El sector vivienda de Costa Rica ha experimentado una serie de cambios en los últimos años y la situación se ha convertido en una problemática para diversos estratos económicos de la sociedad, por lo que el rol que ejercen las instituciones públicas en la materia se enfrenta ante nuevos retos.
Es conocido y aceptado públicamente por las diversas autoridades que el panorama para adquirir vivienda se ha complicado, especialmente para el sector medio de la población y que la oferta que tiene el Gobierno para los estratos más bajos, orientada a los bonos de vivienda, no da abasto para la demanda.
UNIVERSIDAD entrevistó sobre esta problemática a la ministra de Vivienda, Irene Campos, quien se refirió a los obstáculos y retos que enfrenta como jerarca de esta Administración.
 
¿Cómo se encuentra el sector vivienda?
-El ministerio de Vivienda, tradicionalmente se había enfocado únicamente en cubrir las necesidades de las familias de bajos recursos, pero ahora tenemos otras responsabilidades más allá, que son los asentamientos humanos y ordenamiento territorial. Además, se ha extendido la atención, no solo a clase baja sino también a sectores medios.
Nos hemos enfocado a trabajar por una parte en ordenamiento territorial y la coordinación de diversas instituciones que están relacionadas, como el INVU, Comisión Nacional de Emergencias, Instituto Costarricense de Turismo y el IFAM.
 
¿Cómo ve el ordenamiento territorial en el país?
-Hay mucho que avanzar, las instituciones nacionales que tienen que ver con el tema no habían logrado coordinarse; por ejemplo, la Comisión Nacional de Emergencia tiene que indicar dónde no se puede construir o si es zona de riesgo, pero a la vez la SETENA tiene que emitir su criterio. El problema era que se había realizado de forma aislada; no obstante, ahora estamos trabajando en la Política Nacional de Ordenamiento Territorial, que pretende  tener esa visión de coordinación en primera instancia, así como a largo plazo alcanzar ese ordenamiento territorial.
Aparte de tener los planes reguladores, es necesario que aprendan a aplicarlos y se debe tomar en cuenta que estos instrumentos tienen que ser evaluados constantemente, porque se pueden volver muy inflexibles.
 
¿Y sobre el desempeño del sector vivienda?
-La ley del Sistema Financiero de hace 25 años definía como población objetivo para otorgar bonos de vivienda a los estratos del 1 al 4, y eso significaba familias que recibían hasta ¢780.000; el año pasado se amplió la población objetivo hasta los estratos 5 y 6, lo que implica ¢1.100.000.  Pero, independientemente de ese aumento, si uno observa la historia de los bonos otorgados hasta el año pasado, la mayoría se concentra en los estratos menores, pues los grupos del nivel cuatro que tenía derecho a ese beneficio, casi nunca accedía a él, porque tenían, necesariamente, que complementarlo con un crédito. Nos enfocamos en tratar de ayudar a estas familias, definiendo dos áreas de acción, por medio de créditos, buscando el apoyo de los bancos y la oferta de vivienda, con el impulso de proyectos de desarrolladores.
 
¿Y cómo distribuye el ministerio los recursos de acuerdo con el estrato económico de las familias?
-La ley establece que se debe reservar un 40% del presupuesto de Vivienda para los sectores de extrema necesidad –hasta el estrato 1 ½-; yo estoy clara que esos recursos no son suficientes para atender todas las necesidades.
Cuando uno se plantea lo que sucede en el mundo en atención de vivienda para extrema necesidad, ve opciones interesantes. En el caso de Chile tienen un ahorro obligatorio, de manera que la familia primero hace su ahorro, Colombia tiene un subsidio a la tasa de interés.
Acá tenemos subsidios que van de ¢11 millones hasta nos ¢16 millones; es uno de los subsidios más altos que se dan en Latinoamérica; entonces valoramos que se debe mantener el sistema pero se requiere evaluar su eficacia. Debemos comenzar a pensar en otros instrumentos financieros que nos ayuden a atender las necesidades de vivienda.
 
Es uno de los subsidios más altos, pero si no existieran proyectos de interés social, ¿podrían acceder a vivienda?
-Sí da, porque los desarrolladores que construyen para esa población no están perdiendo plata; si la familia sale y trata de buscar en las mismas condiciones de vivienda sí la consiguen. Podría ser que como llevamos una inercia de ese estilo, podrían encontrar problemas para conseguir la vivienda. Pero, siempre que exista la demanda, los desarrolladores estarán interesados.
 
