Lo que muchos costarricenses no logran entender todavía es que la voluntad política del régimen imperante es la de privatizar en lo esencial los regímenes de enfermedad y maternidad y el de invalidez, vejez y muerte  (pensiones y jubilaciones), quedando la medicina social como una acción orientada principalmente a dar atención a los indigentes y a la resolución de las inevitables emergencias médicas.
Todo esto se desprende de las afirmaciones de los propios funcionarios de la Caja y del ministro de Hacienda de turno, al anunciar que el gobierno central pagará con bonos la deuda más reciente con la institución, siempre y cuando se obtengan más recursos fiscales por la vía de nuevos impuestos, cuyo destino podría ser desviado una vez más.
Lo cierto de toda certidumbre es que, tal y como hemos venido afirmando, desde finales de la década de los ochenta, durante la primera administración de Óscar Arias Sánchez y siguiendo las orientaciones del Consenso de Washington, estas políticas vinieron materializándose con la decisión tomada por ese gobierno de reducir el aporte estatal a la caja de 3.25% a 0.25% y en la negativa a pagar la deuda que ya tenían acumulada con la institución rectora de la seguridad social, cuyo monto era cercano a los mil millones de colones.
La extendida práctica de pagarle a la Caja con bonos redimibles con un interés bajísimo se generalizó, dentro de una indiferencia generalizada y la protesta de algunas voces solitarias, en especial la de don Luis Alberto Jaén Martínez quien, a lo largo de más de dos décadas, se mantuvo denunciando este saqueo a las arcas de su la institución rectora de la seguridad social en Costa Rica.
En el transcurso de los años noventa y con el cambio de siglo, esta política se expresó en la contratación masiva de servicios en clínicas privadas y en la negativa a la compra de equipos indispensables para el tratamiento de enfermedades crónicas y otros padecimientos como el cáncer, dentro de un claro favorecimiento a los  intereses privados en el campo de la medicina, lo que se tradujo en un crecimiento acelerado de las instalaciones y equipamiento de la Clínica Bíblica y el Hospital Hotel Clínica Católica, entre otras empresas beneficiadas.
Lo del préstamo finlandés, una compra fallida y fraudulenta de equipos médicos, que debió haber sido algo así como la gota que derramó el vaso, sirvió más bien para el montaje de un escándalo político y la ejecución de un ajuste de cuentas hacia el interior de las élites del poder, pero no como una posibilidad para enmendar el rumbo fatal en el manejo del tema del seguridad social en nuestro país.
Los dogmas del totalitarismo neoliberal-neoconservador en el tema de la seguridad social, al igual que en otras áreas de la vida social y política, no podían ser puestos en duda o mencionados siquiera so pena de excomunión para los críticos, tal y como le sucedió a Luis Alberto Jaén Martínez, rodeado por una cortina de silencio cómplice y al profesor Rodrigo Arias López, en su condición de actuario de la Caja, a quien se buscó silenciar por todos los medios posibles e imposibles, sin importar las graves consecuencias que esas políticas traerían para la gran mayoría de la población trabajadora del país: las largas listas de espera en los hospitales y la falta de especialistas médicos en los hospitales de provincia, unidos a los graves problemas en materia administrativa venían a ser apenas una pequeña muestra del mal que se venía incubando dentro de la Caja Costarricense de Seguro Social, con la complicidad de los integrantes de todas las juntas directivas nombradas desde la segunda mitad de los años ochenta en adelante.
Estamos seguros de que esta discusión debe ser llevada adelante profundizando los alcances de  un grave problema que nos compete a todos y señalando a los culpables de tanta inhumanidad, como un indispensable paso previo para dar un cambio de timón y de timoneles.