Hace treinta años, siendo un adolescente que cursaba su último año de secundaria, me impactó profundamente la noticia del asesinato a mansalva de Viviana Gallardo en la madrugada del 1 de julio de 1981, perpetrado por el cabo José Manuel Bolaños, en la celda que ocupaba, junto a otras acusadas de terrorismo: Magali Salazar Nassar y Alejandra Bonilla Leiva, crimen ocurrido en la Primera Comisaría de San José, que se encontraba en las inmediaciones de la antigua Penitenciaría Central.  Esta joven menuda, de escasos 18 años y 1,52 metros de estatura, que cursaba su primer año universitario, fue detenida tres meses atrás, el 12 de junio de 1981, según las autoridades policiales y la prensa, en el marco de un operativo policial que frustra el intento de lo que se denominó “operación Mole”, por parte de un grupo guerrillero conocido por su nombre en clave “La Familia” al que se nos indica pertenecía Gallardo, operación que pretendía volar el busto de John F. Kennedy, ubicado antiguamente en el parque de San Pedro, concebida como acción simbólica de contenido antiimperialista. En la persecución y el tiroteo murieron tres oficiales de policía: Rafael Godínez Mora, Luis Martínez Hall, Luis Anchía Álvarez, el taxista Miguel Aguilar Porras, y Carlos Gerardo Enríquez Solano, sindicado como integrante  del grupo “la Familia”.
Sobre estos trágicos hechos, que ha rememorado La Nación desde su portada y en sendos reportajes de dos planas en su edición  del día 2 de julio y luego dedicado su Editorial del día 8 de julio, me permito señalar lo siguiente:
No hay que perder de vista el contexto en que se producen estos trágicos hechos, determinado por una intensa confrontación social y política que sacude al istmo centroamericano. Poco menos de dos años antes se producía la insurrección que derribó a la dictadura somocista, y ya para esas fechas empezaba una prolongada y cruenta contraofensiva política y militar de los Estados Unidos, que alcanza su apogeo con la administración republicana de Ronald Reagan, que entrenó, financió y armó hasta los dientes a la contra nicaragüense y en general impulsó en toda la región  la guerra de baja intensidad “antisubversiva”,  que se expresaba con la ocupación militar norteamericana de Honduras  y la respuesta a las movilizaciones y combates guerrilleros contra las dictaduras de El Salvador y Guatemala, proceso que coincide en Costa Rica con un una situación de agitación social y política en el marco de la crisis económica, que pega un salto en el último año de la administración Carazo Odio. De manera que es en ese contexto que debe entenderse el asesinato de Viviana Gallardo.
Es más que evidente, aún hoy, que el ejecutor del asesinato no actuó solo, debió necesariamente contar con cómplices y  la complacencia de las autoridades superiores, para acribillar en su celda a Gallardo. El silencio de más de veinte año del cabo Bolaños, su condena benigna que le permitió trabajar de día y dormir en la cárcel, el beneficio de libertad condicional que le fue otorgado el 30 de septiembre de 1987, oscurecen aún más el caso y evidencian la impunidad en que se mantiene, especialmente en relación a los autores intelectuales del crimen. Asimismo, otra parte siniestra de la historia es la de los mecanismos de infiltración, la historia de la delación al interior del grupo “La Familia” que aún permanece oculta.
Finalmente, hay que preguntarse por qué tanto interés de La Nación en este tema. La respuesta parece que la encontramos en su Editorial del 8 de julio con el título “En Costa Rica sí es posible”, en el que indica que en Costa Rica se pueden volver a presentar hechos como estos, y resalta que las y los “terroristas” fueron jóvenes universitarios: “(…) reclutados para subvertir el orden por medios violentos, sin más justificación que el fanatismo incubado en sus mentes dúctiles y escasas de formación”. Y más adelante, refiriéndose a las y los 20 detenidos vinculados al  grupo “la Familia”,  agrega el editorialista: “Todos eran universitarios, profesores y alumnos. No era un grupo pequeño y su potencial para hacer daño quedó bien demostrado”.
Al respecto, esperamos que estas referencias  no sean un pretexto para relanzar una nueva cacería de brujas contra la izquierda en general, y contra las y los universitarios en particular, como ya lo sufrimos con la campaña mediática contra la “autonomía universitaria” y las y los “chancletudos”, que se operó a partir de la brutal invasión del OIJ al campus el 12 de abril del año pasado. En todo caso, llamamos a estar alertas y defender las libertades democráticas, por que ciertamente el mundo y el área de nuevo experimentan una profunda crisis social, económica y política, que revela la decadencia del sistema capitalista, y en ese marco, los grupos de poder tienden a recurrir cada vez con más frecuencia a las salidas represivas.