¿Qué tipo de instrumentos financieros se podrían impulsar para el sector vivienda, que no signifiquen subsidios al 100%?
-Como le indico, hay esquemas interesantes, como el subsidio a la tasa de interés, con créditos muy blandos que permitan a la familia pagar parte y no necesariamente hay que dar subsidios completos y que la otra parte la consiga con el préstamo; pero, esto no lo puedo hacer en este momento. Ahora que vislumbramos que el presupuesto se agota, hay que desarrollar sistemas alternativos. Inclusive las familias nos han dicho que quieren pagar por su casa, que no lo quieren todo regalado, pero se sabe que bajo las condiciones actuales no pueden.
Esperamos presentar una estructura modificada en un año, donde se mantendrá el subsidio, pero se definirá cuánta ayuda recibirán, de manera que se pueda estirar el presupuesto.
 
¿Y cómo evalúan el bono de segundo piso?
-Esta es una gran opción, porque si tengo el pedacito de tierra para construir la segunda planta, la familia que tiene ingresos de ¢300.000 sí lo logra, ya que puede adquirir un crédito de ¢9 millones; nosotros le damos ¢4 millones y con ¢13 millones perfectamente construye su vivienda.  Es un instrumento muy útil para ayudar a estos hogares.
 
¿El bono diferido, aprobado recientemente, se convertiría en otro instrumento alternativo?
-Es especialmente para las poblaciones que toman crédito, pues les permite acceder a un subsidio para ayudarse a pagar la cuota del préstamo, mejora la capacidad de crédito y puede acceder a mayores recursos. Es una opción interesante, sobre todo para las personas que se ubican entre los estratos cuatro y seis.
 
¿Cómo está la oferta de vivienda para clase media, pues se sabe que los desarrolladores no están concentrados en este sector?
-Precisamente, los desarrolladores nos han dicho que no hacen los proyectos porque no tienen familias que tengan el crédito, por lo que estamos solucionado el tema de acceso. Ya comienzan a generar iniciativas, pero éstas no se construyen de la noche a la mañana; hay mayor oferta, pero sigue siendo muy difícil. Nosotros enviamos el mensaje a los desarrolladores, algunos lo están atendiendo, otros están muy cómodos en otros nichos.
También estamos trabajando con sistemas de fideicomisos con el INVU, donde la entidad pone los terrenos, privados ponen los recursos y venden los proyectos.
 
La Junta Directiva del BANHVI emitió una directriz hace poco que del 40% del presupuesto orientado a extrema pobreza, que daría prioridad a las familias que tuvieran acceso al crédito, pero esa directriz ya no entrará en vigencia. ¿Es cierto que recibió presiones de diputados para echar atrás con la iniciativa?
-La idea era evaluar cuáles de esas familias podían hacer un aporte; hicimos un estudio estadístico que nos llevó a la conclusión de que el 40% de las familias podía acceder a un crédito de ¢3 millones o ¢4 millones; entonces definimos que daríamos prioridad en la revisión en esos casos, pero los grupos organizados se asustaron un poco.
Le puedo decir con toda transparencia que ningún diputado me ha llamado para este tema, de ningún partido político.
 
Se aprobaron estas leyes, pero no hay plata, ni para los más pobres, ni la clase media.  ¿Qué hacer?
-Bono para segunda planta me sirve mucho en este caso. El bono diferido lo que hace es generar un instrumento que las familias puedan utilizar; si lo quieren aprovechar, solo el tiempo lo dirá. Lo que sucede es que a precio cero, la demanda es infinita, pero hay que concentrarse en buscar instrumentos financieros novedosos que les permita a las familias acceder a vivienda, porque con lo que tenemos hoy, no lo pueden lograr.
 
Hay que buscar la manera de desarrollar iniciativas que permitan que la cobija dé para más.  ¿Podrían resolver el problema de que los bonos de vivienda se utilicen como instrumento político para las elecciones?
-Tiene que ser así. Yo personalmente estoy en contra del clientelismo político;  lamentablemente se da, pero en esta gestión desde el ministerio no lo hemos permitido; al principio me llegaban listas y desde el inicio dije que yo no tenía nada que ver con listas.
El ciudadano costarricense está despertando a que el bono es un tema al que tiene derecho, independientemente de que haya votado o no por un partido político y saben que esa promesa llega, pero veinte años después, porque un presupuesto que se agota con tanta facilidad, no tiene una gran relación con el tiempo que dura una administración.