Hace un año, exactamente en la madrugada del 26 de agosto del 2010, las y los cuatro rectores de la UCR, la UNA, el Tecnológico y la UNED,  junto al equipo  de ministros del Gobierno, encabezados por Fernando Herrero y Leonardo Garnier, suscribieron el V Convenio para el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), correspondiente al quinquenio 2011-2016, lo que constituyó una abierta capitulación de las y los rectores a las imposiciones del Gobierno y el Banco Mundial y el más duro golpe a la educación superior pública, desde la intentona del Gobierno de Calderón y su Ministro Thelmo Vargas, casi dos décadas  atrás, que fue derrotada en ese momento por la movilización universitaria en las calles.
La rúbrica del acuerdo la efectúa el Consejo Nacional de Rectores (CONARE) de manera completamente inconsulta y a espaldas de las comunidades universitarias. La culminación de esta “negociación”, a altas horas  de madrugada ocurrió en Rohrmoser, en el antiguo edificio de la Agencia Internacional para el Desarrollo (AID), construido por el gobierno norteamericano a modo de bunker y hoy denominado Edificio Dr. Franklin Chang.
EL SINDEU, el SITUN, AFITEC, el directorio de la FEUCR en ese momento y el grueso del movimiento estudiantil organizado, rechazaron de inmediato esta flagrante capitulación, y advirtieron que no tardarían en demostrase sus severas consecuencias para las labores sustantivas de la universidades públicas.
La práctica es la madre de la verdad… y para verdades el tiempo. Efectivamente, se empiezan a dar recortes de personal interino, reducción de programas y proyectos, se elimina la matrícula de ampliación, la administración quiere imponer una política salarial restrictiva  a las y los trabajadores, la rectora de la UNA intentó no firmar la V Convención Colectiva del SITUN, pero fue disuadida por la movilización de las y los trabajadores, se impone el “préstamo” de 200 millones de dólares para las universidades públicas, con condicionamientos gravísimos por parte del Banco Mundial, que atentan contra la autonomía universitaria, se pretenden imponer modelos de recursos humanos de factura neoliberal, se incrementan las compras de servicios y el vínculo externo, avanzando solapadamente en la privatización, se apresuran los megaproyectos de infraestructura en medio de un mar de dudas y presuntas  irregularidades, y para rematar, se impone el hostigamiento y acosos laboral en la UPA y en la Vicerrectoría de Acción Social, que se agudiza con el despido del profesor y realizador audiovisual Pablo Ortega, director del documental “El Oro de los Tontos” que denuncia la minería a cielo abierto en Crucitas.
Es lamentable que en este panorama nos prestemos de manera acrítica a celebrar los 70 años de la UCR y aplaudir discursos abstractos sobre la autonomía, mientras se atenta contra la esencia de la Universidad y se persigue a la disidencia.
Al mismo tiempo, en el país latinoamericano modelo del neoliberalismo, la juventud se levanta indoblegable en las calles, y suma  a vastos sectores del pueblo chileno, poniendo en jaque al Gobierno de Piñera.
Ello nos demuestra que la única vía apara recuperar las universidades públicas para el pueblo, está en la movilización de estudiantes, trabajadoras   y trabajadores, abriendo así canales democráticos de participación y auto-organización, en combate consecuente contra los planes de Gobierno, con absoluta independencia  de las autoridades universitarias, que le han servido al Gobierno  de correa de trasmisión.
Aprendamos las lecciones del pasado y exijamos claridad y consecuencia a las dirigencias estudiantiles y sindicales de las universidades públicas. ¡Viva el ejemplo de la juventud y el pueblo chilenos!