La Caja Costarricense de Seguro Social está en la mira de tres investigaciones. (Foto: archivo)
Tras el estallido de la crisis financiera y de administración de la Caja de Seguro Social (CCSS), se abrieron tres instancias de investigación o análisis sobre la situación: una administrativa con una polémica comisión nombrada por la propia directiva de la Caja; otra política con una comisión de la Asamblea Legislativa, y la tercera con la intervención del Ministerio Público para determinar posibles actos ilícitos penalizables.
En este caso, el fiscal general -Jorge Chavarría- ordenó a los fiscales de fraudes iniciar una investigación con la información que aportaron los propios auditores de la Caja, según dijo el jerarca al explicar el procedimiento (ver nota “La política es investigar y si hay delito, proceder”).
En estos días, debe quedar integrada la comisión especial creada por la Asamblea Legislativa para investigar la situación de la Caja.
El Plenario de la Asamblea Legislativa acogió la propuesta de la fracción del Partido Acción Ciudadana (PAC) y acordó integrar una comisión de diputados y diputadas, con participación de representantes de la sociedad civil, con el propósito de investigar “las causas y responsabilidades de los problemas de la Caja Costarricense de Seguro Social”. El plazo para rendir su informe es de cuatro meses, prorrogables por otros cuatro meses.
 
El órgano investigador estará formado por tres representantes del Partido Liberación Nacional y dos del PAC, mientras que la Unidad Social Cristiana, el Movimiento Libertario, Accesibilidad Sin Exclusión y las fracciones unipersonales tendrán un representante.
“El Gobierno tardó mucho en reconocer la crisis de la Caja, pero celebramos la creación de un órgano legislativo que contribuya a rescatar la institución”, dijo la diputada Carmen Granados del PAC, quien desde el pasado 21 de junio propuso la creación de una comisión especial mixta con el objetivo de fortalecer el sistema nacional de salud y la seguridad social costarricense, cuyo pilar es la CCSS.
Por su parte, la Junta Directiva de la CCSS nombró una comisión para analizar la situación de la entidad y recomendar soluciones, a partir del informe que presentó el mes pasado una comisión de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
A la ministra de Salud, María Luis Ávila, no le pareció bien esa decisión, pues dijo que la Caja va a ser juez y parte. Por eso, presentó su renuncia la semana pasada, al decir que tenía discrepancias con la presidenta Laura Chinchilla por el manejo de la crisis y alegando que la Caja debía ser intervenida por el Ministerio de Salud.
En una entrevista radiofónica, Ávila dijo incluso que no tiene dudas de la honorabilidad de los miembros de la comisión, pero que en el caso de Fernando Naranjo, gerente del Banco Nacional, no cree que tenga tiempo para la comisión, y Pablo Sauma fue directivo de la Caja en el gobierno anterior.
Los otros miembros son el empresario Rafael Carrillo, expresidente de la Unión Costarricense de Cámaras de la Empresa Privada, y la socióloga Juliana Martínez.
En criterio de Martínez, en el tema de la CCSS se necesita un debate social y político de amplia convocatoria, sobre el modelo de seguridad social que quieren los costarricenses. Es un debate donde se necesitan técnicos de alta rigurosidad, pero no es un debate estrictamente técnico, apuntó Martínez, quien ha realizado investigación académica y asesorías en el campo de la seguridad social, pensiones y salud.
Por su parte, Pablo Sauma dijo que la tarea que tiene planteada el grupo es tomar como punto de partida lo que dice el informe de la OPS, que está muy completo, valorarlo, ver  otros posibles problemas y hacer las propias recomendaciones a la junta directiva.
“Lo nuestro es una asesoría técnica; las recomendaciones no son vinculantes. Tenemos amplitud en las recomendaciones; esa es la ventaja que el grupo sea variado”, consideró.
Sauma señaló que los problemas de la Caja “no son solo de plata, sino que hay grandes problemas de gestión”. La institución se hizo muy grande, maneja un presupuesto de $3.000 millones y 50.000 empleados, “pero la queremos manejar como una pulpería”.
“Hay que hacer los cambios; esto se veía venir en cualquier momento y la crisis lo que hizo fue acelerar el proceso”, comentó Sauma, colaborador del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica.

 
Jorge Chavarría, fiscal general:
La política es investigar y si hay delito, proceder
El Ministerio Público va a investigar los asuntos de la CCSS en tres direcciones: las incapacidades de funcionarios, las retenciones del pago de la cuota obrero patronal y la inscripción de sociedades con diferentes nombres para evadir el pago de las obligaciones con la seguridad social, ratificó a UNIVERSIDAD el Fiscal General, Jorge Chavarría, al explicar el procedimiento.
¿Ustedes van actuar de oficio o por denuncia?
