Raúl Silesky, presidente del Colegio de Periodistas. (Foto: archivo)
El escándalo en torno al imperio mediático de Randolph Murdoch no solo ha puesto de cabeza al Reino Unido, sino que ha traído al primer plano de la atención mundial una vieja pero siempre vigente discusión en torno a los alcances y límites de la libertad de prensa y el respeto a los derechos de los ciudadanos.
En Inglaterra, la discusión sobre las intervenciones telefónicas ilegales por parte de News of the World, el gigante derribado del imperio Murdoch (ver recuadro), ha llevado la discusión al más alto nivel de los poderes públicos y fácticos, como el Parlamento, el Poder Ejecutivo, la Corte de Justicia y la misma prensa.
Pero, el tema ha provocado discusiones en todo el mundo. Con matices varios, en todas partes, se plantea el dilema del creciente poder de los medios masivos de comunicación y su impacto en los ámbitos políticos y económicos, lo mismo que en el de la vida privada de los ciudadanos.
RENDICIÓN DE CUENTAS
En Costa Rica, las opiniones sobre este tema están profundamente divididas entre quienes se pronuncian por ejercer controles y exigir que los medios de comunicación rindan cuentas de sus acciones, y quienes consideran que cualquier forma de control o limitación a la libertad de prensa constituye una amenaza contra la democracia.
“Los medios han llamado a cuentas –y creo que con razón– a distintos sectores políticos, religiosos, económicos, sociales, pero una de las paradojas es que, en general, no hay forma de que a su vez los medios rindan cuentas”, opinó el comunicólogo e investigador universitario Carlos Sandoval García.
“La cuestión es cómo podríamos consensuar entre el Estado, la ciudadanía y los medios de comunicación algún mecanismo de rendición de cuentas, que de ninguna manera comprometa la libertad de expresión”, precisó Sandoval.
Giselle Boza, directora de Radio Universidad de Costa Rica, comparte el criterio de que es necesario establecer regulaciones, pero advierte que esta es una materia muy sensible, porque las empresas periodísticas reaccionan muy fuertemente a cualquier intento de regulación.
“Las empresas periodísticas en este país interpretan que la libertad de prensa es preferente, supralegal, supraconstitucional, porque no han admitido siquiera que se les aplique el artículo 46 de la Constitución, que establece el derecho de los consumidores a recibir información veraz”, manifestó Boza, quien también es integrante del  Programa de libertad de expresión, derecho a la información y opinión pública (PROLEDI), adscrito a la Rectoría de la UCR.
Por su parte, el presidente del Colegio de Periodistas de Costa Rica, Raúl Silesky, considera que eventualmente podría estar de acuerdo con que los medios estén obligados a algún tipo de rendición de cuentas, pero aseguró que nunca ha escuchado una propuesta concreta al respecto.
“Las entidades públicas elaboran un informe anual de labores para rendir cuentas que nadie lee. ¿Será eso lo que algunos pretenden que hagan los medios? Me imagino que no”, expresó el dirigente del gremio periodístico.
¿UN BALANCE POSIBLE?
La otra parte del dilema se centra en cómo establecer un equilibrio. ¿Hasta dónde llega la libertad de prensa y dónde empieza el derecho de las personas a su privacidad?
¿Es legítimo que los medios de comunicación hurguen en la vida privada de los ciudadanos? ¿Es parte de la libertad informativa exhibir la imagen de las personas cuando han sido víctimas de un acto de violencia?
Recientemente, la publicación en un periódico nacional de imágenes descarnadas de personas muertas en accidentes de tránsito y en otras circunstancias violentas, incluso la de un joven asesinado, generó una lluvia de protestas y críticas en las redes sociales de Internet.
De acuerdo con Sandoval, el mejor criterio para definir el problema es que “entre la libertad de prensa y el derecho a la privacidad, lo que siempre debería predominar es el interés público”.
