Pese a dos demandas presentadas ante el Juzgado Contencioso Administrativo contra el acto de adjudicación, el Gobierno y la Junta de Administración Portuaria y Desarrollo de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA) siguen adelante con el proceso de concesión para la construcción de la Terminal Especializada de Contenedores en Puerto Moín (TMC).
Así lo afirmó Allan Hidalgo, presidente ejecutivo de JAPDEVA, quien dijo que esperan firmar el contrato en la segunda semana de agosto con la empresa adjudicataria, la transnacional holandesa APM Terminal.
Por el contrario, el sindicato de trabajadores de la entidad estatal considera que son tantas las irregularidades que se cometieron en el proceso de concesión, que esta deberá ser declarada nula. “Hay 65 hechos que presentamos como anómalos en la demanda”, dijo Liroy Pérez, secretario de prensa de SINTRAJAP.
En la impugnación que presentó el pasado 18 de julio al juzgado, SINTRAJAP alegó entre otros puntos la creación de un monopolio a favor de la transnacional, tarifas excesivamente altas, falta de estudios ambientales para este proyecto de impacto ambiental e irregularidades en el proceso de licitación, como la prórroga del plazo para la recepción de ofertas en trece ocasiones, incluso en dos en que el plazo ya había vencido.
Alegaciones similares hizo la Cámara Nacional de Bananeros (CANABA) en una demanda presentada anteriormente, a la que el juzgado decidió dar trámite.
Hidalgo dijo que aunque desconocía los términos de la demanda de SINTRAJAP, podía asegurar que el proceso ha sido transparente y apegado al marco de la ley, por lo que cualquier afirmación sobre la creación de un monopolio se rechaza con base en los pronunciamientos de la Contraloría General de la República (CGR) y la Sala IV, por cuanto el proyecto cumplió un proceso de licitación pública ampliamente difundido (ver recuadro “Ajustado a la ley”).
Liroy Pérez dijo que entre las anomalías que ellos señalan está que en el trámite de la licitación aparecen actores elaborando estudios técnicos y posteriormente los mismos actores aparecen aprobando los estudios técnicos que ellos mismos habían elaborado. “Es el caso de Francisco Jiménez (anterior presidente ejecutivo de JAPDEVA y actual Ministro de Obras Públicas y Transportes), quien firma por un ingeniero la presentación de un estudio ante el Consejo Nacional de Concesiones (CNC), y posteriormente aparece él mismo aprobando en el CNC el estudio firmado por él.”
Por su parte, Randall Quirós, abogado de CANABA, dijo a UNIVERSIDAD que la tarifa que se le aprobó a la APM, de $223 por contenedor, los saca completamente del mercado, y por eso está peleando contra la adjudicación.
“Con esa tarifa el banano costarricense no se puede incorporar a los mercados mundiales, resultaría tan caro que la gente acabaría comprando banano de otros países y las empresas acabarían yéndose a producir a otra parte”, dijo.
El 85% del volumen de carga de Moín es banano y melón, y el 74% de la población económicamente activa de la Vertiente Atlántica está relacionada directa o indirectamente con el negocio del banano, por lo que se puede imaginar el desempleo que se provocaría con el cierre de la producción bananera, señaló.
En la concesión de la TCM no existe un estudio de factibilidad económica, y al no existir ese estudio, no se puede establecer los elementos de la ecuación que autorizó la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), mencionó Quirós entre las irregularidades alegadas en la demanda.
Asimismo, de acuerdo con la Ley de concesión de obra pública, para iniciar el proceso de concesión de la obra, el CNC tenía que haber solicitado el permiso de impacto ambiental, y ese estudio no existe. La Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) dio una viabilidad temporal, porque no habían cumplido siquiera con el formulario 151 que esa oficina exige preguntando por el sitio del proyecto, pero este sitio ni siquiera está establecido. Se calcula que es por la desembocadura del río Moín, pero la oferta de APM no indica cuál es, porque lo tiene, afirmó.
SIMILITUD
Según el diputado José María Villalta, del Partido Frente Amplio,  el caso de la TCM en Limón adjudicada de manera apresurada a APM tiene “peligrosas similitudes” con la concesión de la Terminal Norte del puerto de El Callao, en Perú, adjudicada a la misma empresa.
