La Contraloría General y el Ministerio Público abrieron una investigación contra el alcalde de Carrillo, por la presunta donación de un terreno municipal a una asociación privada. (Foto: archivo)
Los casos de corrupción en los gobiernos locales se han convertido en la noticia cliché, pues no pasa una quincena sin que un alcalde, un regidor o  funcionario de alguna alcaldía sea detenido, procesado o condenado por malversación, peculado,  abusos de autoridad y otros delitos.
Sólo en los dos últimos años, cerca de una docena de alcaldías en todo el país se han visto envueltas en escándalos de corrupción que involucran a sus máximas autoridades (ver recuadro “Resumen de casos”).
A estos incidentes puntuales se suma una percepción generalizada de que la mayoría de los gobiernos locales son incapaces de resolver, o al menos mejorar, situaciones que afectan a sus comunidades, tales como  mal estado de las calles, deficiente alumbrado público, inseguridad o acumulación de basura.
¿Cómo se explica este fenómeno? ¿A qué tipo de crisis se enfrenta el régimen municipal del país? ¿Para qué pagamos los ciudadanos los impuestos que se destinan a financiar a los gobiernos locales? Estas han venido a ser preguntas en boga.
Tres expertos, entrevistados por UNIVERSIDAD proponen explicaciones que buscan llegar al fondo del problema y que de manera sintética atribuyen el origen de esta tendencia al sistema político-electoral del país.
El expresidente ejecutivo del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), Juan José Echeverría Alfaro; el alcalde de Curridabat, Edgar Mora, y el exdiputado Alberto Salom, quien recientemente defendió una tesis de doctorado relacionada con el tema, opinaron al respecto.
MAL CONGÉNITO
Para estos expertos, el problema ni es exclusivo de la institución municipal ni se origina en ella, sino que tiene sus raíces en el sistema político-electoral del país.
“Lo que pasa en la municipalidad no es más que reflejo de lo que pasa en todo el sistema político costarricense. No es correcto verlo como un problema aislado. Si hay algo que resolver con respecto al régimen municipal es la cultura de impunidad e irresponsabilidad que está cultivando este país en forma general”, señaló Echeverría.
Su opinión es coincidente con la de Mora, quien asegura que parte de los problemas se origina en los partidos políticos nacionales, donde las alcaldías se ven como un simple eslabón en la carrera de algunos de sus miembros.
“Yo diría que estos casos de corrupción son situaciones extremas, pero en general se enmarcan en un conjunto de problemas que provoca la visión que se tiene de los gobiernos locales, como el eslabón de una escalinata política”, apuntó.
“Hay alcaldes y regidores recién llegados que están muy urgidos de subir, igual que veteranos que siguen acariciando la idea de ser diputados o ministros. Esto hace que los problemas de la ciudad que administran nunca sean  predominantes en su lista de preocupaciones”, criticó el Alcalde de Curridabat.
Para Alberto Salom, la crisis de los gobiernos municipales tiene explicaciones en su propia historia.
“Lo primero que hay que decir es que el régimen municipal es un resabio de tiempos pasados.  Es un arete, un apéndice en el Estado costarricense, que ha ido progresivamente perdiendo atribuciones y competencias”, aseguró.
Todavía hace pocos años, existía un gobernador nombrado por el Poder Ejecutivo, recordó Salom, que era el verdadero interlocutor entre las comunidades y el poder central; el papel de la municipalidad era tangencial.
El alcalde, que se denominaba entonces “ejecutivo municipal”, era elegido por los  regidores, por lo que venía a ser una figura sin representatividad ni autoridad suficiente.
Hasta el año anterior, los regidores y síndicos se nombraron en las mismas elecciones presidenciales y legislativas de febrero, en tanto que los alcaldes se designaron en un proceso aparte en diciembre. El efecto de esto, según Mora, ha sido con frecuencia el desencuentro entre las autoridades municipales, porque regidores y alcaldes llegan con proyectos distintos y en ocasiones divergentes.
Estas situaciones han cambiado, ciertamente, pero la mentalidad de los partidos políticos y de la ciudadanía respecto a los gobiernos locales no se ha modificado en la misma medida.
