En estos días, a raíz de la anulación de la  prisión preventiva dictada contra unos jóvenes de Sagrada Familia, se ha estado ejecutando desde un noticiero nacional, una campaña para endurecer la respuesta penal hacia los menores de edad, con la intención de reducir la delincuencia y la inseguridad, pues a su parecer, estos males se derivan de una Ley Penal Juvenil alcahueta, que no castiga como debiera, a pesar de que nuestra sanción de prisión para menores de edad es la más alta de Latinoamérica.
Así al director del OIJ le parece que aplicarle a los menores de edad “apenas” 15 años de cárcel no es suficiente, pidiendo, casi como lo propone  el proyecto de ley 17.615 del partido Libertario, juzgarlos como adultos.
Achacar la inseguridad del país a los menores de edad se sustenta en una falacia; los delitos y contravenciones denunciados en contra de  los jóvenes entre los 12 y los 18 años  no supera en números objetivos un 4% del total de las denuncias planteadas en el nivel general; muchos son detenidos y pasados a los tribunales por hechos que no son delitos, sobre todo los relacionados con la ley de psicotrópicos.
En el año 2009, de 472 delitos de homicidio acusados, 14 correspondieron a denuncias planteadas contra menores de edad, quienes recibieron por parte de la prensa un tratamiento superlativo; me pregunto, si con estas cifras se justifica endurecer la penas o aumentar la prisionalización, negando con ello las especiales características de los menores de edad, quienes física, emocional y mentalmente son personas en desarrollo, por lo que su reprochabilidad no puede en modo alguno ser la misma de un adulto.
En nuestro país, la percepción de inseguridad supera con creces la verdadera posibilidad de ser perjudicado con un delito; así, nos sentimos en un nivel semejante al resto de los países de Centroamérica –hecho que justifica a varios medios de comunicación para presionar por más cárcel o una mano dura– a pesar, por ejemplo, de que nuestra tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes es hasta seis veces menor que Guatemala, Honduras o el Salvador, que están en el orden de 41, 77 y 64  respectivamente, frente a un 10.7 nuestro. El tratamiento que se le da a la noticia roja es un elemento importante que justifica nuestro miedo; no quiero decir que la delincuencia es inventada, porque sí existe y ha venido en aumento, pero no en los niveles en que se nos hace sentir. La televisión tiene la magia de crear realidades y nuestra “realidad” es la de un país mucho más inseguro de lo que objetivamente es.
Ya desde 1994, se han aplicado estas medidas populistas dirigidas -según sus impulsores- a reducir la delincuencia y la inseguridad ciudadana, aumentando en casi el doble las penas de prisión a los delitos que más preocupan a nuestra sociedad, como el homicidio doloso, los delitos sexuales y ciertos delitos contra la propiedad; la cantidad de presos ha subido en más de 30%, la pena máxima de cárcel se duplicó y con 50 años tenemos una de las  más altas del mundo y, sin embargo, la baja en la delincuencia no se ha hecho efectiva y el sentimiento de inseguridad sigue en aumento, logrando, incluso, que en aras de la seguridad muchos ciudadanos estén dispuestos a renunciar a sus garantías constitucionales más elementales.
La ineficacia de esta “solución” tiene una lógica: se pretende atacar exclusivamente los efectos de la delincuencia y no sus causas, y mientras se siga cometiendo el mismo error, no podemos esperar un resultado distinto; la delincuencia es un fenómeno social multifactorial, que no puede tener como única respuesta la justicia penal; la exclusión social, la falta de oportunidades de estudio y trabajo, así como un aumento sostenido en el nivel de desigualdad, son los responsables directos de la mayoría de los delitos que nos afectan. La opción está en enfrentar estas deficiencias junto con un efectivo programa de seguridad ciudadana y no en el encierro generalizado.
La reducción de la delincuencia, a la que todos aspiramos, no puede pasar por la renuncia de nuestras garantías procesales a favor de una mano dura que imponga la fuerza sobre el Derecho o de una tolerancia cero, que termine encarcelando solo a los pobres. El encierro excesivo a edades tan tempranas solo traerá consigo mayores problemas sociales, incluidas la delincuencia y la inseguridad. Los menores de edad requieren ser incluidos socialmente, debe darse todo el apoyo institucional posible para que estudien, tengan verdaderas opciones laborales, recreativas y culturales; cualquier otra opción solo aumentará el problema.