El sistema judicial de Costa Rica no es democrático, dicen expertos. (Foto: Katya Alvarado)
Las dudas surgidas tras la selección en mayo pasado por parte de la Sala Tercera de 20 candidatos al cargo de magistrados suplentes, escogidos de un total de 52 postulaciones, siguen preocupando a integrantes de la Comisión de Nombramientos de la Asamblea Legislativa, quienes revisan con gran celo los atestados de cada uno de los recomendados por la Corte Plena del Poder Judicial.
La mayor preocupación de algunos diputados miembros de la Comisión, como Manrique Oviedo del Partido de Acción Ciudadana (PAC) y Víctor Emilio Granados del Partido Accesibilidad sin Exclusión, surge, precisamente, porque la Sala Tercera en un futuro próximo tendrá a su cargo la revisión de la sentencia de cinco años de cárcel aplicada al expresidente Miguel Ángel Rodríguez, por el sonado caso ICE-Alcatel.
La comisión de nombramientos sigue preguntándose si hubo criterios políticos en la escogencia de los 20 candidatos a magistrados suplentes designados por la Sala Tercera, o si fueron excluidos aspirantes con mejores atestados que los escogidos en el proceso de selección. La instancia ya inició el proceso de entrevistas a cada uno de los recomendados por la Corte Plena, pues en el corto plazo debe elegir a diez, cuya designación tiene que aprobar la Asamblea Legislativa.
 
UNIVERSIDAD consultó a dos aspirantes a magistrados suplentes, Omar Vargas, Coordinador del Segundo Circuito Judicial, y José Arnoldo González, defensor Público, ambos excluidos de la lista y con excelentes atestados, sobre el sistema de selección aplicados en el Poder Judicial.
Ambos coincidieron en que se debe aplicar un mecanismo más claro y transparente, y abogaron por una democratización del sistema judicial de Costa Rica, el cual es regido por un modelo de corte “piramidal” y verticalista que promueve el centralismo y la burocratización.
Otros diputados consultados por UNIVERSIDAD, como José María Villalta del Frente Amplio, insistieron también en la necesidad de revisar el sistema judicial de Costa Rica, los sistemas de elección para magistrados propietarios y suplentes, y de desterrar la injerencia de los partidos políticos y evitar así el “manoseo” en la aplicación de justicia, sobre todo en momentos en que el país es atacado por flagelos como el narcotráfico y la corrupción, que buscan cualquier espacio para infiltrarse en las instituciones democráticas.
Vargas, con 28 años de experiencia en el Poder Judicial, dijo que en la escogencia de la lista de magistrados suplentes, se sintió “un poco deslegitimado” por la Sala Tercera, debido a que fue excluido pese a que había sido llamado por esa instancia a colaborar en un proyecto de capacitación en materia de apelaciones. Por esa razón, renunció y “dejé la opción de que otra persona de confianza (de la sala) asumiera la función. Me pareció lo más transparente”, dijo Vargas.
Vargas considera que el sistema judicial costarricense debe revisarse, porque “hay que cambiar el sistema piramidal, propio de Napoleón, por un sistema horizontal” que sea más democrático.
“Napoleón organizó el ejército de una forma muy efectiva, pero esa organización no es propia del Poder Judicial. En este, deben existir relaciones de horizontalidad porque nadie es superior a otro, lo que tenemos son funciones distintas”, dijo Vargas.
El coordinador del Segundo Circuito Judicial abogó además por la implantación de un sistema de rendición de cuentas, en el cual “todos los funcionarios del Poder Judicial, desde el Presidente hasta los misceláneos, tengan que hacerlo cuando la situación lo amerite”.
“Creo que ha llegado el momento para plantearle al país acerca de la necesidad de impulsar una reforma en varios aspectos en el sistema de justicia, desde el mecanismo de elección (de magistrados) hasta la forma en que se administra la justicia, la necesidad de garantizar la gratuidad a esta, y la rendición de cuentas. Lo que pasa es que estamos hablando de muchos intereses. Si usted conversa con algunos jueces, dirán que todo está bien y más bien estarían interesados en todo lo contrario, porque implicaría desterrar amiguismos e influencias de otro tipo”, explicó Vargas.
