La Procuraduría de la Ética Pública acogió una denuncia presentada por la Red de Coordinación en Biodiversidad y la Asocación Comunidades Ecologistas la Ceiba – Amigos de la Tierra  (COECOCEIBA Amigos de la Tierra), que entre otras cosas busca que se aclare si hubo conflicto de intereses en el hecho de que durante una reciente gira a Corea del Sur, el vicepresidente Alfio Piva logró que se concretara el desembolso por parte de un instituto gubernamental coreano al Instituto Nacional de Biodiversidad (INBio) por $1 millón.
El cuestionamiento surge a partir del hecho de que el INBio es una instancia privada en la cual durante varios años Piva fungió como Director Ejecutivo, hasta que aceptó su nominación como candidato por el Partido Liberación Nacional (PLN) al puesto que hoy ocupa.
La denuncia se fundamenta en que tras una consulta formal, por escrito, el funcionario manifestó a la Red de Coordinación en Biodiversidad que el INBio tiene un acuerdo de investigación desde hace más de seis años con “un instituto coreano” y que “se me encomendó por parte de las autoridades actuales del INBbio, conversar sobre unos atrasos en el desembolso de recursos para las nuevas etapas planeadas en el marco del proyecto”.
 
Eva Carazo, quien forma parte de esa Red, calificó como “indignante” el hecho de que las autoridades del INBio le “encomendaron” a Piva hacer la gestión en Corea. “Esto me recuerda el caso de Rodrigo Arias con el Fiscal General, la gente cercana a funcionarios públicos sigue haciendo funcionar sus lazos de amistad”, señaló.
Para Carazo, lo anterior quiere decir que en Costa Rica “hay dos clases de ciudadanos” y se diferencian “quienes tienen contactos para buscar al Vicepresidente y decirle ‘averígüeme qué pasó con el dinero’; esto no es un funcionamiento transparente de la función pública”.
A través de la oficina de prensa de Casa Presidencial, UNIVERSIDAD envió varias preguntas a Piva, relativas a la denuncia interpuesta y para aclarar si el funcionario tiene participación en el capital social del INBio, además de si como director de ese Instituto participó en las negociaciones de la donación coreana. Sin embargo, a pesar de que la recepción de las preguntas fue confirmada, al cierre de edición no se contó con sus respuestas.
“PERVERSIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA”
Alfio Piva es un reconocido académico y científico, quien realizó estudios en diversas instituciones europeas, fundó la Escuela de Zootecnia de la Facultad de Agronomía de la UCR, así como la Escuela de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional (UNA).
“Desde hace veinte años se dedica a la conservación de la biodiversidad, concentrando su actividad en el Instituto Nacional de Biodiversidad (INBio) de Costa Rica, una de las instituciones más prestigiosas en su campo a nivel internacional, de la cual es su Director Ejecutivo”, destaca actualmente el texto de su biografía oficial en el sitio web de Casa Presidencial.
En 1995 junto al equipo de ese Instituo ganó el Premio Príncipe de Asturias en Ciencia y Tecnología.
El viaje oficial de Piva a Corea del Sur se realizó en mayo y a su regreso se informó de la donación coreana a través de los medios nacionales. En la edición del Diario Extra del 25 de mayo anterior, Piva manifestó que “Ayer (el viernes) me contó el Ministro de Ciencia y Tecnología de Corea, que fue aprobada la donación por $1 millón (¢510 millones) cosa que es interesante y que ya estaba aprobado tras incluirlo en el presupuesto de su gobierno. Esa es una noticia importante. Eso es algo nuevo porque lo supe hace poco. Es para financiar los proyectos de investigación del Instituto Nacional de Biodiversidad”.
