Las universidades estatales tendrían problemas con sus investigaciones en seres humanos, de no corregirse el proyecto de ley. (Foto: Katya Alvarado)
El proyecto de la Ley Reguladora de Investigación Biomédica que está en discusión en la Asamblea Legislativa, pondría una serie de obstáculos y problemas para que las universidades públicas hagan su tarea en este campo para beneficio del país.
Ese es el criterio de representantes de la Universidad de Costa Rica y de la diputada del Partido Acción Ciudadana, María Eugenia Venegas, quien advirtió la semana anterior que el proyecto dictaminado en comisión, no cumple con el objetivo de regular adecuadamente la investigación en seres humanos.
El expediente 17.777 está listo para ser conocido en el plenario legislativo, por lo que la diputada advirtió que de no corregirse los errores, no solo votará negativamente el proyecto, sino que solicitará una consulta de constitucionalidad.
El primero de los señalamientos de la diputada Venegas tiene que ver con la creación del Consejo Nacional de Investigación en Salud (CONIS), el cual estará integrado por ministros y representantes de colegios profesionales, lo que -según la legisladora- contraviene las normas internacionales, pues le resta independencia al órgano.
 
Las universidades públicas y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) también entrarían en conflicto con el CONIS, dado que la ley da potestad a este ente de definir las políticas de investigación, lo que para Venegas  contraviene la autonomía de estas instituciones y creará problemas operativos.
También tendrían problemas con su independencia los Comités Éticos Científicos (CEC), los cuales no tendrán personerías jurídicas aparte, sino que serán totalmente dependientes de los entes públicos o privados que los creen.
Los CEC serán los encargados de aprobar o reprobar los experimentos con seres humanos, y según la diputada si una entidad recibe la negativa de un ente de estos, podría recurrir a otro órgano similar, hasta por un costo menor, para obtener el permiso que requiera la investigación.
COBRO A UNIVERSIDADES
También cree necesario corregir el cobro de un canon del 1% de los presupuestos de cada investigación, sin que haya distinción para los trabajos que las universidades públicas realicen sin patrocinio de otros entes.
Venegas consideró que el mantener este canon reducirá los fondos destinados a la investigación, además de tratarse de un “sinsentido”, en vista de que se trata de un cobro sobre fondos públicos.
Los diputados tampoco quisieron crear un fondo para investigar problemas particulares del país, ni se garantiza el que cuando una personas recibe un medicamento para determinado mal como parte de un experimento, siga teniendo acceso al fármaco.
Además se cuestiona el hecho de que se permita el pago a personas para que participen de los experimentos, lo cual podría llevar a gente de escasos recursos a arriesgar sus vidas en procedimientos experimentales, con tal de recibir algún ingreso.
Venegas, exdecana de la Facultad de Educación de la UCR, aseguró que las mociones presentadas en la comisión para corregir estos problemas no fueron aceptadas, debido a que hay premura en la bancada oficialista de aprobar esta ley cuanto antes.
Recordó que el proyecto tiene solo un año de estar en la corriente legislativa, lo que se puede considerar poco tiempo para llegar al plenario legislativo, pero que se explica por la presión de los grupos interesados en el tema, principalmente las casas farmacéuticas.
INCONVENIENTE
Roberto Guillén, director ejecutivo de la Fundación para la Investigación de la Universidad de Costa Rica (FUNDEVI), estima que el que no se haga una diferenciación entre los fines públicos y privados de una investigación, puede ser nocivo y desincentivar la actividad científica universitaria.
“Obviamente esto haría que disminuyan los entes que podrían financiar, encarecería el financiamiento y a la misma investigación se le encarecería. Es un contrasentido, porque la investigación es un motor del desarrollo y de la economía”, reprochó.
Guillén también destacó que es inconveniente que haya un ente como el CONIS, que vaya a definir qué deben investigar las universidades, pues claramente eso va contra la autonomía que debe primar en el trabajo académico.
Por su parte, Olga Baudrit, directora del Instituto de Investigaciones Farmacéuticas (INIFAR) de la UCR, dijo que de lo que conoce del proyecto, las mociones que presentó la UCR -por medio de la diputada Venegas- fueron rechazadas.
“Tendríamos que ver qué quedó en el proyecto, pero hasta el momento no lo conozco. Nosotros presentamos una moción específica para que el INIFAR sea laboratorio oficial para el Estado”, puntualizó.
Baudrit expresó que sería “muy positivo” que esta ley se resuelva lo antes posible, pero con una revisión cuidadosa de todos los aspectos. A su parecer, la Asamblea Legislativa ha sido irrespetuosa con la UCR, ya que esta casa de estudios superiores realiza muchas investigaciones con seres humanos.
El vicerrector de Investigación de la Universidad de Costa Rica, Henning Jensen, calificó el proyecto de ley como “un despropósito” y considera que no se encuentra a la altura de la discusión internacional en este tema.
“Este proyecto pretende legislar a favor de la industria biomédica y no logra -quizá ni siquiera lo pretenda- garantizar los derechos mínimos de las personas que participan en investigaciones de este tipo. Lejos de avanzar hacia un sistema más sólido de garantías, crea un régimen legal más permisivo y pernicioso del que existía antes”, afirmó Jensen.
El vicerrector criticó la falta de independencia de los comités ético-científicos que establece la ley, y valoró negativamente el que se pretenda tasar las investigaciones estudiantiles.
“Esto constituye una contribución efectiva al encarecimiento de la educación superior con efectos regresivos funestos para la población estudiantil de menores ingresos, amén de que implica una doble tasación de la matrícula”, indicó.
 

 
Las universidades se verán afectadas
El director del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la Universidad de Costa Rica (UCR), Luis Fallas, advirtió que tal y como se plantea el proyecto de la Ley Reguladora de Investigación Biomédica, las universidades estatales se verán afectadas en su quehacer.
Para Fallas, uno de los principales problemas será que se aplique el canon del 1% a las investigaciones universitarias, en vista de que podría restar apoyo para la actividad, además de que los fondos irán a dar a la “caja chica” del Estado y no a la promoción de la investigación.
Afirmó que en otros países es usual que se cobre este tipo de impuestos a las investigaciones, por cuanto estas generan gran cantidad de dinero; pero, recalcó que este no es el caso de Costa Rica, ni de sus universidades.
“En general el proyecto no es un adefesio, hay que arreglarle cosas, es positivo y clarificador. Posiblemente tiene mucho de reglamentista y hay confusión en ese sentido; pero, hay aspectos puntuales que se deben corregir en el plenario”, pidió.
Para Fallas, otro punto que se debe arreglar es lo relativo a la conformación y funcionamiento del CONIS, para que los interesados de primer orden no sean quienes definan las pautas para investigar y se regulen a sí mismos.
“Los grandes interesados son algunos investigadores, las compañías y algunos intermediarios. En esto hay mucho dinero de por medio y hay actores de estos que están perdiéndolo, por lo que es lógico que quieran que todo se haga corriendo”, cuestionó.
Insistió en que el país debe garantizarse la promoción de la investigación que sea de interés para la sociedad, y no solo para el interés comercial de las grandes compañías.
“Si tenemos una enfermedad endógena, que es solo nuestra, tenemos que investigarla nosotros. Por eso es paradójico que se vaya a cobrar un impuesto a las universidades en investigaciones de ese tipo, y que al final ese mismo dinero sea para financiarlas”, planteó.
Fallas instó a que si una investigación genera mucho dinero, lo justo es que pague el canon correspondiente, y que ese dinero se utilice para estimular la actividad científica en otros campos.