Agricultores de diversas comunidades del Caribe sur fronterizas con Panamá manifestaron su indignación y rechazo ante una iniciativa del Instituto de Desarrollo Agrario (IDA), que pretende sustituir las escrituras otorgadas sobre la propiedad de sus terrenos, por contratos de arrendamiento.
“En noviembre y febrero el presidente ejecutivo del IDA vino a Paraíso de Sixaola y dijo que las escrituras que tenemos otorgadas por el mismo IDA, ya no son válidas y que sólo los arriendos tendrán validez. Solicitó que la gente trajera las escrituras para anularlas y firmar los contratos de arrendamiento”, explicó Wilberth Gómez, miembro del “Frente de Lucha en Defensa del Territorio”  que se conformó en la zona para atender el problema.
Según el dirigente campesino, el origen del problema radica en que la Contraloría General de la República determinó que el IDA “había otorgado mal las escrituras a la luz de la Ley de Colonización y Tierras de la Franja Fronteriza, de 1961, que establece que los territorios a una  margen de dos kilómetros de las fronteras son inalienables”.
“Nos dejan en un laberinto de legalidades que no tenemos capacidad de resolver; quedamos casi sin posibilidades de hacer frente a la situación desde un punto de vista legal”, se quejó.
 
UNIVERSIDAD visitó la zona durante una gira coordinada con el programa Kioscos Ambientales de la Vicerrectoría de Acción Social (VAS) de la UCR, el cual desarrolla allí proyectos relacionados con el rescate de la identidad cultural e histórica de las comunidades.
Un pronunciamiento divulgado por ese Frente manifiesta indignación ante el IDA, “por sus chantajes, amenazas y burlas, ya que somos las y los pequeños productores los que nos vemos acosados por esta institución y no las grandes compañías bananeras de la zona”.
De acuerdo con el documento, esos “chantajes” radican en que “a los campesinos que se han negado a firmar un arriendo no se les darán más ayudas”; las “amenazas” consisten en que además “les dicen que le pueden entregar su parcela a otra persona”, y consideran como una “burla” el hecho de que “teniendo escrituras con una antigüedad de más de quince años, hoy se nos viene a decir que estas escrituras no valen”.
Además, los campesinos ya presentaron una denuncia ante la Defensoría de los Habitantes, en la cual entre otras cosas destacan que “tenemos más de 30 años de trabajar las fincas y 15 años de tener escrituras giradas por el mismo IDA”.
Sobre el tema, Rolando González -presidente ejecutivo del IDA- afirmó que no es cierto que busque eliminar las escrituras debidamente otorgadas; “pero hay otras que están en discusión, pues fueron otorgadas legalmente dentro de la franja inalienable, donde no se puede titular, y otras dentro del patrimonio natural del Estado”.
Según explicó, la Contraloría General de la República determinó que no había fundamento legal para mantener el marco jurídico que se usó para otorgar esas escrituras y que por ello esa tenencia de tierra “es insostenible”.
Indicó que para el IDA es prioritaria la alternativa de un nuevo marco legal, “y en su defecto se plantea la sustitución por contratos de arrendamiento, como se explicó al campesinado en varias visitas”.
“La posición del IDA ha sido unívoca; al día de hoy no se ha intervenido en perjuicio de los campesinos; consideramos que esta situación es una evidente injusticia”, reconoció.
Sobre las acusaciones lanzadas por el Frente de Lucha en Defensa del Territorio, sobre los chantajes y demás, alegó que se ha dado un problema de comunicación, pues la posibilidad de cambiar al arrendamiento “sí da certeza jurídica en este momento”.
Por otro lado, mostró preocupación también por “la presión que recae sobre los funcionarios del IDA, en el sentido de qué les ocurre si incumplen el mandato de la Contraloría; tenemos a campesinos y funcionarios en medio de una norma insuficiente”.