“Este país no ha tenido nunca una verdadera decisión de resolver los problemas a nivel de gobierno local. Las actitudes han empezado a cambiar, pero lo tradicional ha sido que a nadie le importe quiénes llegaban a los consejos municipales. Se decía que las municipalidades eran para los ‘pegabanderas’ y el criterio común de nuestro pueblo es que no servían ni para recoger la basura”, recordó Echeverría.
Desde su experiencia al frente de una de las pocas alcaldías consideradas “modelo”, la del cantón capitalino de Curridabat, Edgar Mora lanzó una mirada crítica sobre varios de los obstáculos que se interponen en la labor de los administradores locales.
Uno de ellos –dijo-, es el mismo Código Municipal, que es “una pieza bastante defectuosa”. No deslinda con claridad las competencias del Concejo Municipal y las del alcalde. Tampoco es claro respecto a las competencias del gobierno local y las de la administración central, por lo que “siempre queda una especie de área gris sujeta a la interpretación jurídica y susceptible al conflicto”.
Por otra parte, las debilidades económicas de las municipalidades son severas. En ello coinciden todos los analistas. Administrar  el 2% del presupuesto nacional no es precisamente un modelo de descentralización.
El resultado directo de estas dos situaciones (la incertidumbre en materia de competencias y la falta de recursos) es la fuerte dependencia de las municipalidades respecto del gobierno central y, consecuentemente, el clientelismo político.
“Los alcaldes que no van a ponerse a la orden de los diputados y los ministros, ya saben que no tendrán recursos suficientes para desarrollar sus planes. Esa ha sido y sigue siendo la historia”, coincide Echeverría.
SOLUCIONES DIFÍCILES PERO POSIBLES
En el 2016 por primera vez el país se abocará a elecciones de medio periodo, dedicadas exclusivamente a seleccionar las autoridades municipales (regidores, síndicos y alcaldes). Por primera vez, también, los partidos políticos tendrán financiamiento estatal que les permita contrastar sus ofertas ante el electorado.
Eso marcará el inicio de un cambio, aunque por sí mismo no signifique el fin de todos los males que afectan al sistema de gobiernos municipales, ya que aún quedan muchas tareas pendientes.
Una de ellas, en la que coinciden todos los analistas, es la búsqueda de mecanismos para elevar la participación popular en los procesos eleccionarios y en los procesos de toma de decisión de las alcaldías.
“El tema de la descentralización pasa necesariamente por una mayor participación ciudadana, más beligerante y comprometida, más responsable, que obligue a los funcionarios a rendir cuentas de una manera efectiva”, señala Echeverría.
Un planteamiento similar formuló Salom, quien considera que no sólo es deseable la descentralización de las municipalidades respecto del gobierno central, sino también de los distritos con respecto a los gobiernos cantonales.
Eso se logra, a su juicio, desarrollando el concepto de presupuestos participativos; es decir, que los distritos tengan incidencia en la definición de las prioridades del gasto, según sus necesidades particulares.
Los procesos licitatorios, las patentes y las concesiones territoriales deben ser transparentes, sometidos al escrutinio de los ciudadanos, alega  Salom.
Por su parte, Echeverría propone que se reforme la ley para que no solo los partidos políticos puedan proponer candidatos a los gobiernos cantonales, sino también los sindicatos, las cooperativas, las asociaciones solidaristas, las cámaras empresariales e incluso grupos de ciudadanos que se unan con ese fin exclusivo.
“Eso abriría un gran marco de posibilidades para que la ciudadanía participe y busque mejores resultados”, agregó.
Por otro lado, Mora es partidario de que las municipalidades puedan establecer alianzas con el sector privado.
“Es fundamental entrar en un proceso de alianzas público-privadas que nos permitan superar las limitaciones draconianas del presupuesto, abriendo un espacio para generar inversiones en los espacios públicos”, puntualizó.
También –añadió- los partidos políticos mucho podrían contribuir a mejorar si tuvieran una agenda de formación de líderes locales, de manera que los futuros alcaldes y regidores tengan un mejor perfil.