I- La seguridad ciudadana es, sin duda, la primera preocupación de los costarricenses. En muy poco tiempo, dejamos de lado –como colectivo– nuestra preocupación por el desempleo, la economía, la calidad de los servicios públicos, entre otros que figuraban el «top ten» de las inquietudes nacionales, y nuestros desvelos ahora se centran en calmar la angustia que nos produce tener que salir todos los días a la calle, ese campo minado de “villanos”.
A esta nueva angustia, le ha sucedido una vertiginosa producción normativa (procesal y material) tendiente a fortalecer a las agencias represivas, como «respuesta» estatal al momento histórico y “al clamor popular”.Esto se basa en la teoría de la prevención general negativa, según la cual, el ciudadano va a evitar incurrir en determinadas conductas por miedo a una eventual sanción (sea por una pena mayor, sea por una mayor eficacia en las agencias de policía). Como corolario de dicho razonamiento, en Costa Rica, en unos casos creamos delitos nuevos y en otros incrementamos las penas para los ya existentes, apostando a que para reducir la inseguridad se hacían necesarios más delitos y penas más severas («mano dura»). Además, fueron modificados algunos procedimientos en busca de que los delincuentes fueran a la cárcel en mayor número y en menor tiempo (lo que tiende generalmente a la flexibilización de garantías de los ciudadanos frente al poder punitivo). Se puede decir que las políticas públicas bajo esta peligrosa dirección asumen que a mayor represión por parte del Estado menor inseguridad entre los ciudadanos; idea simplista que ni en la teoría ni en la práctica ha podido ser sustentada.
II- Para el ciudadano promedio, que no tiene un grupo de guardaespaldas armados ni escolta policial para salir de su casa, es decir, Usted o yo, la seguridad ciudadana es la posibilidad de salir a la pulpería sin el temor de ser víctima de un asalto o regresar por la noche de trabajar  y encontrar la casa tal cual la dejó, en poder contestar el teléfono celular sin tener que esconderse en una tienda y poder conducir su automóvil con las ventanas abiertas sin tener que tomar pastillas de tilo previamente. ¿De qué nos sirve que metan a la cárcel a quienes nos roban, matan, agreden, si lo que realmente queremos es  que no nos roben, maten o agredan? Quiero plantearles que si la enfermedad principal que sufrimos es la «inseguridad», la medicina correcta es la prevención y que la represión solamente logra intensificar los efectos colaterales de la inseguridad ciudadana.
Aunque parezca más dificultosa y empinada, la ruta de la prevención es el único camino que nos puede acercar a la seguridad en nuestras comunidades y hogares. La represión efectiva de conductas criminales es importante y favorece la confianza popular en la justicia, pero como ciudadano tengo derecho a exigir seguridad para que no se me incluya entre el número de las víctimas al final del periodo. El derecho a no ser una estadística.
La consagración de este Derecho, no ser una estadística, implica necesariamente una respuesta estatal, que por desinformación o conveniencia sea ha planteado de manera prácticamente exclusiva, en dos extremos: la prevención o la represión. Sin embargo, creo que esa disyuntiva no corresponde con la realidad y que sin dificultad se puede demostrar la conveniencia de la prevención sobre la represión, como política criminal, siempre y cuando se tenga al ser humano y su desarrollo como fin del Estado.