DEFENSA DE LOS DERECHOS
El pronunciamiento del Frente de Lucha en Defensa del Territorio especifica que la iniciativa del IDA afecta las comunidades de  Paraíso, Celia, Ania, Sixaola, Catarina, Olivia, San Rafael 1 y 2 y Margarita, todas fronterizas con Panamá y dedicadas principalmente a la producción de plátano para la exportación.
Se trata de comunidades que pertenecen al cantón limonense de Talamanca, que cuenta con uno de los índices de desarrollo humano más bajos del país, según el Atlas de Desarrollo Humano Cantonal de Costa Rica publicado en el 2007 por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Según datos del Proyecto Estado de la Nación, la Región Huetar Atlántica -a la cual pertenece este cantón fronterizo- tiene mayor pobreza y menor escolaridad que el promedio nacional.
Gómez detalló que este nuevo problema afecta a unas 15.000 personas de esas comunidades y  que en el caso de su comunidad –Paraíso-, “estas tierras eran cacaotales abandonados que le quitamos a una gran bananera”.
Recordó que muchas de estas personas entraron como precaristas y tras los diez años de permanencia correspondiente -que les generaron derecho sobre el territorio-, “hicimos los trámites y se nos otorgaron las escrituras que pagamos”.
Los contratos de arriendo que ahora el IDA gestiona para todas las personas con escritura otorgada dentro de la margen fronteriza, se emiten de acuerdo con el “Reglamento autónomo de arrendamientos en franjas fronterizas”, que estableció el IDA en abril del 2008.
Ese texto señala que para uso agropecuario, los campesinos deberán pagar un canon del 1% del valor estimado del terreno con un mínimo de ¢15.000 anuales, aunque se exceptúan del pago de esa tarifa las familias en condiciones de pobreza.
Sin embargo, las molestias de los campesinos se derivan del artículo 45 del reglamento, el cual establece que los arrendamientos se extinguen -entre otras causas- por el vencimiento del plazo de cinco años, por muerte del arrendatario, o “por razones de utilidad pública cuando así lo considere el Instituto”.
Al respecto, Gómez informó que algunas de las personas afectadas han accedido a ceder sus terrenos y a firmar los contratos de arrendamiento, “porque el mismo Presidente Ejecutivo del IDA les dijo que eso era lo que había que hacer y hay personas que son sumisas y le tienen miedo al Estado”.
En su opinión, también pesó la necesidad de recibir ayudas como dotaciones de granos básicos e insumos “que les promete el IDA, con tal de que firmen esos contratos; es decir, el IDA comprometió ayudas a cambio de la firma de los contratos”.
Gómez preguntó: “¿Qué pasa después de los cinco años? El IDA no está obligado a renovar los contratos después de ese periodo. La escritura de mi familia fue otorgada hace 15 años; ahora de un día para otro el Presidente Ejecutivo del IDA nos dice que no es válida y no tenemos posibilidad de contratar asesoría legal”.
El dirigente agregó que “uno se siente defraudado por el sistema; a nivel de agricultura no funciona, y lo peor que podríamos pasar los agricultores, es un abandono y un fraude”.
Mientras tanto, Luis Villavicencio, del Frente Cívico de Sixaola, hizo ver que durante una visita que en febrero pasado hizo el Presidente Ejecutivo del IDA al Concejo Municipal de Talamanca, se le transmitió el malestar de muchos vecinos ante lo sostenido por algunos funcionarios del IDA, en el sentido de que si no firmaban el contrato de arrendamiento no se les podía tomar como beneficiarios de ayudas como insumos agrícolas.
El dirigente comunal puntualizó que la lucha que han emprendido busca defender sus derechos ante la necesidad de que “cada ciudadano y ciudadana tenga un patrimonio familiar para heredar a sus hijos, y no un arrendamiento con inseguridad de que lo que invierta o construya lo pueda perder”.
Villavicencio enfatizó que la luz al final del túnel es un proyecto de ley que se tramita en la Asamblea Legislativa bajo el expediente No. 16347 (“Ley para rescate de legítimos derechos de los ciudadanos en zonas fronterizas”), que salvaría la posibilidad de que los campesinos mantengan la propiedad de sus tierras.
