La comisión legislativa de Seguridad y Narcotráfico mandó al archivo un proyecto de reformas a la ley de armas y explosivos presentado en el 2006 por considerarlo incompleto, y en su lugar hay ahora dos nuevas iniciativas –presentadas con algunos enfoques divergentes–, las cuales buscan dotar de una nueva ley “integral” sobre esta materia.
Mejorar la regulación de la tenencia y uso de armas de fuego –con las cuales se cometen más del 50% de los homicidios en el país– es uno de los reclamos ciudadanos para combatir la espiral de violencia que alarma a la población.
Estos temores se han acrecentado con una seguidilla de hechos de sangre a mano armada y han motivado protestas de grupos de ciudadanos, la última se realizó el pasado 25 de julio con una marcha de cientos de personas en San José, para pedir a las autoridades del Estado cumplir con la obligación de garantizar la seguridad ciudadana.
En la Comisión Especial de Seguridad y Narcotráfico hay en estos momentos un proyecto de ley presentado por el Partido Movimiento Libertario (PML), con el expediente 17.977, y otro del Ministerio de Justicia y Gracia, expediente 18.050.
 
Dichos proyectos reemplazan las propuestas de reforma a la Ley de Armas y explosivos Nº. 7530 de 1995, la cual se estaba discutiendo en la comisión, pero en abril pasado fue dictaminada negativamente y enviada al archivo. El proyecto base de esas reformas había sido presentado en el 2006 por los diputados Alberto Salom y Elizabeth Fonseca del Partido Acción Ciudadana (PAC).
Carlos Góngora, presidente de la Comisión, dijo que se desecharon porque eran reformas parciales y lo que se necesita es una nueva ley integral. A eso apuntan los nuevos proyectos.
El objetivo es lograr una regulación total, en cuanto a permisos para la tenencia y  portamiento de armas, establecimiento de multas y penas de cárcel para los infractores,  armas permitidas, calibres y número de armas permitidas por persona, entre otros aspectos, dijo Góngora, del PML.
Admitió que el tema ha sido polémico porque hay diferentes posiciones ideológicas. “Hay quienes creen que la gente tiene que estar desarmada y otros pensamos que, en este momento, hablar de desarme total es una falacia, porque hay gente que está armada, y entonces lo que hay que hacer es regularlo, y si la persona porta arma sin permiso o porta un arma ilegal que vaya a la cárcel”, afirmó.
En su criterio, a quienes tienen capacitación y se han preparado, no se les debe cercenar el derecho a tener arma. Asimismo, hay que establecer la responsabilidad solidaria entre el que mata con el arma de otro que no la reportó como arma robada o simplemente no la maneja adecuadamente.
Por su parte, Carmen Muñoz, diputada del PAC e integrante de la Comisión, dijo que ellos apoyaban el proyecto anterior, pero creen que el presentado por el Poder Ejecutivo es un proyecto bastante viable, pues recoge buena parte de las propuestas que se desecharon con el entierro del proyecto anterior.
Mencionó que tienen una diferencia sustancial con los libertarios, pues estos plantean que el poder armarse es un derecho y una prerrogativa de los ciudadanos. En cambio, su posición es que si bien los ciudadanos tienen derecho a portar armas, debe quedar establecido que finalmente la seguridad ciudadana es una obligación del Estado, y no puede depositarse esta responsabilidad en el ciudadano.
“Hay que ver lo que está pasando. La gente se está matando accidentalmente o por las razones que sean. Las armas están hechas para matar, y si están en manos de una persona es para usarlas. El 62% de los homicidios están ocurriendo por armas en manos de las personas, incluso por uso de armas legales, y no es como se dice que el problema son las armas ilegales únicamente”, comentó Muñoz.