La denuncia presentada por la Red de Biodiversidad pide a la Procuraduría de la Ética que aclare  “¿por qué en una visita oficial en representación del país, el vicepresidente Piva hace gestiones a favor de un ente privado, del cual fue su director durante muchos años?”, así como “¿existen conflictos de interés entre su función como representante del país y se encomienda para pedir explicaciones de por qué una asociación privada no había recibido fondos para un proyecto determinado por parte de Corea?”.
Al respecto, Carazo insistió en que el INBio es una instancia privada y “aunque Piva diga que es sin fines de lucro, el hecho es que no todas las sociedades con esas características tienen esa clase de acceso al Vicepresidente o a otros funcionarios públicos”.
“El Gobierno debería funcionar igual para todo el mundo. Esto es una perversión de la función pública”, afirmó.
Sin embargo, el abogado y especialista en temas de corrupción Pablo Barahona dijo no ver en este caso un delito imputable, como tráfico de influencias, pues consideró lo hecho por el Vicepresidente como “un acto normal en el que no veo nada negativo”.
Al considerar la argumentación de que se trata de un alto funcionario de gobierno haciendo una gestión en favor de un ente privado en el cual se desempeñó, señaló que entonces se trata de un “problema político, no jurídico”.
“Es cierto que el INBio tiene un alto nivel de acceso a este funcionario, pero también es una asociación que tiene muchos años de funcionar y es seria”, ponderó.
Añadió al respecto que “entonces, si mañana José María Villalta (diputado Frente Amplio) tiene algún puesto de gobierno, el INBio podría alegar que no tiene igual acceso a él que otros grupos”.
“Al hablar de ética pública hay que tener cuidado; en este caso no veo ningún problema además porque fue una gestión realizada en el marco de un convenio ya establecido”, puntualizó.
Añadió al respecto que se trata de una denuncia “laxa, en la que le hacen preguntas a la Procuraduría, en ese sentido más parece una consulta. Si el tema es que aprovechando un viaje a Corea el Vicepresidente planteó lo del convenio, me parece que es una gestión normal en favor del ambiente”, concluyó.
Finalmente, Carazo ponderó que, más allá de que el INBio tenga “áreas interesantes de trabajo o que lucre con elementos de la biodiversidad, que deberían ser de manejo colectivo”, es preciso plantear una discusión más profunda sobre cómo se debe administrar la biodiversidad en Costa Rica, “si lo más conveniente es hacerlo a partir de la lógica del interés colectivo, en vez de hacerlo a partir de una asocación privada que tiene sus propios intereses”.
 

 
“Interés comercial”
No fue hasta el cierre de edición que se logró comunicación teléfónica con el INBio, en cuya central se sugirió el nombre de una funcionaria con quien tramitar inquietudes respecto a este tema; a pesar de ello no fue posible contactarle ni devolvió el mensaje que se le dejó en el sistema automático.
Sin embargo, el sitio web del Instituto contiene información sobre el manejo y fines de los convenios internacionales como el de la donación coreana.
En una página de ese sitio titulada “Bioprospección” (http://www.inbio.ac.cr/es/inbio/inb_prosp.htm), se apunta que esa unidad del Instituto “realiza convenios de colaboración, en términos de investigación, con diferentes instituciones nacionales y extranjeras, dirigidos al desarrollo de nuevos productos de interés comercial”.
De acuerdo con esa fuente, esos convenios de colaboración tienen el objetivo de generar recursos financieros que permiten apoyar actividades de conservación, así como el desarrollo de investigaciones.
Apunta que “estos esfuerzos actualmente se orientan hacia la búsqueda de sustancias químicas, genes, etc., presentes en plantas, insectos, organismos marinos y microorganismos, que puedan ser utilizados por las industrias farmacéutica, médica, biotecnológica, cosmética, nutricional y agrícola”.
Según la misma fuente, del presupuesto de investigación de cada acuerdo se destina un 10% como donación para el Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET). Añade que “si se derivaran otros beneficios por el descubrimiento de un producto, el 50% de las regalías otorgadas al INBio serán compartidas con el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC)”.