En referencia a este proyecto, dijo que cuentan con el apoyo de los cinco diputados de los diferentes partidos por la provincia de Limón, quienes se han unido a la lucha, “nos han dado el respaldo, el pasado 17 de junio nos visitaron en Sixaola y se comprometieron” a defender esa iniciativa.
Al respecto, el jerarca del IDA –Rolando González- reveló que “no sólo hemos dado tiempo para que se apruebe ese proyecto de ley”, sino que  ante la Comisión de Asuntos de Gobierno y Administración de la Asamblea Legislativa expresó que el proyecto es “insuficiente” y debería generarse uno específico para Talamanca, porque en la zona concurren una diversidad de particularidades como la franja fronteriza, la milla marítima, territorios indígenas, y territorios bajo algún tipo de protección ambiental.
De acuerdo con González, el IDA “no es un obstáculo para resolver el problema, sino que en 14 meses ha sido dinamizador de conciencia política y búsqueda de solución en la Asamblea Legislativa, único lugar donde se puede resolver este problema”.
UNIVERSIDAD buscó el criterio de alguno de los cinco diputados o diputadas de la provincia de Limón; sin embargo, tras la salida a receso de la Asamblea Legislativa, sólo el liberacionista Rodrigo Pinto contestó su celular, pero declinó referirse al tema, pues dijo encontrarse fuera del país en circunstancias que no le permitían atender a la prensa.
 

 
“Calvario” por las tierras familiares
Cuando las aguas del río Sixaola bajaron tras una llena en el 2009, no volvieron a su cauce anterior, sino que las tierras de la familia de Marvin Ruiz, cercanas a la comunidad de Catarina de Sixaola, quedaron del lado panameño de la frontera.
“En este momento nuestro terreno está en manos de un empresario panameño, quien metió ganado en la finca”, explicó el agricultor.
Según dijo, en ese momento se “inicia la novela, nos invaden las tierras y el IDA nos discrimina, pues nos dicen que no somos sujeto de ningún tipo de ayuda, al estar la finca al otro lado del río. Empezó el calvario porque tuvimos que enfrentarnos solos contra el ganadero panameño millonario, poseedor ya de 2.000 o 3.000 hectáreas”.
“Sin embargo, volvimos a intentar sembrar, pero el empresario ganadero metió el ganado y hasta las semillas se comieron”.
Ruiz detalló que ello significó la peŕdida de una inversión en 50.000 matas de plátano, que puede representar de ¢50 a ¢60 millones. “Nos habíamos endeudado y luego se han venido los cobros judiciales y problemas de índole social, además del trauma que uno sufre”, relató.
“UN MUNDO DE DIFERENCIA”
Según dijo el campesino, su familia compró el terreno desde 1982 y se dedicaron al cultivo del plátano. La propiedad está a nombre de él y dos hermanos y una hermana suyos. Desde 1999 habían sido incluidos en un grupo de parceleros que iban a ser reubicados por el IDA, por causa del mismo río.
“Desde que nos despojaron de la tierra la vida cambió; dejamos de ser propietarios y nos fuimos a trabajar a una bananera; tenemos hijos en escuela y colegio; la vida sigue y los niños tienen que comer”.
Comentó que ese cambio de actividad ha significado “un mundo de diferencia”, pues “cuando cultivo plátano dependo de mí, soy el dueño; para trabajar en la bananera tengo que levantarme a las 3 a.m. para presentarme a las 5 a.m. ante el capataz; mis ingresos en la finca bananera no son ni parecidos a los que obtengo del plátano y es más duro trabajar el banano”.
Sin embargo, Ruiz y sus hermanos no abandonan la esperanza, ya que -según dijo- los cinco diputados de la provincia de Limón les prometieron ayuda. “Nosotros no pedimos que nos paguen ni nada, sólo que nos devuelvan nuestra finca. De ella hemos vivido y de ella seguiremos viviendo”.