El Sistema de Seguridad Social  Universal y Solidario es el mayor obstáculo en la privatización del Estado y por ello no han dudado en exprimirle su jugo y estrangularlo hasta la asfixia. Algunos, al mejor estilo de forajidos del oeste, asaltaron sus arcas mediante contratos leoninos, v. gr. Préstamos español y finlandés.
Esos personajes solo merecen como destino la cárcel. Otros, las mafias más sofisticadas, nombraron administradores y representantes corruptos en las Juntas Directivas de la Caja, incluyendo gremios cuestionados y adiestrados para desequilibrar sus finanzas y para precipitar la bancarrota (no sin antes haber adquirido clínicas privadas, para aprovechar el río revuelto).
La última Gobernante, con un equipo de Gobierno inexperto y desorientado, recogió la batuta para continuar la partitura neoliberal sin compás ni ritmo, para que cada quien tocara  su son. El comisionado neoliberal Eduardo Doryan sirvió de corsario para este cometido, bastando solo cuatro años, del 2007 al 2010 para dejar a la CCSS en la ruina, a merced del desbarajuste en las operaciones emprendidas (Informe de la OPS).
A esto debemos sumarle otro serio problema: El consorcio de un Gobierno moroso e irresponsable, con el Sindicato UNDECA que no ha sabido hacer la diferencia entre derechos laborales y privilegios. Su principal demanda en la huelga que iniciaron, ha sido el reconocimiento de las incapacidades como salario, lo cual no solo es discriminatorio con el resto del sector laboral, sino que se presta para la corrupción.
Sumando cuatro factores de esa gollería, entendemos porqué en esta institución las incapacidades se multiplican 5 a 1 con relación al sector privado. A saber: 1.-Reconocimiento del 100% como parte del salario. 2.-Concubinato bajo el mismo techo con quienes las otorgan. 3.-Reconocimiento de ese rubro para aguinaldo, antigüedad, salario escolar, jubilación, etc. 4.-Factores todos, que combinados, redundan en que resulte más rentable salarialmente incapacitarse que laborar.
El fundamento del dictamen de la Procuraduría -C-118-2011, 31 de mayo de 2011, que generó esta controversia- no es nuevo, ha sido reiterado y mantenido desde el 2000, y es consistente en el sentido de que las incapacidades no son parte del salario, porque por dogmática-jurídica este se obtiene a través de una contraprestación de un servicio. En  el caso de las incapacidades estamos frente a otra figura jurídica: las subvenciones, lo cual constituye un rubro especial. Razón por la cual el monto de las incapacidades no son tomadas en consideración para el cálculo de las retenciones, cargas sociales o renta.
En la coyuntura actual más bien cabe preguntarse: ¿Si la primera consulta realizada a la Procuraduría fue en 1999, por el entonces presidente ejecutivo Rodolfo Piza Rocafort, por qué razón se tardaron once años en aplicarla? En ese momento indicó la Procuraduría “la Administración Pública no sólo puede jurídicamente eliminar esa práctica administrativa, sino que, conforme al principio de juridicidad, tiene la obligación de hacer todo lo que esté a su alcance para enderezar esa situación, toda vez de que la costumbre administrativa que se ha seguido es contraria al ordenamiento jurídico”.
MÁS ADELANTE AGREGA EL ENTE: “Cuando exista un pronunciamiento vinculante de la Procuraduría, y la Administración consultante o sus agentes se separen de éste, o bien de la jurisprudencia administrativa existente sobre la materia, puede considerarse que dicha conducta administrativa es contraria al ordenamiento jurídico, y consecuentemente ilegal; lo que podría dar lugar al establecimiento de eventuales responsabilidades personales (administrativas, civiles e incluso penales) de quienes actuaran en esa dirección, ya sea con dolo o culpa grave.
Los Asegurados de la Caja no han sido invitados a esta Piñata Caja-UNDECA; han sido los huérfanos en esta lucha. Ni las Autoridades, ni los Sindicatos han respondido por las reiteradas denuncias de corrupción en los hospitales. Guardan silencio monacal antes que explicar por qué hay funcionarios que devengan hasta ¢14 millones mensuales o guardias médicas de ¢1 millón diarios. Nadie ha querido responder las reiteradas denuncias de corrupción del sector médico y las negligencias del personal hospitalario.
A nadie le debe caber duda que los principales responsables son el Gobierno liberal de los Arias y Laura Chinchilla, pero las organizaciones sindicales desmerecen y ofenden la historia de lucha de sus antecesores cuando lo que exigen son gollerías. Creen que raspando la hoya obtendrá un beneficio, sin percatarse que lo que le están haciendo es un enorme hueco.
 
Si el Gobierno logra su propósito de trasladar el sector salud a las instancias privadas, lo cual no se ve en un horizonte muy lejano, del desempleo brotarán las lágrimas de sangre de quienes irresponsable u ingenuamente han coadyuvado en esta crisis.