La discusión sobre la tarifa, costos reales y datos de crecimiento de la producción y la demanda que se dan para justificar la concesión de la terminal  de contenedores de Moín (TCM),  centró la comparecencia de los representantes de la compañía holandesa adjudicataria ante la comisión legislativa sobre concesiones, la semana pasada.
Paul Gallie, director de desarrollo de negocios para las Américas,  de APM Terminals (APMT), hizo el 9 de agosto una presentación para convencer a los diputados de la comisión de que la construcción de la TCM que el Gobierno le adjudicó a su empresa, con una inversión de casi ¢1.000 millones, es “la única solución” para resolver todos los problemas portuarios del país en el Caribe.
Se trata de un oferente de clase mundial con experiencia en la financiación, construcción, operación y mantenimiento de terminales para barcos de contenedores. Se va a dragar el canal de acceso al puerto hasta 16 metros para permitir la entrada de barcos grandes y aprovechar economías de escala.
Se va a construir un rompeolas de 2,2 km de longitud que ofrece protección contra vientos y olas fuertes. Asimismo,  1.500 metros de muelles adicionales para eliminar el problema de congestión de atención de barcos.
También, se emplearán sistemas modernos y seguros para manejar la terminal con barcos grandes y mejorar la productividad, incluyendo la instalación entre nueve y trece  grúas de las más modernas del mundo, resaltó Gallie.
La comisión legislativa finalizó las audiencias sobre el proceso de concesión de la TCM y dentro de un mes aproximadamente emitirá su informe, dijo el presidente del panel, Víctor Emilio Granados.
Ahora los diputados se van a concentrar en el estudio de la concesión del Puerto de Caldera, Puntarenas, manejado desde hace seis años por el consorcio Sociedad Portuaria de Caldera, encabezado  por la Sociedad Portuaria Buenaventura, de Colombia.
El diputado Walter Céspedes, del Partido Unidad Social Cristiana, aseguró que no es cierto que en el país se vaya a producir más carga de exportación de banano y piña como afirman los impulsores de la TCM, pues esa producción ya llegó al límite y más bien están desapareciendo fincas.
A la vez cuestionó que la TCM vaya a ser una solución de empleo para Limón, como sostuvo el empresario.
 

 
¿Quién dice que no competimos?
Rogelio Douglas, gerente de AMPT Costa Rica, negó que la empresa adjudicataria haya exigido la exclusividad de la carga de contenedores y tema competir. Además, no son comparables las condiciones de un país con otro, afirmó al contestar la crítica de que la tarifa fijada para la terminal de contenedores de Moín es la más alta de la región.
A continuación un resumen de la entrevista concedida a UNIVERSIDAD:
¿Qué dice a la crítica de que la de la TCM es la tarifa más cara de Latinoamérica?
– Esa comparación es como comparar la cáscara de un mango con la cáscara de una piña. Los dos son frutas, pero más que eso las diferencias son grandísimas. En cada país hay ciertas variables que inciden en el costo del servicio.  En Japón los costos son $400, en EE.UU. hay un costo de $210 a $295, entonces en realidad depende de qué país se trata.
Ustedes pidieron que les dieran exclusividad en la carga de contenedores. ¿Temen la competencia?
-No, al contrario, es que hay un desfase entre los tipos de carga, de servicios, etc.  Nosotros no tememos la competencia. Nosotros tenemos, por ejemplo, una terminal en Los Ángeles Long Beach, California,  que es el puerto más grande de los EE.UU.
Que es la terminal más cara en la costa oeste de EE.UU. dicen los del sindicato de JAPDEVA…
-Toda la costa oeste es lo más caro que cualquier otro puerto de los EE.UU. Es que el precio del servicio en el puerto está basado en las condiciones locales en Los Ángeles Long Beach. Si vas a la misma costa oeste del estado de Washington es mucho más económico el costo.
¿Insisto, ustedes pidieron la exclusividad para la TCM?
-No.
