El estallido de la larvada crisis financiera y administrativa de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) significó un golpe más para la credibilidad del Gobierno de Laura Chinchilla, aunque atenuado hasta cierto punto por la huelga que desvió la atención, consideraron analistas.
Al mismo tiempo se abrió una oportunidad para empezar a solucionar los múltiples problemas de la Caja, institución clave del estado social de derecho de Costa Rica.
De momento, la crisis ya causó la primera baja política, en la figura de Eduardo Doryan, quien la semana pasada anunció que renunciaba a la presidencia ejecutiva del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), para defenderse de las acusaciones “nada veladas” en su contra atribuyéndole responsabilidad por la debacle del Seguro Social.
Doryan fue presidente ejecutivo de la CCSS durante el anterior Gobierno de Óscar Arias, cuando se disparó el desequilibrio financiero de la institución, según el informe de una comisión de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) conocido hace dos semanas y que abarcó el período 2005-2010.
El analista político Víctor Ramírez dijo que Doryan no renunció sino que “le pidieron la renuncia”, y está bien para que dé la cara y haya explicaciones, porque la situación es muy grave, tal y como refleja el informe de la OPS.
El documento identificó un insostenible aumento del gasto en la institución, cuyos disparadores principales fueron la creación de plazas, aumentos salariales por encima de la inflación y el pago de incapacidades, guardias y horas extras a los funcionarios.
EL informe de la OPS dice –apuntó Ramírez- que la institución viene atravesando una situación financiera delicada que puede poner en riesgo su sostenibilidad y hay un gran deterioro de la situación de liquidez. Contiene cifras duras, como el enorme crecimiento de la planilla entre el 2005 y 2010, que es básicamente el gobierno de Óscar Arias, un aumento en el ingreso de 16,4% en estos años y un aumento del gasto de un 20.9%, y la insostenibilidad financiera podría llegar a ser la suma de ¢313.000 millones en el 2015.
Este es otro plato con hormigas en la “mesa servida” que le dejó Arias a Chinchilla, como el déficit fiscal, la concesión de la carretera a Caldera, la minera en Crucitas y otros que son investigados, señaló.
Manuel Rojas, sociólogo y académico universitario, consideró que la caída de Doryan es un golpe más para la credibilidad de la Presidenta, quien dijo que no iba a buscar culpables porque su interés era buscar solución de los problemas, pero luego dejó entrever un cambio y Doryan cayó. Eso perjudica su imagen porque denota que es una mujer que no habla claro en los momentos indicados, y por otro lado Doryan es una figura fuerte de su partido y era como la presencia de la administración anterior en el actual Gobierno para impulsar la “modernización” del ICE, comentó.
Sin embargo, en su criterio, el deterioro de la imagen del Gobierno se vio atenuado por una huelga inoportuna, que sacó del foco de atención el meollo de los problemas de la Caja que preocupan a la mayoría de la población costarricense.
Por su parte, Ramírez consideró que fue una huelga irresponsable, para defender algunos privilegios de los empleados de la institución, que la mayoría de los costarricenses no iban a apoyar, tal es el caso de las incapacidades como salario, y que la Procuraduría General de la República (PGR) ya dijo en el 2000 que era ilegal.
“Esto colabora a que todos veamos que la Caja está realmente en una seria crisis, y debe ser la oportunidad para que se empiece a resolver los problemas que tiene la Caja y son muchos en todos los campos”, dijo.
Son problemas que no se resuelven poniéndole más  plata a la institución, ni siquiera congelando plazas y salarios como parece que es la solución a corto y mediano plazo al menos. “Pero ha de venir una cirugía mucho más profunda con un gran debate nacional, porque aquí hay grandes intereses internos y externos, sanos y malsanos, que tienen visiones distintas de lo que la Caja debe ser”, advirtió Ramírez.
Lizbeth Quesada, exdefensora de los Habitantes y médica de profesión, señaló que en la CCSS se necesita una reorganización administrativa porque está fallando su gestión. Hay que meter el bisturí y cada uno debe asumir una cuota de sacrificio. La pregunta es si el Gobierno va a asumir el costo político de las medidas que se deben tomar, cuestionó.
En lo inmediato, la Caja tendrá que reducir el gasto, porque ya no tiene de dónde obtener más recursos; lo que significa que deberá determinar cuáles son las prioridades para la  salud de los costarricenses y enfocar ahí el gasto.
Hay que terminar con el abuso en las incapacidades de los funcionarios, las compras de servicios privados que alimentan la medicina privada y hacer que el Gobierno y los patronos morosos le paguen a la Caja lo que le deben, apuntó.
Por otro lado, la exdefensora dijo que hay muchas interrogantes alrededor de la renuncia de Doryan y las redes sociales, las organizaciones y la gente en general deben pedirle cuentas.
