El profesor Jaime Robert, en un comentario publicado en el Semanario Universidad (3/8/2011), se refiere a un artículo mío en el cual analizo las razones dadas por el Sindicato de Empleados de la Universidad de Costa Rica (SINDEU) para apoyar una propuesta que permitiría al personal administrativo de la Universidad de Costa Rica (UCR) ampliar sus espacios de poder dentro de esta institución.
De los puntos tratados por el profesor Robert, el que primero conviene aclarar es que, contrario a lo que él sugiere, no comparto la perspectiva del SINDEU de utilizar el concepto de “ciudadanía” para analizar la condición del personal administrativo de la UCR. Como lo dejé claro en el artículo que publiqué en La Nación (21/6/2011), no es posible equiparar democracia con democracia universitaria, ya que el fundamento de cada una es distinto: ciudadanía en el primer caso, condición académica en el segundo. Si esta diferencia se deja de lado, desaparece la diferencia entre sociedad y universidad, y esta última pierde su condición de tal.
Igualmente, en su comentario el profesor Robert equipara la condición de los administrativos, en tanto “personal de apoyo a las actividades académicas sustantivas”, con la de los estudiantes. Este proceder llama la atención porque, para empezar, los estudiantes no mantienen una relación laboral con la UCR; y en segundo lugar porque, en contraste con los administrativos, los estudiantes sí tienen condición académica. Precisamente por eso, participan en la democracia universitaria, mediante una representación proporcional en relación con el número de académicos en propiedad.
Asimismo, el profesor Robert contrasta la situación de los académicos interinos, discriminados y excluidos de participar en los procesos electorales universitarios, con la de los académicos en propiedad, estos últimos beneficiarios de “privilegios” y “prebendas”. De este planteamiento, se debe destacar, ante todo, que el profesor Robert, pese a que se identifica con los académicos interinos, apoya la propuesta a favor de fortalecer la posición de poder de los funcionarios administrativos, la cual, de ser aprobada, reforzaría la discriminación en contra de los académicos interinos.
En segundo término, cabe recordarle al profesor Robert que las condiciones laborales de los académicos en propiedad y el salario correspondiente no son el resultado de actos arbitrarios, que son los que posibilitan “privilegios” y “prebendas”, sino de criterios diseñados para reconocer y calificar el logro académico. Estos  procedimientos –aunque imperfectos– están debidamente establecidos y regulados, son de conocimiento público y pueden ser modificados de acuerdo con la normativa universitaria.
Con respecto a los académicos interinos, el profesor Robert se olvida de mencionar que, aun en su condición de interinos, participan con derecho a voz en instancias deliberativas, como las asambleas ampliadas de escuela y facultad, y en las reuniones de las secciones y cátedras a que pertenecen. De más relevancia todavía, todo académico interino puede aspirar a una plaza en propiedad, siempre y cuando cumpla con los requisitos mínimos y sea académicamente competitivo. Así, el interinazgo, más que ser simplemente una fuente de exclusión y discriminación, es también un componente fundamental de un necesario proceso de selección de los nuevos cuadros de académicos en propiedad.
Sin dejar de lado la complejidad del problema del interinazgo académico en la UCR, hay un punto sobre el cual rara vez se debate públicamente: el grado en el cual la prolongación de la condición de interino se relaciona con el insuficiente desarrollo académico o la falta de compromiso institucional de quienes están en esa condición. Ciertamente, debatir sobre este tema no es políticamente correcto, y podría tener serias consecuencias para algunas de las personas que aspiran a cargos electivos dentro de la democracia universitaria; pero considerar esta problemática es indispensable para mejorar la condición académica de la UCR.
De acuerdo con el profesor Robert, “los vicios y defectos de la democracia, en particular universitaria, no se eliminan con menos sino con más democracia”. Si esto fuera cierto, la propuesta para fortalecer la posición institucional del personal administrativo dentro de la UCR no iría acompañada de medidas que acentúan la discriminación en contra de los académicos interinos y refuerzan la defensa de los intereses de los administrativos.