Una eliminación de golpe y “porrazo” del sistema regulatorio de precios del arroz en Costa Rica llevará a la quiebra a productores e industriales y dejará en el desempleo a unas 60.000 personas vinculadas a la actividad, advirtió José Blanco, exdirector de Estudios Económicos del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC).
“Por desidia, las autoridades comerciales de Costa Rica no han defendido y peleado ante la Organización Mundial de Comercio  (OMC) contra normas “laxas, injustas y perversas”, porque el subsidio al arroz aquí no existe, pues no hay un sistema de sustentación de precios sino un sistema regulatorio basado en los costos de producción”, dijo Blanco a UNIVERSIDAD.
Blanco, actualmente docente de la Escuela de Administración de la Universidad Nacional,  dijo que Costa Rica tiene la obligación de defender y proteger a sus productores de arroz y no dejarse presionar por la OMC, a la cual debería acudir para denunciar “interpretaciones” equivocadas en el tema de los supuestos subsidios. (Ver nota aparte 1: El ataque contra los arroceros lo comanda Anabelle González, dice Óscar Campos)
Por otro lado, insistió en  el país puede “pelear”, con certeza de éxito, el precio de referencia ($223,78 por tonelada métrica) fijada por la OMC, al considerar que está “desfasado”.
Asimismo, Blanco opinó que Costa Rica también debería exigir al organismo internacional una revisión del concepto de “precio de referencia”, para establecer uno que sea “más equitativo y justo”.
En  el caso de Costa Rica, por ejemplo, el precio que el industrial paga al productor es por el arroz en granza puesto en la planta”. Por esta razón, debe incluir costos agregados, como transporte, entre otros, dijo el experto.
“El texto mismo del acuerdo de agricultura  de la Organización Mundial de Comercio no es del todo atinente a Costa Rica, que utiliza un mecanismo de regulación de precios y no de sustentación ni de subsidios directos e indirectos”, explicó Blanco.
El exdirector de la dirección de Estudios Económicos del MEIC se mostró convencido de que Costa Rica, si acudiera a defender estas tesis en un panel de la OMC, “tendrá cien por ciento de éxito”.
“Ya hemos acudido y salido avante en paneles de la Organización. Muchos otros países que son afectados también por normas laxas e injustas agradecerían una acción de este tipo”, comentó Blanco.
La ministra de Comercio Exterior se ha mostrado preocupada por las críticas que Costa Rica estaría recibiendo en el seno de la OMC por algunos países, entre los cuales Estados Unidos, Canadá y Uruguay, por lo que consideran la “distorsión” que representaría para el libre comercio la presunta aplicación de subsidios a los arroceros.
“Costa Rica puede acudir a la OMC a defender sus intereses, es el equivalente a que se interpusiera un recurso de inconstitucionalidad”, dijo Blanco.
“En el caso de los subsidios, se han producido comentarios muy laxos, simplistas y superficiales al decir que Costa Rica está subsidiando el arroz porque los precios internos fijados por el gobierno son superiores al de referencia. Incluso, si Costa Rica se hubiera apegado a la norma, aún así la violaría porque los precios internacionales son mucho más altos”, dijo el exfuncionario del MEIC. (Ver nota aparte 2: El COMEX se defiende).
“Costa Rica tiene que ir a defender sus intereses, tenemos gente suficientemente capacitada para (el panel) pelearlo y ganarlo”, dijo Blanco.
El experto advirtió de las consecuencias de una eliminación abrupta del sistema de regulación, porque “rompería una serie de equilibrios de mercado que puede dar al traste con lo que le da comida a mucha gente. Quebrarán los productores y los industriales”, alertó.
Y dijo que el negocio del arroz mueve en Costa Rica entre $1.500 y $2.000 millones al año y “hay mucha gente que le gustaría tener ese negocio sólo, pues representa mucho dinero”, resaltó.
En Costa Rica, el consumo per cápita es de 54 kilogramos, lo que equivale a 360.000 toneladas métricas al año. La producción interna es de 290.000 toneladas, un 80% del total.
