No hemos sido capaces los habitantes de este pequeño país centroamericano, que lo sigue siendo a pesar del gigantesco mar patrimonial que posee y que es equivalente a diez veces su territorio continental, de encontrar el lenguaje y las categorizaciones apropiadas que nos permitan caracterizar y  mensurar lo que ha venido ocurriendo, desde hace varias décadas, con el régimen de seguridad social encargado de administrar el sistema de salud y el más importante régimen de jubilaciones existente en Costa Rica.
Desde su creación, en el año de 1941, los llamados regímenes de enfermedad y maternidad (medicina curativa) y el invalidez, vejez y muerte (pensiones y jubilaciones)  fueron dotados, por medio de legislación específica, de los recursos necesarios para su buen y, si se quiere, hasta óptimo funcionamiento. Al menos esto quedó muy claro durante las administraciones de los presidentes Rafael Ángel Calderón Guardia y Teodoro Picado, allá en la lejana década de los 1940.
Tal y como nos lo demuestra  don Luis Alberto Jaén Martínez en su libro “El gran asalto del PLUSC al seguro social” (Primera edición San José Costa Rica 2011), fue durante la tercera administración del presidente José Figueres Ferrer (1970-74) cuando se redujo la contribución del Estado a la seguridad social de 2.50% a 0.25% (hasta entonces la contribución tripartida de trabajadores, patronos y estado era de 2.50%, por sector), privándola de importantes recursos en momentos en que por ley debía asumir los costos de la universalización del sistema de salud y los hospitales de la Junta de Protección Social de San José, los que pasaron a ser administrados por la institución encargada de la seguridad social, a mediar la década de los setenta.
Con la excepción de la administración del presidente Rodrigo Carazo (1978-82) cuando la contribución del Estado se aumentó de  0.25% a 3.25%, la estrategia de destrucción y de privatización de los seguros sociales en Costa Rica ha continuado, de manera imparable.
Ya en la primera administración Arias Sánchez (1986-90) se redujo drásticamente, a partir de 1987, el aporte del Estado a la Caja a apenas 0.25 %, retornándose a la situación de los años setenta, al mismo tiempo que se orquestaron los planes que, a la luz del Consenso de Washington, se elaboraron para privatizar la seguridad social de Costa Rica, tal y como lo habían hecho las dictaduras militares del Cono Sur, sobre todo en el caso  de Chile, donde el régimen del General Pinochet entusiasmó tanto a los ideólogos del neoliberalismo/ neoconservadurismo por su drástica eliminación de la medicina social y de los planes o regímenes de jubilación administrados, de manera pública.
Hoy, cuando la deuda del Estado a la seguridad social puede medirse en muchos miles de millones de colones y no hay ninguna voluntad política para reconocerla y mucho menos de pagarla, es cuando conviene reflexionar y detenernos a observar ¿qué es lo que está ocurriendo en verdad con la seguridad social en Costa Rica?