El Tribunal Contencioso Administrativo es la arena donde se pelea una batalla legal entre tres directivos del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) y la Fundación Promotora de Vivienda (FUPROVI), conflicto que ya implicó la suspensión de esos funcionarios por parte de la Contraloría General de la República.
Ante ese tribunal, acudió primero la FUPROVI, con un reclamo que asciende a ¢225 millones por unas obras de urbanismo realizadas en el 2008 en Finca San Juan en Rincón Grande de Pavas,  que exige al INVU que le pague.
La Fundación, asimismo, planteó el caso ante la Contraloría General de la República, instancia que además de suspender de su cargo a los directivos Pedro Gamboa, Francisco Protti y José Manuel Jiménez, los inhabilitaría de ejercer cargos públicos por dos años, si queda en pie la decisión por el hecho de haber firmado el acuerdo para llevar a cabo el proyecto con la FUPROVI.
Sin embargo, según explicó Pablo Barahona, abogado de los funcionarios, no corresponde ningún pago por parte de la institución a FUPROVI, pues esta instancia “asumió las obras bajo su propia cuenta y riesgo”.
 
Según explicó, la Fundación se ofreció para desarrollar el proyecto; “lo cierto es que en toda la primera etapa de conocimiento del proyecto a lo interno del INVU, el departamento legal determinó que no había problema y la junta directiva incluso citó a los directivos de la FUPROVI y les dijo que se podía llevar a cabo, pero bajo su propio riesgo, pues cualquier desembolso debería esperar que se abriera un cartel licitatorio”.
UNIVERSIDAD buscó el criterio de la FUPROVI sobre el caso. La funcionaria Anabelle Prado, encargada de comunicación e imagen, por teléfono dijo haber recibido un primer correo electrónico y sugirió otra dirección a la que se le enviaron preguntas que tenían que ver con los trabajos realizados en Pavas, con los periodos durante los cuales el exministro de Vivienda Fernando Zumbado ocupaba un puesto en la junta directiva de la Fundación y para determinar si él en la actualidad tiene algún puesto o responsabilidad en esa instancia.
Al cierre de edición solo se contó con las siguientes declaraciones: “de conocer el avance del caso sobre los directivos del INVU cesados por la Contraloría por las obras realizadas por FUPROVI en Finca San Juan de Pavas, me permito informarle que según nuestra asesora legal, somos respetuosos de la decisión que tomó la Contraloría. En relación con la suma que el INVU le adeuda a FUPROVI estaremos a la espera que lo resuelvan los Estrados Judiciales”.
POLÉMICA
Rincón Grande de Pavas es una de las comunidades consideradas en riesgo social y al momento en que se concretó la iniciativa de la FUPROVI vivía momentos de tensión, precisamente por el olvido estatal y la falta de construcción de obras públicas.
De acuerdo con un estudio de la auditoría interna del INVU fechado en octubre del 2008, ambas entidades no suscribieron cartas de entendimiento o contratos específicos de obra de ningún proyecto de vivienda, sino un documento denominado “Alianza Estratégica entre INVU y FUPROVI”, el cual “al no tener refrendo no permitió suscribir las cartas de entendimiento para ningún proyecto”. En el mismo documento se puntualiza que “FUPROVI inició obras de infraestructura en el asentamiento bajo su riesgo y responsabilidad”.
En este caso, se acordó la construcción de elementos como alcantarillados o veredas y la FUPROVI llevó a cabo parte de esas obras bajo la fiscalización del INVU; sin embargo, antes de que concluyeran los trabajos rodó la cabeza de Fernando Zumbado como ministro de Vivienda “y con ello, cayó un poco el apoyo político a FUPROVI, que decide dejar la obra botada de manera que se trata de un problema político, no jurídico”, expresó Barahona.
El abogado agregó que toda la iniciativa de que esa Fundación realizara las obras “provino de Fernando Zumbado, quien es uno de los fundadores de FUPROVI” (ver recuadro “¿Presiones?”).
