Costa Rica es uno de los pocos estados confesionales que quedan en el continente, pero curiosamente, a diferencia de los otros, es el Estado donde la Iglesia Católica tiene más poder en la toma de decisiones. Para muestra un botón: la Constitución Política de la República Argentina dice en su artículo 2: “El Gobierno Federal sostiene el culto católico, apostólico y romano”.
Esto puede sorprender a más de una persona que sepa que en Argentina existe la Ley de Matrimonio Igualitario para personas del mismo sexo, que además cuentan con la libertad de adoptar; que se practica la fertilización in vitro inclusive con selección de embriones estudiados genéticamente, no existe la Ley Seca en Semana Santa, la “píldora del día siguiente” está a disposición tanto en el comercio como en los hospitales públicos y a los docentes se les ha remarcado su “responsabilidad “ de brindar educación sexual a sus estudiantes.
¿Cómo se logró todo esto en un Estado confesional? Gracias a jueces valientes que supieron definir que algunas políticas iban en contra de la búsqueda de la igualdad entre sus habitantes.Sería muy bueno que se defina de una vez por todas qué quiere decir el artículo 75 de la Constitución Política de Costa Rica, en el que se permite la práctica de “otros cultos que no se opongan a la moral universal ni a las buenas costumbres”. Deberíamos saber los ciudadanos si esto se refiere a la moral universal establecida por el cristianismo o la impulsada por la razón. Si se trata de bases espirituales, los no creyentes o no cristianos estaríamos siendo discriminados por nuestra propia constitución; pero si se tratara de la moral establecida por la razón estaríamos hablando de un marco jurídico igualitario basado en lo que dijera Kant: “el valor moral de una acción no puede ser ni el miedo ni la inclinación, sino solamente el respeto a la ley”.
En la historia de la civilización occidental, cuando la Iglesia Católica ha intentado que sus dogmas sean leyes de una nación, esos intentos han terminado en muertes, persecuciones y discriminación: desde que el Papa Inocencio III con el Cuarto Concilio de Letrán en 1215 impusiera que los judíos vistieran con un distintivo hasta la campaña hecha por el Papa Juan Pablo II cuando en 1993 decidió viajar hasta África para exigir la no utilización de preservativo, hecho que el Parlamento Europeo calificó como «un auténtico genocidio, un crimen contra la humanidad». Por otro lado, el discurso del Papa Benedicto XVI aceptando el uso del preservativo en casos específicos como el de la prostitución masculina, no significó ningún alivio para los católicos que utilizan su cuerpo para un fin diferente a la procreación pues ya de antemano están pecando.
¿Qué es lo que está faltando en Costa Rica? ¿Quién está olvidando que es hora de que nuestra nación se convierta en un país donde haya una verdadera inclusión de todos los grupos?
Es fácil identificar las figuras débiles ante el poder de la Conferencia Episcopal: por un lado, tenemos a la Sra. Laura Chinchilla quien fue incapaz de mostrar su firmeza ante un cardenal que llamaba a las mujeres a no “imitar a los hombres” y por otro, tenemos una Sala Constitucional la cual prohibió la práctica de la fertilización in vitro en Costa Rica, basada en un recurso de ilegalidad presentado por el Lic. Hermes Navarro del Valle, quien -a pesar de redactar este recurso en el año 1995- utilizó estadísticas dadas en una conferencia en 1985 para “probar” que la FIV no era exitosa, datos con 10 años de antigüedad no son relevantes en el campo de la FIV: para el año 95 ya se contaba con datos mucho más alentadores de los cuales (quiero pensar) ni el abogado ni la Sala Constitucional se enteraron que existían.
Qué orgullo sería ver a la primera mujer presidente de la República de Costa Rica tener el valor y la entereza para decirle a un país mayoritariamente católico, lo que dijera en algún momento la Sra. Michelle Bachelet, expresidenta de un país bastante conservador como lo es Chile: «en el país hay personas que piensan distinto, que tienen distintos valores y principios y lo que un gobierno tiene que hacer es no imponerle a nadie una determinada manera de ver las cosas o una determinada opción. Lo que un gobierno tiene que hacer es entregarle a sus ciudadanos alternativas posibles»… Pero si por la víspera se saca el día, el micrófono le seguirá perteneciendo a obispos con discursos machistas y no a mujeres líderes que busquen la igualdad.