Biólogos expresaron preocupaciones y sindicalistas cuestionamientos por la falta de estudios sobre los posibles impactos ambientales y daños al recurso natural, que podría causar en el puerto de Limón la construcción de la terminal para barcos de contenedores en Moín (TCM), que el Gobierno adjudicó a la transnacional holandesa APM Terminals.
José Luis Castillo, secretario de finanzas del Sindicato de Trabajadores de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo de la Vertiente Atlántica (SINTRAJAP), dijo que los aspectos ambientales de esa concesión -valorada en cerca de 1.000 millones- son parte de una serie de inconsistencias y anomalías que tuvo la licitación del proyecto, por lo que el pasado lunes 18 presentaron una demanda ante el Tribunal Contencioso Administrativo en San José, solicitando la nulidad de la concesión.
Entre las cosas más visibles en materia ambiental está que la zona donde se va a construir el nuevo puerto forma parte del Humedal Nacional Cariari y como tal es una zona protegida, en donde ni el Gobierno ni la empresa han hecho un estudio de cómo mitigar el impacto, afirmó.
 
Además, está cerca del acuífero de Moín, que abastece de agua al 20% de la población de Limón, y aunque el Gobierno ha minimizado la situación diciendo que el actual muelle está dentro de esta zona y que el impacto no es importante, ¿dónde están los estudios para decir que no va a afectar?, preguntó Castillo.
Recordó que el humedal empieza en los actuales muelles de Moín y se extiende por 110 kilómetros (km) a lo largo de la costa –incluidos los canales de Tortuguero y la barra del Colorado- hasta pegar con Nicaragua. Un estudio del oceanógrafo Guillermo Quirós sobre el daño irreversible que sufriría el humedal fue determinante para frenar un proyecto para construir una marina para cientos de yates y desarrollos inmobiliarios en la zona en el 2008.
Raúl Rojas, biólogo y consultor de turismo ecológico de la Universidad de Costa Rica, explicó que estos humedales están en parte en zona protegida, y aunque están degradados, aún cumplen algunas funciones relevantes en el ecosistema costero. Además, están interconectados a las zonas protegidas de los canales de Tortuguero, por lo que habría que ver cuál puede ser el impacto que el nuevo puerto puede causar en ellos, en zonas prístinas y actividades de turismo y recreación asociados a esas áreas, sin olvidar la pesca de subsistencia a la que está arraigada alguna población.
También hizo ver que en la zona hay una serie de pequeños estuarios que cumplen una importante función en la reproducción de especies, y por eso preocupa la vida silvestre, marina y acuícola, que se vería afectada por todo el depósito del sedimento que implica el dragado de más de un millón de toneladas de material, que habría que sacar para hacer la dársena de 19 metros de profundidad.
Rojas señaló que la carretera que se debe construir para el nuevo puerto y unirla con la ruta 32 hacia Limón, por lo menos en dos puntos tendría que atravesar esos canales, y el Gobierno tendría que hacer una infraestructura que tenga sistemas de contención y no dañe, lo cual encarece la obra. Habría que ver que no pase lo que ocurrió en el puerto de Caldera, en Puntarenas, que por hacer la inversión más pequeña, están matando todo un manglar, advirtió.
Todo esos son aspectos que se tienen que especificar a la hora de hacer el estudio de impacto ambiental (EIA) y hasta donde se sabe eso no se ha hecho. El construir una nueva terminal crea recelos desde el punto de ambiental, porque todo puerto ocasiona un impacto, que es inevitable y pretender que no lo va a haber es absurdo. El asunto es ver si se justifica esa fuente de impacto, contrastándola con los perjuicios ambientales y sociales que ocasionaría, dijo Rojas.