CONARROZ acaba de diseñar una propuesta en la que flexibiliza algunas posiciones y en la que está dispuesta a ceder hasta el 40% del consumo a los importadores.
Blanco insistió en que los intereses nacionales ante la OMC no se defienden posiblemente por desidia.
“No se hace por desidia, es  más simple adoptar medidas internas que meterle un poco de mete al problema. Además, como que no queremos pelearnos con la OMC, ésta no se va a enojar, más bien aplaudiría”, sentenció.
“Eliminar el sistema regulatorio no se puede hacer a la ligera, debe ser discutido y madurar muy bien, porque traerá graves consecuencias”, concluyó el experto.
 

 
Óscar Campos:
Ataque contra arroceros lo comanda Anabelle González
El presidente de la Corporación Arrocera Nacional, Óscar  Campos, responsabilizó a la ministra de Comercio Exterior, Anabelle González, de “comandar” lo que considera es un ataque al sector arrocero costarricense.
“Costa Rica lo que tiene que hacer es defender sus intereses, es un país que no afecta a ninguna otra economía, no produce todo el arroz que consume. La ronda de Doha (de la OMC) tenía la obligación de corregir las distorsiones, eso no lo dicen. El ataque al sector arrocero lo comanda Anabelle González, no Estados Unidos, ni Uruguay ni Argentina, es la ministra de COMEX”, aseguró Campos.
Según el dirigente, las autoridades comerciales costarricenses lo que presuntamente buscarían es favorecer a las comercializadoras importadoras.
“Quieren quitar la fijación de precios del arroz para fortalecer la importación y así ponerse en su línea de que hay que ayudar a los importadores a hacer negocios. Para ellos, las grandes comercializadoras son las que deben importar, porque el modelo neoliberal con el que se santiguan todos los días lo que busca es que el mercado ponga de rodillas a todo el mecanismo del Estado”, aseguró.
“Es su embajador en la OMC, Ronald Saborío, que hace yunta con ella, el que dice que cada vez más países critican a Costa Rica mientras en el mundo se debate sobre el peligro de que ocurran hambrunas y el impacto del crecimiento poblacional”, dijo Campos.
Insistió en que se trata de un modelo económico que busca que los grandes capitales manejen las decisiones en el país y no lo hagan los ciudadanos, y “en donde el Estado tenga cada vez menos posibilidades de actuación en un mercado voraz, ambicioso, y que ha demostrado hasta la saciedad su rotundo fracaso”.
 

 
El Ministerio de Comercio Exterior se defiende
UNIVERSIDAD realizó una consulta vía correo electrónico al Ministerio de Comercio Exterior acerca de las tesis de Blanco y las acusaciones de Campos.
El gerente de la Política Arrocera de esa institución, Henry Benavides, insistió en que Costa Rica está faltando a sus obligaciones ante la OMC por aplicar subsidios calificados “altamente distorsionantes”.
A continuación, se reproduce su respuesta:
“Costa Rica otorga un subsidio calificado como “altamente distorsionante”, a través del mecanismo de sostenimiento de precios del arroz. Este subsidio se calcula como la diferencia entre el precio fijado oficialmente por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio y el precio de referencia establecido en la OMC multiplicado por el valor de producción. La fijación de un precio tan elevado ha provocado un aumento en el área sembrada, lo cual lleva, a su vez, a un incremento en el monto del subsidio y a una violación cada vez mayor de las obligaciones internacionales del país.
Desde el 2007 Costa Rica ha incumplido sus compromisos en esta materia al exceder el límite máximo establecido en el Acuerdo sobre Agricultura de $15.945.000 anuales. En 2007 el subsidio recibido por los arroceros ascendió a $23.291.081; en 2008 a $62.477.559;  en 2009 a $91.743.858 y durante el 2010 se otorgaron US$109 millones. El Gobierno busca apoyar a la producción arrocera de manera conforme a las obligaciones internacionales de Costa Rica.”