Si bien es cierto que no es el único culpable, pues desde hace tiempo los gobiernos vienen haciendo arreglos de pago y dejando de pagarle a la Caja, su obligación como presidente ejecutivo era con los usuarios y con el pueblo de Costa Rica, y no taparle al presidente de la Republica la verdadera situación de la Caja.
La pregunta es por qué se quedó callado sobre la verdadera situación, y decía que el “Seguro estaba seguro” y todo iba bien, si los aumentos salariales y los casi 11.000 empleados que metió iban a crear un déficit en la institución.
“Lo que pasa es que si hubiera dicho en ese momento cuál era la verdadera condición de la Caja probablemente doña Laura no llegaría al poder con Liberación Nacional, y por eso se quedó callado, pero el que caya otorga”, afirmó Quesada.
Para la exdefensora uno de los mayores problemas de la CCSS es la intromisión política a través de una presidencia ejecutiva nombrada por el Poder Ejecutivo, que toma decisiones políticas y no técnicas.
La presidenta de la República no nombra a la rectora de la Universidad de Costa Rica, que tiene autonomía por mandato constitucional, pero sí nombra a la presidenta ejecutiva de la Caja, a la que igualmente la Constitución le otorga autonomía, señaló Quesada.
El médico Agustín Páez, quien es directivo de la Caja en representación del sector laboral, dijo que el informe de la OPS puntualiza cosas importantes de lo que ha ocurrido en estos años y señala la necesidad de hacer cambios. El documento está más centrado en los gastos, que en los ingresos que se han dejado de pagar a la institución.
Lo que se ve es que hay un gasto grande, sobre todo en incapacidades y disponibilidades, que hay problemas de gestión y se puede trabajar más eficientemente, que algunas de las personas nombradas no han tenido en sus puestos un seguimiento para asegurarse que tienen la productividad que la institución necesita.
Dijo que hay que hacer una gestión del gasto más eficiente, pero lo más importante es asegurarse que la Caja recibe los ingresos suficientes para poder hacer las cosas que tiene que hacer. Páez señaló en ese sentido, que desde los años 70, 80 y 90 el Gobierno,por diferentes mecanismos, le fue restando recursos a la Caja que hubieran sido decisivos y la institución estaría mucho mejor, aun cuando hubiera que hacer reformas.
La huelga que paralizó algunos servicios de clínicas y hospitales durante cuatro días, y solo consiguió un acatamiento parcial de los funcionarios, fue levantada el sábado pasado tras un acuerdo firmado por los sindicatos y la administración en que se convino, entre otros puntos, que a los que participaron se les rebajará en dos tractos los días no trabajados, y las partes seguirán discutiendo el tema de las incapacidades.
INVESTIGACIÓN
De momento, el remezón en la Caja lo que va dejando es la creación de una comisión especial en la Asamblea Legislativa, con participación de la sociedad civil, para investigar las causas y responsabilidades de la crisis de la CCSS, propuesta por la diputada Carmen Granados, del Partido Acción Ciudadana.
Por otro lado, en la CCSS se nombró una comisión de consultores para analizar la situación de la entidad y proponer soluciones. El grupo está integrado por los economistas Fernando Naranjo, gerente del Banco Nacional; Paulo Sauma, quien fue directivo de la Caja en el gobierno de Arias; Rafael Carrillo, expresidente de la Unión de Cámaras de la Empresa Privada,  y la socióloga Juliana Martínez. Todos, excepto Martínez, son personas afines al Partido Liberación Nacional.
El diputado José María Villalta, del Partido Frente Amplio, dijo que con la comisión legislativa esperan entrarle a fondo a las causas del deterioro de la seguridad social.
“El propósito es que destapemos la corrupción que ha venido desmantelando la Caja todos estos años, que les  entremos a los problemas estructurales del seguro de salud, ver quién está aportando, quién no está pagando, la deuda de los patronos irresponsables, y el pago de los trabajadores independientes, donde los aportes son muy inferiores a los ingresos reales, especialmente los profesionales liberales. Igualmente la deuda millonaria del Estado, recuperar la autonomía de la Caja, despolitizar esta institución, los gastos superfluos en toda la burocracia administrativa”, enumeró Villalta.
La comisión tiene cuatro meses prorrogables por otros cuatro meses, un tiempo mínimo para sacar un informe con propuestas de reformas que ayuden a rescatar la seguridad social, enfatizó el legislador.
De acuerdo con un análisis de la Defensoría de los Habitantes publicado la semana pasada, los patronos morosos le deben a la CCSS ¢142.211 millones, y el 95% de esa deuda corresponde a empleadores inactivos, lo que dificulta el cobro.
De los más de 18.000 patronos registrados, 37 acumulan el 21.2% de la deuda, lo que representa ¢29.864 millones. Estos números llevan a preguntarse cómo es que la Caja permite que se acumule tal número de cuotas sin pagar con montos tan elevados, dice el informe, basado en las cuentas entregadas a la Defensoría por la propia CCSS.
