La división del país en la década de los años 90 en una serie de bloques, y la concesión en licitación en el año 2000 de seis de estas a la transnacional estadounidense Mallon Oil Company para la exploración y eventual explotación de petróleo y gas natural en la región norte y caribe, evidencian que el país juega con dos “caretas”, dijo el oceanógrafo Carlos Granados.
La firma estadounidense presiona al gobierno de la presidenta Laura Chinchilla para que firme un contrato amparada en la licitación que le fue otorgada hace once años por el Estado luego de obtener vía libre tras superar trabas legales que se encontró en el camino, a raíz de recursos interpuestos por organizaciones ambientalistas.
Los bloques incluidos en la licitación otorgada a la transnacional cubren gran parte de las llanuras de San Carlos, Sarapiquí y el Caribe oeste.
En esas zonas existen humedales de interés RAMSAR y extensas áreas protegidas, incluida la cuenca costarricense del río San Juan. El área que Mallon pretende explorar cubre incluso el territorio de isla Calero e isla Los Portillos, actualmente en litigio con Nicaragua, a la que el país demandó ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por la comisión de daños ambientales tras la incursión de su ejército en octubre para construir un canal artificial.
“Se trata de una cosa muy irregular, primero se trata de zonas protegidas, muy sensibles, donde existe una enorme riqueza en biodiversidad, y en segundo lugar, se hizo la licitación y autorizó la exploración sin exigir un verdadero estudio de impacto ambiental, al tenor de la reforma que se hizo a la ley de hidrocarburos firmada a finales de los 90 por el entonces presidente José María Figueres y el hoy canciller René Castro”, dijo Granados a UNIVERSIDAD.
Granados advirtió que cualquier exploración en materia de hidrocarburos provocará problemas en los sistemas ecológicos, porque “todo el mundo sabe que este tipo de trabajos tendrá un fuerte impacto ambiental”.
“Guatemala es un ejemplo clásico. Desde hace algún tiempo hay exploración y explotación petrolera en áreas protegidas de El Petén, donde se encuentra el segundo humedal más grande del continente americano. Esto desencadenó graves problemas: hay contaminación de agua, del aire, y líos de todo tipo, invasiones de tierra, corrupción  y asesinatos de ambientalistas”, señaló.
La presidenta Laura Chinchilla  dijo semanas atrás al referirse a las negociaciones que le plantea Mallon que propondría sólo la extracción de gas en la zona norte y caribe.
“Escuché lo que dijo la presidenta. Petróleo no, pero gas sí. ¿Cómo va a separar petróleo de gas? ¿Por dónde lo sacarán? Habrá que construir un oleoducto, abrir caminos. La exploración y explotación de hidrocarburos es por sí misma contaminante”, dijo Granados.
“Esa contaminación llegará al río San Juan y nos meteremos en nuevos problemas con Nicaragua como ya sucedió con el proyecto minero de Crucitas. Además, les daremos armas para que nos contraataquen en la Corte de La Haya”, alertó.
Granados dijo que en Costa Rica urge reformar la ley de hidrocarburos (Ver recuadro: Hay que derogar ley de hidrocarburos, dicen diputados), porque “es un adefesio, tiene muchos portillos”.
“Debemos dejar de lado la doble careta y definirnos. ¿Qué queremos, extraer o proteger?”, preguntó el especialista en temas ambientales.
Bernardo Aguilar, director de la Fundación Neotrópica, consideró también totalmente contradictoria la política energética del país y la venta al mundo de “país verde”, sobre todo con los planes de explorar y explotar gas y eventualmente petróleo en la región norte.
“Estamos hablando de una reputación verde que el país ventila muy fuerte en el exterior. Cuando se ingresa al aeropuerto internacional Juan Santamaría nos recibe un rótulo que dice: ‘¡Bienvenidos al país más feliz del mundo!’. Como aparecimos por segundo año consecutivo en el primer lugar en el índice del planeta feliz, esto parece implicar una reputación de que somos una nación iluminada en nuestra conciencia verde”, dijo Aguilar a UNIVERSIDAD.
