Inicié mis labores docentes antes de 1981, por lo que mi régimen es el Transitorio de Reparto que administra el Estado. Amablemente una funcionaria de la Junta de Pensiones me indicó que esas cotizaciones se tienen en el papel, mas no están registradas en los sistemas de la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional. En otras palabras, las cuotas se rebajaron, fueron a un fondo común y nunca se individualizaron según logro entender.
Hasta ahí la explicación parece ser lógica: quienes ingresamos antes del 15 de julio de 1992, somos de un régimen que no está individualizado y por ende la persona interesada debe conseguir certificaciones para demostrar que trabajó en una u otra institución como docente. En mi caso, en tres universidades públicas en jornadas parciales y en distintos periodos: UNED (1981-84), UNA (2006-2007) y UCR (1989 a la fecha), amén de ejercer mi profesión como funcionario regular de la CCSS.
El camino de conseguir las certificaciones no es nada llano: en la UNED logré pedirla por teléfono y estuvo confeccionada en tiempo razonable; en la UCR tardaron cerca de un mes en confeccionarla; en la UNA, al momento de escribir este artículo van más tres meses de solicitada y aún no la tengo en mano. En esta última, en Recursos Humanos me indican que está haciendo cola porque hay muchas peticiones adelante; cada vez que llamo me dicen que sale dentro de quince días… ¡y esto que el progreso en sistemas de información es vertiginoso!
Parece que los sistemas de información no están acordes con la excelencia académica que en las universidades públicas profesamos. Son registros en papel, manuales y posiblemente forman parte de archivos empolvados y poco confiables.
La ley de protección al ciudadano contra el exceso de requisitos y trámites administrativos, la número 8220, parece no formar parte del corpus de actuación en este tipo de gestiones. Es el administrado quien tiene que demostrar que las cuotas se le dedujeron y se le obliga a que pruebe lo que está debidamente probado: que fue funcionario de algún centro educativo. En mi caso, y supongo que el de muchísimos docentes, he tenido que andar entre oficinas de Recursos Humanos, además de las llamadas respectivas para saber sobre el trámite, para demostrar mi condición de cotizante.
¿Dónde está la ineficiencia? Respondo la pregunta con las siguientes conjeturas: 1. Existencia de sistemas obsoletos de información que solo interesan al docente al final de su vida laboral, y por tanto debe aguantar esperas prolongadas e injustificadas. 2. Ineficiencia técnica de las universidades para aligerar las certificaciones; estas deberían estar disponibles en línea o por cualquier otro medio que no mortifique al solicitante. 3. Desinterés del gremio docente que no nos hemos preocupado porque se nos dé un trato digno (v.gr. las filas al principio de año para obtener una plaza; la visita a ventanillas para demostrar que cotizamos; los largos interinatos…). 4. Desinterés de la  Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional que, conocedora de estas trabas, solo espera que el docente le presente las certificaciones, sin ninguna otra acción para facilitarle este trámite.
No es nada digno, después de muchos años de trabajo y esfuerzo, estar sometido a trámites burocráticos que no se realizan conforme lo manda la ley, sea de manera oportuna, segura y en un tiempo prudencial.