Diversos sectores han venido denunciado por años la existencia de un grupo de patronos intocables vinculados al poder político que deben miles de millones a la Caja pero las deudas se mantienen sin cobrar.
Una táctica empleada es declarar las empresas morosas inactivas para seguir operando con otro nombre y que no les puedan cobrar. La Caja ha declarado muchas de esas cuentas incobrables, a pesar de que la ley establece la responsabilidad solidaria del grupo económico al que pertenecen y faculta a la institución para cobrar.
El economista Mario Devandas dijo que ha preguntado a la Caja cuál es el protocolo para declarar incobrables las deudas y no ha sido posible que le digan cuál es, y debería existir un protocolo, porque de lo contrario cualquiera se declara inactivo y no paga la obligación con la seguridad social (ver nota “Contabilidad oculta…”).
La semana pasada la fracción legislativa del PAC publicó una lista de patronos que deben millones a la Caja y que fueron contribuyentes de la campaña de Laura Chinchilla (ver recuadro.
 

 
Sala IV ordena al Estado pagar a la Caja
Jorge Luis Araya
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Mario Devandas afirmó que “la contabilidad de la CCSS está diseñada para ocultar la información”, por lo que aparecen cifras diferentes en los informes que se han dado, pero que “buceando” en los estados financieros de la entidad él ha concluido que la deuda acumulada de todo el sector público con la institución suma ¢728.000 millones.
Se encuentra por ejemplo una partida que dice “cuotas a cobrar a instituciones”, y uno lo toma como un cobro que hay que hacerle al sector público, pero cuando se va al análisis de las cuentas de ese rubro se encuentra que hay empresas privadas ahí metidas junto con el Ministerio de Educación y otros, entonces es una mescolanza donde cuesta obtener la información, dijo Devandas quien durante años ha estudiado la situación de la Seguridad Social.
Los ¢728.000 millones no incluyen los ¢147.000 millones que la Caja tiene consignados como incobrables, y que aunque en la auditoría interna se ha hecho la observación de que esa partida no puede pasar por incobrables porque son sumas que debe el Estado por ley, en la contabilidad de entrada ya hay ¢147.000 millones menos, señaló Devandas.
La suma tampoco incluye lo correspondiente a la Ley de Protección al Trabajador, según la cual se debe traspasar a la Caja hasta un 15% de las utilidades de las empresas públicas, pero en más de diez años de vigencia de la Ley nunca se ha aplicado.
La Unión de Empleados de la Caja (UNDECA)  presentó un amparo ante la Sala Constitucional, que le ordenó a la ministra de Trabajo hacer un reglamento para cobrar esos recursos que deben al seguro de Invalidez, Vejez y Muerte, pero la ministra lo incumplió. La organización presentó entonces otro amparo que la Sala declaró con lugar el pasado 1 de junio, y condenó al Estado al pago de daños y perjuicios en contra de la Caja.
La CCSS  debe estimar los daños y perjuicios y presentar el contencioso para que el Estado le pague. Aunque se ha dicho que serían unos ¢300.000 millones, la suma podría sobrepasar los ¢500.000  millones, considerando que se trata de las utilidades obtenidas por el Banco Nacional, Banco de Costa Rica, Crédito Agrícola, el INS, RECOPE y otras empresas del Estado, estimó el economista.
Por ello, Devandas dice que  la deuda puede ser de más de un millón de millones, aunque la Caja considera que son ¢420.000 millones.
El economista dice que hay recursos suficientes  para financiar a la Caja: están los ¢200.000 de la ley que traspasó los hospitales del Ministerio de Salud a la Caja, deuda que los gobiernos aceptaron pero que no se ha pagado. Están también las rentas de los hospitales que debían pasar a la Caja, como la de la Junta de Protección Social, que ingresa $160 millones de dólares (¢80.000 millones) anuales de la lotería. Además, están los recursos del Fondo de Asignaciones Familiares que se deben entregar al régimen no contributivo de la Caja.
Asimismo, hay una ley que establece un impuesto sobre bebidas alcohólicas y cigarrillos y un porcentaje tiene que pasar a la Caja, pero el Ministerio de Hacienda no se lo paga.
“Estamos ante una flagrante conducta ilegal del Poder Ejecutivo. El Estado está obligado por la Constitución y la ley a poner la plata que falta para sostener la seguridad social; el ministro de Hacienda está obligado a incluir las partidas en el presupuesto, y no pagar las cuotas es un delito, pero a nadie se ha llamado a cuentas por eso”, reclamó Devandas.
La Caja necesita una reingeniería total pero esto no va a ocurrir mientras las decisiones en esa institución sigan dependiendo de la Casa Presidencial.
Cuando se dice que ha fracasado la gestión administrativa de la Caja lo que hay que entender es que ha fracasado la gestión política y la figura de las presidencias ejecutivas. Por lo tanto, debemos dar una lucha por rescatar la autonomía que la Constitución establece para la Caja, que es una autonomía expresa en materia de gobierno y administración, remarcó el economista.