Diversas fuentes consultadas por UNIVERSIDAD coincidieron en que, en vista de lo masivamente impopular que es la actividad petrolera en el país, la empresa Mallon Oil buscaría más bien la firma de un contrato de exploración, a partir del cual alegar pérdidas una vez que la actividad se demuestre inviable.
Esa hipótesis se ha visto alentada por las acciones de la misma empresa, que de manera pública ha insistido en firmar el contrato de concesión con el Gobierno, antes de presentar un Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) completo.
Mauricio Álvarez, de la organización Oilwatch Mesoamérica, afirmó que “el interés de Mallon Oil no es la explotación en sí, sino tener la posibilidad posterior de hacer pasar todo como una pérdida”.
En ese sentido, destacó que hasta ahora la empresa “lo único que ha invertido es cuando  mucho unos $5.000”, que calcula pudo haber costado el único estudio que ha presentado.
 
 
Un criterio similar expresó el abogado y ambientalista, Álvaro Sagot, quien explicó que si se firma el contrato se consolidan los derechos de la empresa, “aunque no está nada claro cuánto es el capital que podrían extraer en petróleo; de todos modos abre más posibilidades para elevar el monto de una eventual indemnización”.
ESTUDIO FRAGMENTADO
La insistencia de Mallon Oil ha llegado al punto de apelar una resolución de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), la cual determinó que la empresa debe presentar el formulario D1 de evaluación ambiental, en el cual se deben incluir estudios de ingeniería, geología, arqueología, hidrología y demás, según explicó el biólogo Freddy Pacheco.
Él recientemente presentó una acción de nulidad ante el Tribunal Contencioso Administrativo,  contra el decreto ejecutivo 26750-MINAET que en febrero de 1998 firmaron el entonces presidente José María Figueres y su ministro de Ambiente y actual canciller René Castro.
Dicho decreto dividió el EsIA requerido para los proyectos de exploración y explotación petrolera en dos fases, de manera que para declarar firme un contrato de adjudicación estatal, basta con el cumplimiento de la primera fase, establecida como requisito “indispensable y suficiente” y la cual no es el EsIA completo, sino “únicamente avances preliminares de la investigación de prospección inicial”, expone el texto de la acción.
De hecho, Pacheco puntualizó a UNIVERSIDAD que el mismo decreto “dice que no es un estudio de la actividad impactante”.
Es decir, Mallon Oil exige al Gobierno la firma del contrato de concesión, tras cumplir con esa Fase I del EsIA mediante la presentación de un documento titulado “Proyecto de recopilación y análisis de información para la Fase I de prospección petrolera en la región Huetar Norte y Huetar Atlántico de Costa Rica”.  Se trata de “una simple actividad de gabinete, para analizar información científica regional ya existente”, según la acción de Pacheco.
Para el ambientalista, en su momento el accionar de la petrolera Harken fue similar, aunque esa empresa sí presentó un estudio de impacto físico en el campo, y ello bastó para que firmara su contrato con la administración del mandatario Miguel Ángel Rodríguez Echeverría.
Al respecto, el abogado Sagot manifestó que según el principio precautorio en favor de la naturaleza -conforme lo maneja la Sala Constitucional y de acuerdo con la Ley Orgánica del Ambiente-, “hoy en día no se vale fragmentar un EsIA como pretende la empresa, en el sentido de hacer primero unos estudios preliminares, luego la prospección sobre el espacio físico -me imagino que con tala y demás-, y luego la presentación del estudio completo”.
Sin embargo, Pacheco insistió en que “Harken lo hizo así y ahora Mallon lo quiere hacer igual; Harken logró la firma con Miguel Ángel Rodríguez y su ministra Elizabeth Odio, y ahora Mallon lo busca con Laura Chinchilla y quien ocupe el MINAET, pero hay que recordar que René Castro está en el Gobierno”, indicó.