Diversos sectores están planteando que el gobierno del presidente electo Ollanta Humala anule la concesión dada por el gobierno de Allan García, dadas las anomalías del proceso, y la Federación Nacional de Trabajadores Portuarios (FENTENAPU) de Perú presentó en marzo pasado una demanda de nulidad, argumentando que la concesión liquidará a la Empresa Nacional de Puertos, que en ese país es la equivalente a JAPDEVA, recordó Villalta.
Por su parte, el concesionario de otra terminal de El Callao, la empresa DP World, considera la posibilidad de presentar una demanda multimillonaria contra el Estado peruano, debido a que el contrato pactado con su competidora, APM Terminals, otorga más de $100 millones en subvenciones directas, con lo cual rompe las reglas de juego de la competencia igualitaria, y se estaría propiciando la creación de un monopolio portuario.
“En Costa Rica se corre el mismo riesgo, porque el contrato de la concesión establece que, en su Fase 2, todo el tráfico que esté manejando JAPDEVA pasará a ser administrado por APM Terminals … esto prácticamente decretará la muerte de JAPDEVA”, dijo Villalta.
Apuntó que mediante el Acuerdo No. 018-MOPT-H del 1 de marzo de 2011, una especie de adendo al cartel, el Gobierno le aceptó a APM 15 condiciones adicionales a cambio de una rebaja de $23 en la oferta de la tarifa del servicio de contenedores, la cual de todos modos había sido criticada por el sector empresarial costarricense, por ser excesivamente alta y estar calculada sobre la base de proyecciones irreales del tráfico de exportaciones piñeras y bananeras.
Entre los compromisos asumidos por el Gobierno está el de permitir y facilitar el cambio de lugar donde se construirá la TCM, porque “en la actualidad no existen estudios de suelo que certifiquen que la localización conceptual de la TCM es la más óptima de conformidad con las realidades geográficas del área de concesión”, según reconoce dijo acuerdo.
“Ya vimos las consecuencias de permitir que el concesionario de la carretera San José-Caldera trabajara sin estudios actualizados. Ahora, se reconoce sin tapujos que se adjudicó una concesión millonaria en Moín, cuando ni siquiera existen estudios básicos del suelo marino. No quiero imaginar las consecuencias que esto puede tener para el país”, indicó el diputado.
Insistió que con esta concesión se terminará subsidiando a un monopolio privado que desplazará a JAPDEVA. Similar criterio han compartido otros diputados de oposición en la comisión legislativa que investiga las concesiones, y que ya está por concluir el estudio del caso TCM.
El presidente de JAPDEVA ha sostenido que las condiciones pactadas con la empresa adjudicataria no tienen nada de irregular, pues fueron producto de una negociación realizada dentro de lo que permite el ordenamiento legal en materia de contratación administrativa.
 

 
Ajustado a la ley
En relación con la demanda presentada por SINTRAJAP, Allan Hidalgo dijo que el proceso de la concesión ha sido revisado múltiples veces por la misma CGR y ha tenido la transparencia para que las cosas se hagan ajustadas a la ley.
“El proceso de la licitación ha tenido cuatro revisiones exhaustivas por parte de la CGR, así como por parte de las casi 60 firmas que compraron el cartel.  Las observaciones de la Contraloría como las apelaciones de los participantes del cartel se han plasmado en las prórrogas que ha tenido la licitación, a fin de ajustarse al ordenamiento jurídico, de ahí que el trámite que ha tenido ha sido participativo, transparente y apegado a la ley, insistió Hidalgo.
En cuanto al tema ambiental, Hidalgo afirmó que la construcción del nuevo puerto, a una distancia de 500 metros de la costa y con una inversión de $992 millones, es un proyecto amigable con el ambiente, tal como lo demuestran estudios realizados previos a la adjudicación.
La construcción de la TCM traerá beneficios directos con la creación de 8.000 empleos, entre directos y e indirectos, así como el pago de impuestos locales y nacionales. Entre los años 2014 y 2044 este proyecto generará $2.265 millones en el pago del impuesto de la renta para el gobierno costarricense, entre otros beneficios, aseguró.