Especificó que la Contraloría General de la República abrió entonces un órgano director ante el hecho de que el departamento legal del INVU dio a la junta directiva su consentimiento de que la institución aceptara que la FUPROVI realizara las obras por su propia cuenta, con la garantía de que una vez salido el cartel, si se escogía a otro ente se les indemnizaría el monto invertido. “Lo interesante es que hasta el momento no ha habido un solo centavo de egresos de fondos públicos, pues FUPROVI asumió la tarea bajo su costo”, acotó Barahona.
Según explicó, ya con las obras iniciadas, el departamento legal del INVU realizó una consulta a la Contraloría y esta determinó que la iniciativa no se podía llevar a cabo de esa manera, según una tesis que Barahona consideró incorrecta.
Así, el departamento legal cambió totalmente su criterio ya cuando el proyecto estaba en marcha y la junta directiva del INVU quedó ante el panorama de no saber si atender el criterio de la asesoría legal inicial o el criterio posterior de esa misma asesoría.
En opinión de Barahona, el criterio legal original era acertado, ya que “es la figura típica de la donación a la administración pública. Se trata de una situación atípica que tiene que ver con la presión política del Ministerio, en donde FUPROVI se mete por media calle y dice que desarrollará las obras ante la gran presión social”, expuso.
Detalló que acudió al proceso contencioso administrativo, en primer lugar para solicitar medidas que permitan “que la discusión se dé de manera reposada sin tener a los señores suspendidos”, porque han sido separados del cargo de directivos. “Queremos que los jueces puedan valorar el caso en toda su extensión, ante una cantidad de detalles que la Contraloría simplemente no quiso valorar”, alegó.
En medio de todo el problema legal, queda la comunidad, la cual requiere obras que aún no se han concluido.
MAYOR TRANSPARENCIA
Carlos Sandoval, docente e investigador del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de la Universidad de Costa Rica y quien ha realizado estudios en la referida comunidad, hizo ver que el sector oeste de Pavas, sobre todo a partir del Hospital Siquiátrico, constituye una de las mayores aglomeraciones de población del país y al mismo tiempo de menor provisión de servicios públicos.
En ese sentido, criticó el hecho de que “uno de los mayores desafíos que tenemos es precisamente el tema de la vivienda, en el que tenemos músicos que tocan sus instrumentos, pero no se sabe si hay partitura, ni quién dirige la orquesta”.
Ya sobre el caso, cuestionó “cuando se trata de más de ¢200 millones, ¿en qué tipo de institucionalidad se puede imaginar que dos instancias se pongan de acuerdo, sin que medie un procedimiento establecido por ley?”.
Añadió que esto lo que parece ilustrar es “una enorme laxitud en términos de gestión pública, que parece colindar con la presunción de prácticas que podrían ser improcedentes; ¿a quién le cabe autorizar obras sin que hayan contratos?”.
 

 
¿Presiones?
El abogado Pablo Barahona facilitó una copia del oficio DM-1260-12-07, fechado el 11 de diciembre del 2007 y dirigido por Fernando Zumbado en su calidad de ministro de Vivienda, al entonces presidente ejecutivo del INVU, Eladio Prado.
En esa misiva, Zumbado menciona que “una de nuestras prioridades en el programa de erradicación de precarios es la intervención en la Finca San Juan en Rincón Grande de Pavas. Le hemos encomendado a FUPROVI la responsabilidad de dicha intervención, por lo que urge que se aprueben los acuerdos necesarios entre el INVU y la Fundación, que faciliten el trabajo de esta última”.
Posteriormente, aparece una anotación a mano y rubricada con la misma firma del oficio, que claramente dice “Eladio: esto ha estado pegado en tu departamento legal”.
Barahona calificó eso como “presión al departamento legal” y subrayó que Zumbado –además de ser fundador de la FUPROVI– ha estado varias veces en la junta directiva.
Por su parte, Carlos Sandoval recordó que Zumbado le encomendó a la FUPROVI varios proyectos como un plan de reordenamiento territorial en La Carpio. “Queda la duda de si se ha seguido la normativa correspondiente; ¿se licitó ese proyecto?, ¿cómo se comisionó a FUPROVI?”, criticó.