El Estado costarricense ha iniciado la negociación de un concordato con el Vaticano, según ha confirmado el embajador en esa ciudad Fernando Sánchez.
Un concordato, según la Real Academia de la Lengua consiste en un tratado o convenio sobre asuntos eclesiásticos que el Gobierno de un Estado hace con la Santa Sede.
Desde hace siglos, algunos filósofos políticos, como Rousseau y el mismo Montesquieu advirtieron sobre la necesidad de un Estado separado de la Iglesia e impermeable a sus intervenciones en el aspecto político.
Costa Rica es hoy el único país centroamericano que cuenta con una religión oficial y uno de los pocos en toda América. Según el artículo 75 constitucional estamos todos obligados a contribuir con su mantenimiento. Acá me desdirán obispos y sacerdotes, quienes afirmarán que el Estado no presupuesta un cinco a la Iglesia católica desde hace ya muchos años. Es cierto, gracias a Dios el Estado no presupuesta para ello; sin embargo, son centenares las donaciones de terreno, beneficios y exenciones las que otorga el Gobierno a la Iglesia católica cada año.
No soy mezquino, por lo que no omitiré la gran obra social de la Iglesia y las muchas ayudas que de ella emanan a familias con necesidades económicas, sociales y espirituales; pero tampoco pecaré de ingenuo y conformista.
No hay retroceso más grande que pretender la creación de leyes revestidas de religión y a la vez impliquen cumplir con mandatos del Vaticano. Siendo yo respetuoso de la fe que profesen las personas, no puedo callar la indignación que siento al afianzar este Gobierno su matrimonio con la Iglesia, lo que a la postre resultará en aniquilar toda aquella teoría política que nos confirma la necesidad de Estados libres de toda presión en virtud de lo divino.
El primero y único concordato que ha firmado nuestro país con la Santa Sede data de 1852, cuando Costa Rica adoptó la religión católica, apostólica y romana como la oficial. En ese momento el contexto histórico del país era muy distinto al de hoy.
Las democracias modernas apuntan en el siglo XXI hacia Estados cada vez más laicos –desligados de la religión-. La firma de un concordato no solo atenta contra una perspectiva más pluralista, sino también contra una democracia que pretende nutrirse de las mejores prácticas de neutralidad y respeto a la diversidad.
El hecho mismo de entrar en negociaciones para materializar un concordato resulta innecesario. Que el Gobierno de la República siga empecinado en tomar al clero en cuenta a la hora de las decisiones políticas trascendentales, embarga toda intención de un laicismo constructivo.
Nuestra sociedad debe ser capaz de progresar. Un Estado Laico no es sinónimo de ateísmo, pérdida de valores o moral; al contrario, es optar por un paso más hacia una democracia enriquecida. Además, debemos considerar que el Estado al perder su confesionalidad no implica que los católicos pierdan su fe en el credo, ya que como bien dijo Voltaire, la religión es cuestión de cada quién, no del Estado y la profesan las personas, no un Gobierno. Un Estado Laico no prohíbe expresar creencias, sino permite ampliarlas al no imponer una en particular. El mismo Papa Benedicto XVI entiende la necesidad de que los Estados gocen de esa laicidad y en 2009 se manifestó a favor de ello.
Por último, es menester hacer alerta sobre la urgencia de separar la religión de la educación, la cual constituye un curso formal dentro de los programas educativos escolares. Como mencioné anteriormente, cada quien podrá practicar sus creencias en el ámbito privado y quien busque educación eclesiástica no dude que en la propia Iglesia abrirá sus puertas. La intervención de la Iglesia en la educación oficial es una muy lamentable oportunidad para el adoctrinamiento religioso, que muchas veces cae en el radicalismo.
Un Estado Laico es una oportunidad de avanzar hacia una democracia, de tal forma que Costa Rica no solo sea una de las más antiguas, sino la más respetuosa de la pluralidad. Las religiones deben estar sometidas a la legalidad, pero no la legalidad a las religiones.