La Asamblea Legislativa recién acaba de integrar una Comisión Investigadora sobre la crisis financiera por la que atraviesa la CCSS, iniciativa impulsada por la Diputada Carmen Granados del Partido Acción Ciudadana y avalada por la Alianza Parlamentaria.
Muchas son las puertas de entrada que tiene esta comisión para abordar el problema de la seguridad social en nuestro país, pero a su vez existen planteamientos hechos por expertos y entendidos en la materia ante la opinión pública nacional, que exponen las “salidas” que deben tomarse para “controlar” la debacle de la CCSS y cómo “solventar” a la institución para los próximos años.
El trabajo y los retos que enfrentarán los miembros de esta comisión legislativa requieren de una gran dosis de patriotismo y de voluntad política, para lograr los consensos necesarios en aprobar las reformas legales que deberán implementarse para relanzar a la CCSS a lo largo del siglo XXI.
A través de este mismo medio informativo, expusimos y analizamos cómo el marco legal que existe en materia de cobro judicial de la morosidad obrero-patronal del sector privado, la misma legislación en lugar de ayudar a la CCSS, en el combate de la morosidad y evasión, se vuelve “enemiga” de la institución cuando pretende ejercer algún tipo de acción legal contra los patronos morosos o evasores.
Y es que no solo la morosidad obrero-patronal que mantiene el sector privado oscila entre ¢300.000 millones, sino que también el Estado le adeuda cerca de ¢700.000  millones, sumas que seguirán creciendo día con día por los intereses que devenga y que han provocado parte del desequilibro financiero en la institución.
El sistema concebido desde los años 40 para el financiamiento de la CCSS, con el aporte tripartito de patronos, trabajadores y del Estado, ha dado resultados y beneficios concretos. No obstante, en los últimos años, se han introducido “elementos distorsionadores” que han dado al “traste” con los objetivos que persigue la institución rectora de la seguridad social.
Paralelamente, existen diagnósticos que demuestran la mala gestión administrativa desplegada por las y los funcionarios de la institución; también, hay que ponderar, en la actual coyuntura, los problemas que ha originado el pago y reconocimiento de las incapacidades. Sin dejar de lado, el cuestionamiento sobre el pago de salarios a médicos cercanos a los ¢30 millones mensuales. Y véase más aún, los salarios devengados por las autoridades de la CCSS: Presidencia Ejecutiva, ¢6.192.000; Gerencias (Financiera, Gerencia Médica, Pensiones, Administrativa, Logística, Infraestructura y Tecnología) con salarios de ¢4.144.225 cada una.  Por eso, se ha dicho y se dice: la CCSS tiene más gastos que ingresos.
¿Cuáles alternativas deben proponerse para sacar adelante a la CCSS? Es la pregunta clave de esta coyuntura nacional. ¿Lo serán solo de naturaleza financiera, administrativa, legales o políticas? Todas ellas en conjunto, sin excluir a ninguna.
Entre las legales, la comisión deberá preparar un nuevo marco legal para la CCSS, empezando por su Ley Constitutiva de 1941, promulgada a mediados del siglo pasado en una Costa Rica bajo un modelo de Estado distinto al de nuestros días, incluso dada antes de que naciera nuestra actual Constitución Política en 1949. Un marco legal que le dé “agilidad” institucional a un ente en un mundo cambiante y en una sociedad con una creciente demanda de servicios de salud. Deben establecerse controles intrainstitucionales, mecanismos de rendición de cuentas no solo de la Presidencia, sino también de sus Gerencias; en fin, despolitizarla y cercarla a cualquier afán clientelista.  Deben abrirse espacios de participación ciudadana, donde los usuarios interactúen en la formulación de políticas administrativas para la mejora de los servicios que reciben de la misma institución.
En las administrativas, ya existen los informes y evaluaciones sobre la calidad de la gestión en la CCSS; lo que tendrá que definir la comisión es el perfil y los objetivos de su accionar, “depurar” los mandos organizativos y de dirección, para provocar una nueva conciencia institucional entre sus empleados.
En las financieras, además de las apuntadas, la CCSS debe replantearse el establecer un cobro por los servicios administrativos que brinda, al igual que lo realizan las demás instituciones del Estado. Por ejemplo, el establecer un monto por expedir las certificaciones que los patronos solicitan para hacer constar que se encuentran al día o no poseen deudas pendientes con la institución. Y ¿por qué no?, establecer el “Timbre de la Seguridad Social” que deberán pagar todas y todos los patronos y empresas por las transacciones comerciales que realicen y que sean actos inscribibles ante el Registro Público.
Finalmente, en los años 40, la reforma social fue impulsada por las autoridades oficiales del entonces, con el apoyo de los líderes de oposición y actores de la sociedad civil.  Hoy, la oposición, representada en la Alianza Parlamentaria, da su primer paso en este largo camino de salvar a la CCSS, pero, ¿las actuales autoridades oficiales (Gobierno y CCSS) estarán realmente dispuestas a trabajar por la reforma social que el pueblo costarricense clama para el siglo XXI?