Por eso, dijo que el proyecto de ley que apoyarán es más restrictivo que el de los libertarios en el manejo de armas por parte de la ciudadanía, sin que ello signifique que estén en contra de que el ciudadano se arme, aunque se quiere evitar –en lo posible– que ocurran hechos dolorosos como los que se han visto recientemente, en los cuales personas disparan contra otras en momentos de enojo o descontrol.
En el dictamen negativo que le dieron al proyecto anterior, los diputados y diputadas argumentaron que la propuesta había recibido una serie de objeciones de parte de los distintos sectores consultados, y los cambios que había sufrido el documento eran tantos,  que los miembros de la comisión consideraban más oportuno retomar estos contenidos y plasmarlos en un nuevo documento, que beneficie a la población en general.
Sobre el proyecto fue consultada la opinión del Ministerio de Seguridad Pública, Ministerio de Justicia, Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Ministerio Público, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Unión de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada y Asociación Costarricense de Empresas de Seguridad, entre otras instancias.
Existe un criterio conjunto de la necesidad de mantener controles y poder llevar registros actualizados, los cuales permitan determinar el número de armas que hay en el país. Se ha planteado, también, la necesidad de agilizar los trámites y flexibilizarlos de forma tal, que todas aquellas personas que desean poseer un arma de fuego lo hagan en forma responsable, cumpliendo los requisitos y teniendo el conocimiento y la práctica necesaria para poder utilizar estos objetos, señalaron.
Se impone también la necesidad de establecer controles sobre los materiales explosivos; es necesario exigir a quienes se dedican a actividades relacionadas con esta materia, que cumplan con los requisitos de seguridad y tengan los conocimientos necesarios para su fabricación y manipulación, indicaron entre otros señalamientos.
ARMAS Y VIOLENCIA
Los proponentes del proyecto, que finalmente fue desechado, argumentaron –para fundamentar la necesidad de tener una regulación restrictiva– que la tesis de que la posesión de armas disminuye los niveles de inseguridad no es de recibo. Esto porque existen estudios que la contradicen y en realidad lo que ocurre es que al existir un mayor número de personas armadas, la inseguridad, la violencia y el miedo se incrementan, al afectar en forma negativa la paz de las personas.
Recordaron que existe un mercado negro, que representa entre el 20% y 60% de las armas legales existentes.
Estudios realizados por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) de Costa Rica demostraron que se dio un incremento en la posesión de armas de fuego y el número de homicidios, de los cuales el 52% de los cometidos en el período 2001-2003 se dio con armas de fuego;  por otra parte, el número de robos y las lesiones, que se producen con el empleo de armas de fuego, son más letales que las causadas con otro tipo de medios, indicaron.
Otro factor negativo, asociado con la tenencia de armas de fuego, son los accidentes ocurridos dentro del hogar o fuera. La violencia doméstica no escapa a esta circunstancia, y también ha sufrido un incremento en los últimos años, señalaron.
Francisco Cordero, miembro de la asociación Centro de Amigos para la Paz, la cual trabaja con niños y adolescentes en programas de educación para la convivencia pacífica, recordó que el 70% de accidentes con armas en las casas se producen con armas de las familias de la víctima. Seis de cada diez niños que resultan baleados son afectados porque hay un arma en la casa. “Entonces estamos en contra de la tenencia de armas”, expresó.
 

 
Armas de por medio
-Alrededor del 52% de los homicidios dolosos del trienio 2001-2003 se cometió con arma de fuego.
-Según datos disponibles sobre los homicidios dolosos en la modalidad de violencia doméstica, en el 2003 el 13% de las víctimas murió por arma de fuego.
-En el 51.4% de los casos de robo con violencia, tuvo el arma de fuego como instrumento de amenaza, de acuerdo con las denuncias atendidas por el OIJ en San José ese año.
-En la Encuesta Nacional de Seguridad 2004, se determinó que el 5% de las personas entrevistadas poseía un arma de fuego al momento de la entrevista, resultado significativamente mayor entre los hombres (7.8%) que entre las mujeres (2.2%).