Pero hay una nota en el expediente de la concesión donde ustedes piden la exclusividad de la carga de contenedores, porque si no, no participaban. ¿Quiere decir que ustedes no quieren competencia en el campo de la atención de contenedores?
-No es así. Hay muchos servicios de puerto de carga que nosotros no vamos a atender. En este caso, JAPDEVA lo va a atender, se puede decir que ellos van a tener exclusividad en esas cargas. La exclusividad nuestra es lo que se llama los barcos “full conteinered”. Entonces lo que sí pedimos es la facilidad  de poder concentrarnos nosotros en la especialidad nuestra.
Pero eso no es lo que dice el expediente, ustedes dicen allí que no tendría sentido participar en la licitación si luego van a permitir que otros puertos entren al negocio…
-No, si llega un día en que JAPDEVA tenga una facilidad comparable con APM Terminal y quiere competir, pues obviamente va a competir. Nosotros tenemos la terminal en New Jersey, que es la segunda más grande de los EE.UU., tenemos terminales en Japón, Hong Kong, China, donde hay docenas de operadores de terminales. ¿Quién dice que no competimos?

Diputado Walter Céspedes: Licitación portuaria fue “montada” a exigencias de empresa
Para el diputado Walter Céspedes no tiene mayor sentido construir una nueva terminal muellera como la TCM, que además no será una solución de empleo, si la ruta 32 a Limón está colapsada y no se amplía.
El siguiente es un resumen de la entrevista dada al Semanario:
¿Tras concluir todas las audiencias relativas a la concesión de la TCM sigue considerando inconveniente esa concesión?
-Lo que nos queda claro es que la licitación fue muy montada al estilo y a lo que quería APMT. Uno ve que incluyen 15 adendos que no estaban en la licitación, y cuando yo le pregunto (al representante de APMT) por qué tiene que hacerles el Estado una carretera de cuatro carriles que cuesta $20 millones precisamente para ellos, entonces contesta que es que ahí estaba incluido en la concesión.
Tenemos una ruta 32 (San José-Limón) que está necesitando meterle dos carriles más porque está colapsada y es uno de los problemas por los cuales Limón no se desarrolla, pero uno ve que sí es muy fácil que el Estado agarre $20 millones para hacerle una carretera privada a un concesionario. Y uno no entiende cómo el Estado no puede agarrar $9 millones para comprar una grúa pórtica, que suba el precio del servicio que podría estar generando JAPDEVA y eso le permitiría a JAPDEVA tener mayores ganancias.
¿Qué habría que hacer entonces?
-Habría que empezar por mejorar la infraestructura hacia Limón, precisamente para darle cabida al mejoramiento del puerto o a la construcción de un nuevo muelle. Uno siente que esta gente (APMT) pretende ser la salvación cuando se arrogan el derecho de decir que lo único que le sirve a Costa Rica es que ellos inviertan. Eso no es cierto. El Estado tiene que invertir. Lo que pasa es que el Estado no ha querido invertir en un negocio tan brillante como son los muelles. ¿Quién ha dicho que los muelles en manos del Estado en diferentes partes del mundo  son malos y que solo la empresa privada es productiva? Eso no es cierto.
Además de eso la administración de los muelles de Limón y Moín está en manos de JAPDEVA y esta es una institución que además de velar por el servicio de carga y descarga de los muelles, también vela por el desarrollo de la provincia de Limón y eso no se puede perder de vista. Esa parte social no la viene a llenar esta empresa.
Ellos le ofrecen empleo a la gente de Limón…
-Ellos ofrecen 450 empleos y hasta 1.000 cuando empiecen a construir el muelle. Pero esos empleados a los tres años cuando termine la construcción se van para la calle. Esa no es la solución de empleo para Limón.
Actualmente, JAPDEVA tiene 1.400 empleados. APMT dice que puede administrar ese muelle con 450, es decir que estamos perdiendo 950 empleos si desapareciera JAPDEVA. Entonces no es que  están generando una gran cantidad de empleo.