Costa Rica a pesar de ser un país democrático y de derecho acarrea grandes deudas en el cumplimiento de sus obligaciones jurídicas Estatales para asegurar la vivencia de los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos (DSDR) en particular los de las mujeres.
Reconocemos la realización de un importante esfuerzo en este año como lo es la oficialización de la Política Nacional de Sexualidad 2010–2021 por parte del Ministerio de Salud (MINSA); no obstante, desde una ciudadanía activa, consideramos imprescindible la reflexión acerca de la implementación de dicha Política siendo Costa Rica un Estado Confesional, tal como lo dice la Constitución Política en su artículo 75.
DERECHOS HUMANOS: La implementación de esta Política como la de cualquier otro plan para la Educación Sexual, debe regirse por el marco internacional y nacional de los Derechos Humanos (DDHH), y por lo que en dicha materia tenga que atender especialmente a lo referente a los DSDR. Nuestro Estado debe ser congruente con la imagen internacional que el Gobierno pretende dar como país respetuoso de los DDHH, lo cual incluso le ha permitido gozar de nombramientos como el más reciente en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.  No se puede ser “candil de la calle y oscuridad en la casa”.
ESTADO CONFESIONAL Y PAPEL DE LA JERARQUÍA CATÓLICA, APOSTÓLICA Y ROMANA: Las jerarquías de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana han interferido en la elaboración e implementación de políticas públicas, tratando de imponer una moral particular a una ciudadanía que es diversa y plural, lo que es un irrespeto a los Derechos Humanos. La visión religiosa no puede ser impuesta por encima de la norma del marco jurídico sobre DDHH.
EDUCACIÓN EN UN ESTADO DE DERECHO: Las encuestas apuntan a que la mayoría de la población comulga con las creencias cristianas, las cuales se expresan en diversidad de denominaciones eclesiales, por ende, con diversidad de propuestas teológicas.  En Costa Rica la mayoría de feligreses provienen de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, pero también hay feligresía de las iglesias Protestantes Históricas, Pentecostales, Neopentecostales, entre otras. Por lo tanto, la diversidad en la nación costarricense demanda una educación igualitaria y equitativa en materia de DDHH.
El Estado Costarricense, sin importar que sea confesional o laico, tiene el deber de promover, respetar y proteger los Derechos Humanos de la ciudadanía diversa y plural costarricense. Esto implica una educación formal e informal promoviendo la ciudadanía activa, incluyendo la Política Nacional de Sexualidad y los Planes Educativos existentes y por venir.