El ambientalista Álvarez -ante el hecho de que la empresa Harken se basó en el mismo decreto, pero presentó un estudio de actividad en el campo que Mallon Oil no ha hecho-, comentó:  “No creo que les interese la exploración, sino firmar el contrato; de lo contrario, ya habrían hecho algún estudio de actividad en el sitio”.
MODUS OPERANDI
El abogado Sagot sostiene que al día de hoy la empresa petrolera no tiene un derecho jurídico consolidado y que la firma de un contrato afianzaría sus posibilidades de ir a un arbitraje internacional, en caso de que por alguna razón -como la no aprobación de un EsIA o por la oposición popular- no logre explorar o explotar el petróleo.
“Podrían actuar en la misma línea de Industrias Infinito; tras ubicarse en un sitio específico buscarían una declaratoria de interés público y conveniencia nacional, para poder hacer cambios en el ambiente, como tala de árboles o afectación de mantos acuíferos”, indicó.
De acuerdo con el abogado, la firma de un contrato podría presionar al Estado a tener que emitir esa declaratoria, a partir de la posibilidad de una demanda internacional. “Lo que me choca es cómo los diferentes jerarcas pasados y actuales, dicen que se presentará esa demanda, pues la realidad es que los mismos costarricenses también podemos presentar una demanda, como sucedió en el caso de Crucitas ante los daños ambientales por la tala, por ejemplo”, acotó.
“El Tribunal Contencioso Administrativo demostró tener claridad e independencia para marcar un norte sobre lo que se puede hacer para proteger la biodiversidad y el modelo de desarrollo sustentable”, añadió.
Por su parte, Álvarez cree que en el caso de Mallon Oil -al igual que con la mina en Crucitas-, “el Gobierno les quiere ayudar; el único objetivo es la firma del contrato para negociar la concesión,  o bien, que se abra la posibilidad de una demanda internacional”.
El ambientalista recordó que la Ley de Hidrocarburos impone para los contratos de este tipo una cláusula, en términos de que los diferendos que surjan se resuelven en el país. “En el caso de Harken, el hecho de que acudieran a un tribunal internacional -sumado a la falta de un EsIA- sirvió como causante de nulidad de su contrato; pero, en el caso de Mallon se trataría de un contrato firmado ya en vigencia del TLC con Estados Unidos, que estableció la vía de acudir a tribunales internacionales”.
 

 
30 meses de trabajo conjunto
Mauricio Álvarez facilitó la copia de una carta que al entonces jerarca del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET), Jorge Rodríguez, le dirigieron el representante de Mallon Oil, Pedro Oller, y Randy Harris, de la corporación estadounidense Black Hills Exploration and Production, empresa a la cual está afiliada Mallon Oil.
Esa misiva está fechada el 2 de julio del 2009 y en ella los firmantes señalan que “durante los últimos 30 meses”, representantes del MINAET y de esas empresas trabajaron “conjuntamente a fin de concluir el Contrato de Concesión”.
Sin embargo, se quejaron de que en una reunión el 14 de mayo del 2009 -con participación de  abogados de la empresa, el viceministro de Energía Julio Matamoros y el Director de la Dirección General de Hidrocarburos, entre otros-, “se nos notificó verbalmente sobre la reciente decisión del presidente Arias (Óscar) de no firmar el Contrato de Concesión”, lo cual fue “un evento muy desafortunado, luego de los grandes esfuerzos del Viceministro de Energía, de los profesionales del MINAET y de RECOPE, del exministro Dobles y de nuestro personal”.
La misiva señala que el expresidente Arias en declaraciones en “los años 2006, 2007 y 2008 reportadas por los medios de comunicación”, manifestó “apoyo para la exploración petrolera y de gas natural”. Es decir, la decisión de Arias de la cual se quejan las empresas y que implicó un viraje de 180 grados, se dio posterior a la salida de Roberto Dobles como jerarca del MINAET, en marzo del 2009.