Aseguró que la TCM es una obra muy grande, en la que se tiene que hacer un rompeolas de casi 2 km y que puede tener un impacto en 10 km a la redonda, en términos de modificación de corrientes. Eso significa también que la configuración de la costa cambia, pueden formarse nuevas playas y desaparecer otras, entre otros efectos. La dársena que se va crear concentrará contaminantes, pues son inevitables los derrames de aceite de los barcos, por ejemplo. Hay que ver qué impacto pueda tener el arrastre de esos materiales en lugares como isla Uvita, frente a la ciudad de Limón, donde se encuentran algunos de lo corales más saludables, pues en la costa los corales han sido bastante degradados.
VULNERABILIDAD
De acuerdo con el ambientalista Mauricio Álvarez, la zona es vulnerable y de gran biodiversidad, con variedad de tortugas, moluscos y migración de especies asociada al ecosistema costero.
Recordó que la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) hizo al respecto una serie de consideraciones, al rechazar por incompleto en febrero del 2002 el EIA que presentó la petrolera Harken, para instalar una plataforma de exploración petrolera frente a la costa de Moín, y a la que le denegó la viabilidad ambiental (Resolución Nº 0146 – 2002).
En relación con el Humedal Cariari, cabe mencionar que el pasado 31 de  mayo la Contraloría General de la República (CGR) reprendió a la SETENA por haber otorgado en el 2008 permiso al proyecto de la marina, en ese lugar de “alta fragilidad ambiental”. El proyecto –supuestamente congelado actualmente- contempla la construcción de una marina para 239 embarcaciones, 44 torres de apartamentos, hotel de 250 habitaciones y un centro comercial de 3.500 metros cuadrados, entre otras obras.
La marina se construiría en detrimento de ese humedal, considerado de gran importancia para la recarga acuífera de la zona y para la preservación de especies animales y vegetales, advirtió la CGR. Por ello, ordenó a la SETENA revisar la viabilidad otorgada al proyecto y, de considerarse procedente, ajustarla conforme a derecho a más tardar el 30 de setiembre del 2011.
Este informe siguió a otro emitido por el órgano contralor en el 2010, en el que advirtió que la gestión de la SETENA en la evaluación del impacto ambiental que se produce en las zonas costeras del país, ha resultado insuficiente para el desarrollo sostenible, y no es congruente con la tutela de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.
La CGR reprochó a la SETENA haber autorizado desarrollos inmobiliarios sin contar con “información idónea” sobre las consecuencias en el ambiente, en el suelo y en el agua. Hubo debilidades en la evaluación que propiciaron cambios de uso del suelo, la afectación de bosques, manglares, humedales e incluso de zonas restringidas de las áreas silvestres protegidas.
 

 
El valor del humedal
El Humedal Nacional Cariari tiene una extensión de 786 hectáreas. Su importancia es la protección de hábitats. La confluencia de agua dulce procedente de ríos y canales con el agua salada del mar, da lugar en este humedal a la presencia de una gran diversidad de especies de flora y fauna. Son abundantes los árboles de jelinjoche (Pachira aquatica) y de guaba (Inga spp). Entre los animales se encuentra el manatí.
Los humedales declarados como tales, constituyen áreas silvestres protegidas; son del dominio público y administrados por el Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET), situación en la que se encuentra el Humedal Nacional Cariari, según señaló la Procuraduría General de la República (PGR) en la opinión jurídica 035-J, del 31 de marzo del 2009.
Establecido por el Decreto Ejecutivo No. 23253 de 23 de abril de 1994, el Humedal abarca, entre otras áreas, los canales, caños y lagunas costeros, ubicados entre la desembocadura del río Moín en la bahía Moín y el límite del Parque Nacional Tortuguero.
El artículo 45 de la Ley Orgánica del Ambiente prohíbe “las actividades orientadas a interrumpir los ciclos naturales de los ecosistemas de humedal, como la construcción de diques que eviten el flujo de aguas marinas o continentales, drenajes, desecamiento, relleno o cualquier otra alteración que provoque el deterioro y la eliminación de tales ecosistemas”, indicó la PGR en dicha consulta.