El exministro de vivienda, Helio Fallas, cuestionó la viabilidad de una reforma a la ley del Sistema financiero nacional para la vivienda, la cual incluye a la clase media como beneficiaria para acceder a un bono familiar, pues considera que los recursos son insuficientes para dar cobertura a los sectores más pobres y a estos nuevos estratos.
Si bien es cierto la clase media en el país tiene dificultades para acceder a vivienda propia, Fallas señaló que los recursos con que cuenta el Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI) deben atender prioritariamente a la gente de menores ingresos.
“Los recursos no alcanzan para atender el déficit habitacional de la población de distintos tipos de ingresos; claro, es una decisión política definir hacia dónde orientar los recursos, pero si no alcanza ni siquiera para cubrir a los pobres, mucho menos para incluir a la clase media”, detalló el experto.
El BANHVI cuenta con dos grandes programas para vivienda y uno de ellos es el Fondo de Subsidio de la Vivienda (FOSUVI), el cual brinda subsidios para dotar de vivienda a las familias, a través de entidades autorizadas. Se alimenta de dineros del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF), el cual a su vez se sostiene con recursos de impuesto de ventas e impuesto al salario y patrones.
 
La ley del Sistema financiero nacional para la vivienda, establece que el 40% de los recursos del FOSUVI debe destinarse a familias en extrema pobreza, a través del su artículo 59.
En el pasado, el fondo cubría a familias ubicadas en los estratos del 1 al 4 y con una reforma de ley se incluyeron a los estratos 5 y 6. La escala de estratos está definida por la cantidad de salarios mínimos de un obrero de construcción (¢192.000) que reciben las familias.
“Resulta que una persona que se ubica en el estrato mayor de beneficiados, recibe cerca de un millón de colones; ahora, me pregunto si una persona con estos ingresos debería recibir recursos del FODESAF, es decir, dineros que están orientados a los menos favorecidos”, se preguntó Fallas.
En este sentido, la ministra de Vivienda, Irene Campos, explicó que la ley fue modificada en diciembre pasado, para dar subsidio a una población objetivo más amplia, pues durante los últimos 25 años solo se podían atender familias con ingresos cercanos a los ¢780.000 (estrato 4).
“Esta ley establece que el FOSUVI tiene que destinar hasta un 40% del presupuesto a extrema pobreza, lo cual se mantiene y el resto del dinero se debe distribuir entre las familias que tienen derecho (del estrato 1 al 6).  El monto del subsidio es inversamente proporcional a su ingreso, por lo que aquellas familias que estén en el estrato 6 tendrán un menor subsidio que las que estén ubicadas en el estrato 1”, detalló Campos.
Según la jerarca, esto significa que el Estado mantiene su compromiso de atender de forma prioritaria, con el 40% del presupuesto, a las familias que más lo necesitan y aquellas con mayor nivel deberán complementarse con un crédito.
Campos hizo énfasis en que con la modificación a la ley no se recortó el presupuesto para las familias en extrema pobreza, sino que los nuevos presupuestos para subvencionar a la clase media deberán tomarse de nuevos impuestos.
“El acceso para la clase media deberá, necesariamente, fundamentarse en un crédito, pues el subsidio, si bien es cierto es una ayuda, no permite completar el valor de la vivienda.  Los bancos públicos y privados brindan en estos momentos líneas de préstamos muy atractivas”, dijo la ministra.
GÉNESIS DEL CAMBIO
La iniciativa que modificó la ley en materia de bonos de vivienda, fue impulsada por la diputada Patricia Pérez -del Movimiento Libertario-, quien explicó que su bancada ha desarrollado mayores oportunidades para la clase media.
“Impulsamos el bono diferido para la clase media, el cual permite combinar los recursos, pues incentiva a las personas a adquirir un crédito en las entidades del sistema financiero y le otorga un bono que le servirá para pagar una parte de la mensualidad durante unos tres años”, manifestó Pérez.
La diputada libertaria declaró que su esfuerzo está orientado a “multiplicar los panes”, ya que el BANHVI tiene limitaciones presupuestarias; incluso evidenció que el gobierno tiene años de no darle el presupuesto completo. “La ley dice que se le debe trasladar el 3% y solamente recibe el 0,5%”, acotó.
Pérez argumentó que esta iniciativa facilita a las personas que se ubican en el estrato 4, 5 y 6 comprar vivienda propia; el bono no cubre el costo total de la casa, sino que es un apoyo para que se ayude en esos primeros años tan difíciles.
A su parecer, este será un mecanismo que permita distribuir el dinero entre más personas, para que puedan pagar una mensualidad; como lo definió, “es un pequeño empujón que damos a los hogares, porque quienes hemos pagado una casa sabemos que al principio es duro, pero no se trata de un sistema de asistencia social de por vida, sino que da un apoyo”.
La diputada explicó que también aprobaron la iniciativa del bono de segundo piso para familias que tienen problemas de hacinamiento; esto quiere decir que personas que ya tengan casa, pueden ser sujetos de bono para ampliar su hogar.
Por su parte, el diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC), Víctor Hernández, comentó que la ley del bono diferido va en contra de lo que establece la Ley Constitutiva del BANHVI, pues esta indica que la entidad debe apoyar a los estratos de asistencia del Estado.
Hernández considera que los dos proyectos que se impulsaron son como usar una misma cobija para cubrir a los de abajo y a los de arriba, de manera que alguno se va a quedar sin protección, pues desafortunadamente no hay recursos.
NO HAY RECURSOS
A pesar de que la modificación a la ley establece que se deben brindar bonos a la clase media, a estas alturas del año ya no hay recursos, ni para los estratos más bajos, ni para los medios.
De acuerdo con Manuel Párrago, gerente del BANHVI, esto no es nuevo, dado que el presupuesto del FOSUVI siempre se ejecuta de manera temprana, “pues cuando el precio es cero, la demanda es infinita”.
En vista de que la demanda de estos recursos es enorme, excede la capacidad del Estado y desde enero de cada año el presupuesto se compromete, y por este motivo la clase media no tendrá bonos hasta el 2012.
“Antes llegábamos a familias con ingresos de hasta ¢780.000; de hecho la concentración que tenemos en el estrato 1 (el nivel menos favorecido) es enorme; para los estratos tres y cuatro, históricamente no hemos tenido una gran demanda.  Ahora tenemos nuevos segmentos que cubrir, pero con el mismo dinero”, explicó Párraga.
Tradicionalmente la entidad brinda entre 9.000 y 10.000 bonos por año, pero como la modificación a la ley se emitió hace dos meses, la clase media no tendrá este apoyo hasta el próximo período.
“El banco cumplirá con lo que le dicta la ley, pero claro que nos estamos cuestionando si la ley está desactualizada; es necesario rescatar que este cambio no implica que dejemos sin recursos a la gente en extrema pobreza”.
A modo de ejemplo, señaló el gerente, solamente en el 2010 un 73.5% de los bonos fue  destinado al estrato 1, un 22.7% al nivel 2, el 3.1% al estrato 3, y 0.6% al estrato 4.
Párraga estima que darán menos bonos por el 100% del valor de la casa, para repartir los recursos entre más personas, ya que es hora de hacer un cambio e incentivar a las personas a aportar -en la medida de sus posibilidades- una parte, para obtener su vivienda.