-Entran las dos categorías de posible intervención del Ministerio Público: actuar de oficio o por denuncia. Obviamente para actuar de oficio nosotros necesitamos un mínimo de información que precisamente va a derivar de las reuniones que se tengan con la auditoría interna de la Caja y el departamento legal.
La cifra que se menciona (de morosos en el pago de la cuota obrero patronal) es descomunal. No vamos a decir de retenciones ilegales, porque eso no lo podemos decir todavía, porque la falta de depósito de la cuota puede deberse a razones justificadas. Alcanza aproximadamente a 60.000 personas físicas y jurídicas que están en incumplimiento, no necesariamente en delito, pero si en incumplimiento de depósitos.
¿Cuándo empiezan la investigación?
-Giré instrucciones a la Fiscalía de Fraudes para que la semana entrante (la presente para el lector) ya ellos estén realizando las primeras reuniones con la auditoría interna de la Caja. En esta semana, ellos han estado reuniéndose con personeros del OIJ para conformar el equipo base que va a trabajar conjuntamente con nosotros en el desarrollo de esta política de persecución penal.
Es un proceso largo probablemente…
Sí, es complejo, porque la ley tiene sus requisitos antes de que nosotros intervengamos; en el caso de retención de cuotas, porque la ley establece –y aquí es donde puede estar fallando la Caja y ellos tendrán que dar las explicaciones– que una vez que la Caja corrobora que la persona no ha depositado y han pasado tres o cuatro meses, o el plazo que sea y no ha depositado, debe procederse a hacer una prevención. De acuerdo con la ley, la prevención la puede hacer el Ministerio Público o un notario.
¿En qué consiste la prevención?
-Consiste en que se le indica a la persona que tiene un plazo de cinco días para hacer el depósito. Si no hace el depósito, surge a la vida jurídica el delito de retención indebida. A partir del incumplimiento de esa prevención, ya nosotros entramos con todas las potestades legales de órgano represivo y a la persona la tenemos como imputada. Antes de ese momento, no podemos decir que haya imputado, porque no hay delito. Esto tendría que agotarlo la Caja y frente a las conductas señaladas hacernos la prevención.
En lo que se refiere al asunto de las incapacidades ahí sí actuamos de oficio, lo mismo en lo de inscripción de sociedades, en lo que podría ser un fraude de simulación y otras figuras, porque también podría haber participación de funcionarios de la Caja y entonces ya estaríamos hablando de peculado. La idea es abordar las diferentes conductas que han sido denunciadas públicamente o se comentan, y que incluso la misma auditoria de la Caja ha reportado.
¿Por qué decidió iniciar esta investigación?
-Yo tomo la decisión con base en las conductas que reportaron los mismos auditores internos de la Caja. Recientemente, se tuvo una reunión previa de los fiscales de fraudes con los auditores internos de la Caja, y con base en lo que ellos me informaron yo tomé esa decisión.
Es un cambio de la política en el Ministerio Público respecto a los asuntos de la Caja…
-La política que se tomó (anteriormente) con relación a la Caja fue la de rechazar el ingreso de las causas por montos menores a $500 y aplicar el principio de oportunidad. Yo lo que estoy es revirtiendo la política anterior. Ahora los fiscales tienen instrucciones de dar curso también a causas con montos menores.
¿Qué tan cierta es la afirmación de que los funcionarios de la Caja no tiene suficientes herramientas legales para cobrar a los morosos y por eso las deudas se acumulan?
-No me puedo referir a las fallas administrativas porque no las conozco. Desde el punto de mi responsabilidad, lo que yo hago es intervenir ante la comisión de delitos y ordenar la investigación, es el deber que me impone la ley.
Aquí no interesa lo que ellos hayan hecho o no hayan hecho. Si nosotros encontramos que efectivamente se está cometiendo el delito, actuamos de oficio. O bien, porque algún ciudadano se acerca a denunciar y ante la denuncia nosotros procedemos a investigar el caso concreto. Cosa que ya ha estado sucediendo, que algunas personas se acercan a denunciar.
En lo que se refiere la Fiscalía General, las tres líneas están marcadas y ahí los fiscales tienen la directriz para orientar su trabajo.
El ministro de Hacienda tiene la obligación legal de incluir en el presupuesto las partidas que el Estado está obligado a pagar a la Caja. ¿El funcionario que incumple ese mandato comete delito?
-En relación a eso no puedo hacer ninguna afirmación ni positiva ni negativa. Le puedo confirmar que el mandato legal está. Ahora, pasar a determinar que el incumplimiento del mandato legal sea un ilícito administrativo o un ilícito penal, son cosas muy distintas.
