Las dirigencias de la de la ANEP afiliada a la Centrales Juanito Mora, Rérum Novárum y la Coordinadora Unitaria Sindical, Magisterial y Comunal (CUSIMA) nos ha planteado la posible alianza con el máximo órgano empresarial de este país: la Unión de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (UCCAEP), para impulsar la aprobación del Proyecto denominado Ley Procesal Laboral que desde hace algunos años se está tramitando en la Asamblea Legislativa; lo que implica la reforma del Código de Trabajo, que entre otras materias, contiene regulaciones en el campo de la huelga, la negociación colectiva en el sector público y el arreglo directo.
Nuestra organización participó junto con el movimiento sindical en la elaboración de un grupo importante de enmiendas al proyecto original, para garantizar los derechos de organización y libertad sindical  y los derechos para las y los trabajadores; sin embargo, una vez que fueron abordadas por la Comisión Legislativa de Asuntos Jurídicos, fueron rechazadas por los diputados representantes de las cámaras empresariales y sus socios: las asociaciones solidaristas.
El Gobierno de Laura Chinchilla, a través del Ministerio de Trabajo, nos comunicó el retiro del proyecto de ley de las sesiones extraordinarias, en virtud  de nuestra posición de eliminar del proyecto y actual Código de Trabajo los Comités o Consejos permanentes, así como los arreglos directos.
Los arreglos directos y los comités permanentes juegan en Costa Rica un papel nefasto y vergonzante, al ser los instrumentos de la Escuela Juan XXIII y del empresariado para evitar la formación de sindicatos en la empresa privada, imponiendo la figura del arreglo directo en lugar de la convención colectiva.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha determinado que esas figuras, que han deteriorado la acción sindical, son absolutamente incompatibles con el Convenio 98 de OIT, que protege la Libertad Sindical y tutela el derecho de negociación colectiva. Este Convenio fue aprobado por la Asamblea Legislativa y, por tanto, tiene rango superior a la ley ordinaria (art. 7ª constitucional).
La UCCAEP, a cambio de esta alianza, según nos ha informado el abogado de la ANEP: Mauricio Castro, nos ofrece conversar sobre otro proyecto conocido como Libertades Sindicales, que años atrás fue consensuado con parte del movimiento sindical, pero una vez que llegó al plenario los empresarios le retiraron el apoyo, además nos proponen retirar aquellos artículos del proyecto de Ley Procesal Laboral relativos a los Comités Permanentes y Arreglos Directos.
La CGT, fiel a su principio de independencia de la clase trabajadora con respecto a los patrones y sus gobiernos de turno, se opone categóricamente a que las disposiciones vigentes del Código de Trabajo que regulan el arreglo directo, sean simplemente maquilladas, cosmética legislativa que resultaría insuficiente para contener los atentados contra el derecho de organización sindical de los y las trabajadoras, que son pan de cada día, sobre todo en sus sectores más oprimidos y vulnerables, como ocurre en las plantaciones agrícolas, maquilas y zonas francas.
En consideración de los aspectos anteriormente señalados, la Junta Directiva Nacional de CGT resuelve:
Oponerse a la aprobación del Proyecto de Ley Procesal Laboral.
Manifestar nuestra oposición a la nada confiable alianza con UCCAEP, que históricamente ha tenido y tiene intereses contrapuestos a la clase trabajadora.
Instar al movimiento sindical y popular a reconsiderar su posición de negociar con quienes promueven la persecución sindical, a través del despido y listas negras de trabajadoras, impidiendo el pleno desarrollo del sindicalismo.
Demandar al conjunto del movimiento sindical pronunciarse sobre este tema de singular importancia, y consultar a sus bases, a efecto de democratizar ampliamente el posicionamiento al respecto.