Pese a la intervención de la propia Cámara Nacional de Bananeros (CANABA) por lograr que la tarifa ofertada por APMT (APM Terminals) bajara, la que se le aprobó en la adjudicación de la terminal de contenedores de Moín (TCM) sigue siendo una de las más caras de los puertos en América Latina.
La tarifa de $223 por contenedor aprobada para la TCM está por encima de puertos del área como Puerto Cortés ($95), Barranquilla ($101), Quetzal ($69), Cartagena ($98), Caldera ($94) y Manzanillo ($220), señaló Randall Quirós, abogado de CANABA de acuerdo con un estudio comparativo hecho por esta organización empresarial (ver gráfico Tarifas: comparación)
Según el abogado, ello refleja que se estaría atentando con contra del futuro exportador de Costa Rica.
 
El costo por caja de banano pasaría de $0,06 actual a $0,32 y la caja de piña pasaría de $0,04  a $0,22. El incremento desproporcionado, entre 200% a 400%, de los costos para operar un buque colocan en riesgo la competitividad del país en las exportaciones de banano y piña, aseguró.
Son tarifas que sacan del mercado la producción de Costa Rica y por eso se oponen. Si otras cámaras empresariales no se han manifestado en contra es porque el aumento de costos se lo pueden cargar al consumidor y por tanto el perjuicio no va a ser igual.
Uno de los aspectos más cuestionados del contrato ha sido la tarifa de $223 dólares por movimiento de contenedor, que los demandantes consideran excesiva, y el monopolio de hecho que se crea con la exclusividad del manejo de la carga en contenedores que se le da a la concesionaria.
Con ello, se estaría decretando el entierro de JAPDEVA al privar a la empresa estatal de esa carga que es la “crema” del negocio muellero.
Las proyecciones de demanda y aumento de carga para los próximos años están sobreestimadas en los cálculos de la TCM, por lo que cabe preguntarse qué va a pasar con la tarifa cuando haya que hacer las correcciones según el volumen de carga real.
Además, la “especialización” de puertos, como la que se está proponiendo, incrementa los costos, y no es la tendencia en otros puertos importantes de América Latina, incluso en Caldera, en el Pacífico de Costa Rica, anota el abogado.
José Luis Castillo, secretario de Finanzas de SINTRAJAP, dijo que la terminal que maneja APMT en Los Ángeles, California, es la más cara de la costa oeste de EE.UU.
Otro punto que critica el sindicato es que APMT haya condicionado su participación en la TCM a que se le diera exclusividad en el manejo de contenedores, para no tener competencia.
También que la transnacional se vaya a financiar con el Banco Nacional de Costa Rica, empresa estatal de un país donde uno de los argumentos para entregar las obras públicas en concesión es que las empresas aportan los recursos que el país no tiene (ver recuadro “Sin riesgos”).
No fue posible obtener antes del cierre de esta edición el punto de vista de la empresa sobre estos cuestionamientos. La semana pasada se enviaron por correo las preguntas a Paul Gallie, director de desarrollo de negocios de APMT para las Américas, pero la consulta no podía ser atendida antes del martes, explicó la vocera de prensa en Costa Rica.
Con la comparecencia de los representantes de la compañía, la comisión legislativa que investiga las concesiones finaliza esta semana las audiencias relativas al caso de la TCM, sobre el cual emitirá próximamente su informe.
INTERESES
De acuerdo con Allan Hidalgo, presidente ejecutivo de JAPDEVA, es increíble que sindicatos y algunas empresas transnacionales de exportadores de banano se opongan a la nueva Terminal de Contenedores de Moín, lo cual se explica porque defienden intereses particulares y no piensan en los intereses del país, como sí lo debe hacer el Gobierno.
“Aunque resulte poco creíble y contra la historia, en esta ocasión sindicalistas y algunas transnacionales fruteras reunidas en la Cámara Nacional de Bananeros coinciden en la lucha contra la especialización y el progreso portuario de Limón, los primeros por asuntos de privilegios laborales y, los segundos, por intereses comerciales. De ahí, que acudieran a los tribunales”, manifestó Hidalgo en un artículo de opinión publicado el domingo pasado.
Cuando bananeros y sindicatos hablan de un monopolio en la TCM sentimos que están alejados de la realidad. Por definición, esta es una obra que por su envergadura y volumen de negocio es más conveniente para el país llevarla a cabo de la forma que se está haciendo; aparte que ha seguido un proceso transparente y supervisado por la Contraloría General de la República.
El tema ambiental ha sido celosamente resguardado y por eso se cuenta con la viabilidad ambiental otorgada por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA).
Por lo tanto, es visionaria la adjudicación a APM Terminals, una empresa con experiencia en el manejo de 50 puertos en el mundo y que deberá invertir $992 millones en la TCM en Costa Rica, señaló.
APMT y otras cuatro “operadoras globales” de puertos tienen presencia en los 16 puertos más importantes en la región de México, Centroamérica y el Caribe, donde controlan el 50% del tráfico portuario, según un documento del Banco Interamericano de Desarrollo.
En el Perú, la concesión de la Terminal Norte del puerto de Callao que dio el anterior Gobierno de Allan García a APMT ha motivado denuncias de irregularidades y solicitudes de que se anule, por parte de gremios empresariales, especialistas, políticos, organizaciones de la sociedad civil, militares en retiro y hasta por la propia Marina de Guerra.
La Federación Nacional de Trabajadores Portuarios (FENTENAPU) presentó en marzo pasado una demanda de nulidad de la concesión, argumentando que liquidará a la Empresa Nacional de Puertos, empresa estatal equivalente a JAPDEVA en Costa Rica.

Sin riesgos
Entre los hechos llamativos que señala SINTRAJAP en el proceso de concesión está la exigencia de la transnacional de que se le garantice exclusividad en el manejo de contenedores para participar en la licitación, cosa que le fue concedida.
“Estamos claros en que el derecho a la exclusividad en el manejo de contenedores en el Complejo Limón Moín fue rechazado por la Contraloría. Sin embargo,  si no existe exclusividad a favor del concesionario ni se le garantiza que será la principal terminal operadora de contenedores del Caribe, definitivamente APMT no participará en esta Licitación, ya que no se le está brindando seguridad jurídica ni financiera”, planteó la empresa a la administración (folio 2393 del tomo V del expediente administrativo de la concesión de la terminal en Moín).
El cartel fue modificado y la versión final quedó así: “Según la especialización planteada por el Plan Maestro de que la TCM será la terminal especializada para el manejo de contenedores, del Complejo Portuario de Limón/Moín y en la Costa Caribe, así como la única encargada de atender barcos portacontenedores…”
APMT también cuestionó las tarifas autorizadas por considerarlas insuficientes, y adujo que las estimaciones de costos hechas en el Plan Maestro Portuario eran incorrectas.
Para apoyar su argumentación presentó un estudio de una empresa consultora, y no obstante que la misma consultora advierte que toda la información fue brindada por su cliente (APMT) y no se realizó verificación alguna de la veracidad de los datos, el CNC y la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) modificaron la tarifa con base en la  solicitud planteada por APMT (folios 2260-2274 del expediente).