(Ver recuadro: “Hay que eliminar la intromisión de la politiquería en el sistema de justicia”).
Vargas consideró que también hay que cambiar el concepto de cómo se aplica la justicia en Costa Rica, porque “ni la misma Constitución Política especifica en nombre de quién se aplica”.
“Esto hay que dejarlo claro, la justicia se aplica en nombre y beneficio del pueblo y debe estar orientada a satisfacer las necesidades de ese pueblo”, añadió.
En cuanto al tema de la elección de los magistrados, Vargas advirtió que se trata de “un problema endémico” del  Poder Judicial.
“Es el talón de Aquiles de la justicia en Costa Rica. Si usted revisa los nombramientos de estos a través de la historia, siempre habrá un cuestionamiento sobre la injerencia política. Cualquier aspirante a un cargo de esta naturaleza tiene que ir a hacer lobby a la Asamblea Legislativa”, subrayó.
“De acuerdo con la ley orgánica del Poder Judicial, los jueces deberíamos ser apolíticos, lo cual es un absurdo en Costa Rica por el sistema vigente”, añadió Vargas.
Además, dijo que urge en Costa Rica hacer una separación entre la parte administrativa y jurisdiccional en el sistema judicial costarricense. “Así, los casos judiciales serán resueltos por jueces de carrera y la parte administrativa la conocería un Consejo de la Magistratura. Es muy sencillo, cuatro jueces de carrera electos democráticamente entre ellos por períodos de cinco años y tres escogidos de una terna propuesta por colegios profesionales, universidades e instancias similares”, propuso Vargas.
Por su parte, el defensor público, José Arnoldo González, también coincidió con Vargas en la necesidad de revisar el sistema judicial de Costa Rica, y de democratizarlo y aplicarle mayor horizontalidad.
“Hay que evitar que la política meta las manos. Se deben establecer criterios técnicos más claros en la escogencia de magistrados propietarios y suplentes y aplicar, además, protocolos homogéneos de juzgamiento”, dijo González a UNIVERSIDAD.
El diputado Claudio Monge consideró nefasto que la política se entrometa en la administración del sistema de justicia en Costa Rica y no descartó que algunos nombramientos de magistrados propietarios y suplentes se hagan prácticamente “a dedo”.
“Aquí (a la Asamblea) ya vienen cocinadas las listas y las designaciones de los jueces. Ojalá se pueda encontrar un mecanismo para que la escogencia de quienes van a administrar la justicia se haga sin el manoseo de los políticos y de quienes están detrás del trono”, sentenció.

 
Diputados Oviedo y Villalta: “Hay que eliminar intromisión de la politiquería en el sistema de justicia”
Ernesto Ramírez
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Los diputados Manrique Oviedo y José María Villalta, del PAC y Frente Amplio respectivamente, se sumaron al clamor del juez Vargas en el sentido de la urgencia de revisar el sistema de justicia de Costa Rica.
“He estado revisando información que deja en claro la conveniencia de hacer una revisión a lo interno del sistema judicial y de cómo se están manejando las cosas en la Corte Suprema de Justicia”, dijo Oviedo a UNIVERSIDAD.
Oviedo comentó que durante muchos años fue clara la confianza de la ciudadanía costarricense en su Poder Judicial. No obstante, advirtió que hay condiciones peligrosas y distintas en tiempos más recientes para encender luces de alerta y prevención.
“Se trata de un poder que está en un claustro y tenemos referencias de algunas inconsistencias, hay peligro de injerencia del narcotráfico y la posible compra de jueces y, definitivamente, hay tráficos de influencia”, alertó.
Villalta insistió también en la necesidad de “despolitizar el sistema judicial y los mecanismos de nombramientos. Habría que avanzar hacia un sistema de mayores controles”, indicó.