De esta manera, las sociedades previenen que “en nombre de la libertad de prensa se imponga un interés de lucro o que, en nombre del derecho a la privacidad, se consienta el deseo de ocultar responsabilidades”, como los delitos de corrupción cometidos en la función pública.
Boza ejemplifica esta idea con un caso muy conocido: el “Memorando del Miedo”, publicado por el Semanario Universidad en setiembre de 2007. Aunque este documento, que se conoció en el contexto del referendo sobre el TLC con Estados Unidos, trascendió de una comunicación que podría alegarse privada entre un alto funcionario y un diputado oficialista, el evidente interés público que tenía por sus consecuencias políticas, justificaba que se diera a conocer por la prensa. El Tribunal Supremo de Elecciones declaró el memorando de interés público.
PROPIEDAD
Un extremo espinoso de la discusión es la concentración de los medios en manos de uno o muy pocos propietarios.
“Deben existir cláusulas que determinen que en algún sector de medios una misma empresa no debe tener control monopólico o cuasi-monopólico de la prensa, y también debería estudiarse la posibilidad de regular que personas con inversiones en medios puedan tener inversiones en otro sectores de la economía”, señaló Carlos Sandoval.
“Es un tema muy conflictivo, pero que debe estudiarse en el país, es absolutamente necesario. El monopolio, el oligopolio, la corporativización mediática es un riesgo para cualquier sociedad”, opinó Boza.
Por su parte, Silesky manifestó que “es tan peligroso que todos los medios de un país estén en manos del Estado, como que  estén en manos de un solo propietario privado”.
Sin embargo, el presidente del Colegio de Periodistas considera que las leyes costarricenses contienen normas que prohíben el monopolio en cualquier campo en general. Además, estima que en el país no existe una situación de monopolio mediático, porque distintos sectores tienen sus propios medios de comunicación, como las universidades y las iglesias. Además, hay periódicos comunitarios y gremiales.
 

 
El caso Murdoch
El llamado escándalo Murdoch ha sacudido a la sociedad británica en sus cimientos. Ha provocado la indignación masiva del pueblo; el cierre de un periódico con 168 años de existencia y un tiraje de casi tres millones de ejemplares y la caída de las máximas autoridades de Scotland Yard, el principal cuerpo de seguridad.
Aunque hace varios años se conocía que el diario sensacionalista News of the World, del magnate de la prensa Randolph Murdoch, espiaba a políticos, artistas e incluso miembros de la familia real, el hecho que desató la consternación pública fue la revelación hecha por The Guardian de que periodistas de ese otro periódico habían intervenido el teléfono celular de una niña de trece años desaparecida.
Este caso puso en evidencia que policías británicos en todos los niveles recibían dinero de News of the World a cambio de colaborar con las escuchas ilegales. Y de seguido empezaron a ventilarse los acuerdos y negocios que los Gobiernos británicos han venido celebrando tras bambalinas con Murdoch.
El analista británico Anthony Barnett define a Murdoch como “un hombre que vende guerras, que aprendió a sacar ganancia de la guerra durante el conflicto de las Malvinas, en 1982, circunstancia que lo ligó desde entonces al poder en su más alto nivel, entonces representado por la exprimera ministra Margaret Thatcher”, señala Barnett.
Y agrega: “Posteriormente, ha aplicado esta experiencia a nivel mundial a partir del 9-11. Ninguno de sus 130 editores en todo el mundo se opuso a la invasión de Irak. El formó un triunvirato con Bush y Blair para respaldar la invasión y diseminar por el todo el mundo las mentiras que justificaron esa aventura bélica”.
«En términos de experiencia política periodística no tengo ninguna duda de que este es el mayor escándalo que yo recuerdo en Reino Unido en más de 33 años de periodismo», explica Jimmy Burns, autor y periodista que ha tratado a fondo tanto con la clase política como con los servicios de seguridad en su largo paso por el Financial Times.
Sin embargo, los efectos totales del escándalo, que no ha llegado a los estrados  judiciales, aún están por verse.