Podría ser un ilícito administrativo que no alcanza para calificarlo como delito. Incluso podría estar justificado, porque el derecho en esto es amplio, hay que analizar todas las características propias de la omisión en el caso concreto. En estos casos, nosotros no podemos intervenir de oficio, porque no tenemos noticia de un delito. Aquí por lo general interviene primero la Contraloría General de la República (CGR); ellos verifican todo lo que se refiere a la aplicación del bloque de legalidad en relación con la decisión que se tomó, y con base en eso, ellos hacen su pronunciamiento y sus recomendaciones, si es un ilícito administrativo. Si la CGR encuentra cosas de mayor gravedad, entonces nos lo remite a nosotros y procedemos a investigar la parte penal.
Esa es la complejidad que tienen los incumplimientos en relación con los órganos del Estado, o que se hagan negociaciones –documentadas por supuesto– entre las autoridades de la Caja y la institución concreta, digamos una institución autónoma como el ICE, por ejemplo. O bien, que haya acuerdos tratándose de los poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial).
Lo mismo podría estarse dando por la parte de los empresarios, pues podría ser que aparezca un empresario que debe ¢1.000 millones, pero ha entrado en un proceso de negociación. Entonces ya se sale de ámbito penal y entramos en el ámbito del derecho civil y el derecho administrativo.
Este tema es delicado como para hacer afirmaciones finales. Lo que si podemos decir es que la política es investigar y, si se detecta la comisión de un delito, proceder. Esa es la política que estamos asumiendo.

 
Roberto Mora:
“Lo que necesitan es querer cobrar”
Roberto Mora es un ciudadano que dedica parte de su tiempo a denunciar casos de patronos morosos con la Caja y a presionar para que la institución cobre. En esta lucha, ha logrado que se recuperen sumas millonarias que la institución daba por perdidas.
En su criterio, la Caja tiene recursos legales para cobrar las deudas, lo que se necesita es querer cobrar, como él lo ha demostrado.
¿Por qué usted asegura que no es cierto que la Caja no tenga medios para poder cobrar a los morosos?
-Ellos lo que hacen es seguir directrices gubernamentales. Yo he demostrado hasta la saciedad que a pesar de que hay empresas de políticos empresarios que están en unidad económica, o sea con responsabilidad solidaria, ellos no actúan. Un ejemplo es el hermano de Marco Vinicio Ruiz (exministro de Comercio Exterior y actual embajador en China), que debe más de ¢1.000 millones y no lo tocan.
Otro caso es Ramón Aguilar Facio, que tiene Parques de Costa Rica 678 Forestales, Forestales Parques de Costa Rica, Cortejos Fúnebres del Este, 678 Forestales, Forestales 345, y estoy tratando de meter a Funeraria Polini, que ya la compró. Este debe ¢428 millones, al 1 de julio último.
Todo eso lo tiene la Caja; yo tengo años de estar en esto, tratando de que se les cobre y seguiré hasta que lo logre, porque ellos dicen que no tienen cómo.
En la Caja han dicho que les faltan herramientas legales para hacer efectivos los cobros…
-Ellos aducen que no tienen herramientas, pero no hay tal. El artículo 51 de la Ley constitutiva de la Caja establece el mecanismo para perseguir a los deudores a través de la responsabilidad solidaria de la unidad económica, donde se puede encontrar a los morosos que declaran inactiva la empresa, para operar con otros nombres y no pagar.
Muchas empresas lo que hacen es que cuando están cargadas de deuda abren otra razón social, pero el artículo 30 de la misma Ley indica que cuando una empresa es vendida o arrendada, el adquiriente se hace responsable de las deuda contraídas. Ahí es donde podemos aplicárselo a esas empresas que van cambiando de nombre.
El pasado 7 de marzo se publicó una reforma en La Gaceta, que añade un artículo 74 bis de la ley constitutiva, y es que antes llegaban y decían que querían hacer un arreglo de pago con la Caja y lo que querían era poder entrar a alguna licitación, y ya con el papel en mano no pagaban y lo que hacían era vacilarlos. Ahora, el artículo es claro en que el arreglo de pago debe estar totalmente garantizado, con hipotecas o alguna otra garantía real.
Así que lo que deben hacer es querer cobrar. Yo he demostrado que a estos inactivos con el artículo 30 de la Ley constitutiva se les puede aplicar la responsabilidad solidaria de la unidad económica.
¿Algún ejemplo en que haya logrado que se haga el cobro empleando ese mecanismo?
-Por ejemplo, la Constructora Santa Fe. Tenían Constructora Santa Fe libre para poder concursar en la Comisión Nacional de Vialidad (CONAVI), y tenían Promotora Laboral Alba y Promotora GYECO, y se les logró cobrar ¢274 millones, porque les retuvimos un cheque de ¢700 millones de CONAVI hasta que pagaron eso.