El director de la Fundación Neotrópica dijo que es “complejo” armonizar la conciencia ambiental con los intereses y necesidades económicas. “Siento que armonizar política verde con extracción de combustibles fósiles sobre la base del principio ético es una contradicción fundamental”.
Aguilar cuestionó el beneficio económico que Costa Rica obtendría con las operaciones de Mallon en la zona norte, porque “la información más fidedigna que tenemos es que al país le quedarían $900 millones en ingresos brutos por la concesión y regalías. Por otro lado, el turismo deja al país $2.000 millones al año. ¿Se ha hecho números en torno a la caída de esta actividad?, cuestionó el dirigente ambientalista.
Advirtió además que realizar exploraciones y explotaciones de hidrocarburos “podría desprestigiar la imagen ambiental de Costa Rica. Y es que con el prestigio vienen aparejados beneficios, como la cooperación internacional”, explicó.
Tanto Aguilar como Granados coincidieron en que Costa Rica puede buscar alternativas  que le permitan “fortalecer” y no “debilitar” su cartel de “país verde y ejemplo de sostenibilidad “ y replantearse su interés en la exploración y extracción de hidrocarburos.
“Una iniciativa de este tipo no puede aceptarse si no se enmarca dentro de un proyecto país. No es una decisión meramente técnica, debe ser consultada con diversos sectores involucrados en el tema”, dijo Aguilar.
Una posición similar expresó Carlos Sandoval, quien ha estudiado sobre el tema migratorio, al afirmar que Costa Rica maneja dos estándares en su política ambiental.
“Estamos manejando un doble discurso, especialmente impulsado por los gobiernos del Partido Liberación Nacional. Es un discurso hacia fuera para vender la imagen de país verde y otro depredador para adentro”, denunció a UNIVERSIDAD el diputado del Partido Acción Ciudadana, Claudio Monge.
“Aquí lo que hay es una complacencia hacia los organismos financieros internacionales, con quienes están dictando y manejando la economía mundial”, alertó Monge.
UNIVERSIDAD trató de consultar al Canciller René Castro sobre los reclamos de los ambientalistas, pero se encontraba fuera del país.
Sin embargo, en un artículo titulado “Petróleo ¿Sí o no?”, publicado en el diario “La Nación”, y en el que defendió su aval al decreto 26750, de 1998, y calificado por el biólogo Freddy Pacheco como “una ocurrencia” que ha metido a Costa Rica en problemas, Castro expresó su posición sobre la política ambiental del país.
“(Finalmente) publiqué en el 2008, en este mismo diario, que pienso que Costa Rica puede optar por una sostenibilidad fuerte y generar la famosa renta económica perpetua, siguiendo una vía más verde, más próspera y más solidaria que la que ofrece la sostenibilidad débil (que sí considera aceptable la actividad extractiva). Pero, independientemente de que a los ambientalistas no nos gusten las actividades extractivas, la Ley de Hidrocarburos está vigente y la normativa ambiental se ha mejorado y sofisticado en los últimos años. Vigilemos por que se cumpla”, indicó.
 

 
Hay que derogar o reformar  ley de hidrocarburos, dicen diputados
El diputado del Frente Amplio, José María Villalta, dijo a UNIVERSIDAD que la actual ley de hidrocarburos deber ser derogada, porque a su juicio fue concebida para “favorecer intereses económicos y de las transnacionales”.
“Es una ley perjudicial para el país. Se hizo en los años 90 con el auge de las políticas neoliberales, se basó en un machote impuesto por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Es una  ley hija del Consenso de Washington”, alertó el legislador.
Villalta dijo que una concesión a Mallon para que explore y explote hidrocarburos en el norte y Caribe de Costa Rica causaría un grave daño ambiental. “Es una hipocresía el discurso de que somos ejemplo de país verde”, señaló.
Criterio similar emitió el diputado Monge. “Es necesario cambiar la ley de hidrocarburos. Ya estamos trabajando para someterla a revisión en la Comisión de Ambiente”, informó.