentes países que le exigieron acciones concretas y una respuesta clara sobre la fecha en la que se pondrá en vigor la nueva política arrocera, que elimina los precios de referencia y por lo tanto elimina  las violaciones a las reglas de la OMC”, informó COMEX mediante un comunicado.
Según reportó el COMEX a la OMC, durante el 2010 el “subsidio” al arroz representó un monto anual de $109 millones.