Durante casi ocho meses, la exdiputada del Partido Liberación Nacional (PLN), Maureen Ballestero Vargas, tuvo como chofer personal a un oficial de la Policía de Control de Drogas (PCD), a pesar de que nunca existió un convenio que legalizara el préstamo de este funcionario del Ministerio de Seguridad Pública (MSP) a la Asamblea Legislativa.
Así lo denunció a UNIVERSIDAD el oficial que laboró para Ballestero, y que por motivos de seguridad pidió mantener su anonimato. “Nunca hubo nada, no hubo ni un solo documento que diga que existía un convenio para que yo estuviera ahí; inclusive verifiqué un expediente en el archivo central del Ministerio de Seguridad Pública para ver si existía algo, y no encontré nada”, recordó.
Entre junio del año 2007 y febrero de 2008, el oficial se encargó de transportar a la exlegisladora en su vehículo particular e inclusive en el de su hija, pero sin portar el uniforme de la PCD, y recibiendo su salario desde el MSP.
El inusual préstamo del oficial se dio luego de una orden emitida desde el despacho de Fernando Berrocal, entonces Ministro de Seguridad. Él aseguró no recordar el caso en concreto: “específicamente no me acuerdo, pero sí le puedo decir que creo que no debe ser el único caso de algún diputado que solicitara protección porque se sentía asustado o porque tenía que viajar al interior del país”.
Según Berrocal, el Ministerio de Seguridad tiene la potestad de enviar oficiales para proteger la integridad de los miembros de los Supremos Poderes, en el caso de que estos sientan amenazada su integridad. “Si usted me pregunta si es un mala práctica, por supuesto que le voy a decir que es un mala práctica; pero, que existe y se daba así fue”.
Por su parte, la exlegisladora Maureen Ballestero mencionó a este Semanario que no se iba a referir al tema, debido a que se encuentra retirada de la función pública; esto,  a pesar de que los hechos ocurrieron mientras ella pertenecía a un Poder de la República. Al mismo tiempo, negó haber realizado alguna gestión ante el MSP para que se le asignara protección.
Sin embargo, en una nota dirigida al director ejecutivo de la Asamblea Legislativa Antonio Ayales, Ballestero solicitó la confección de un carné ad- honórem, para que el oficial pudiera cumplir con las obligaciones en el despacho.
Al respecto, el exministro Berrocal dijo: “Yo no me acuerdo si ella lo solicitó, pero por supuesto que tiene que haber una solicitud de la diputada; es tan obvio; acaso las cosas caen como maná del cielo; es ridículo; a mí me sorprende la gente que pasa por la función publica y después cree que queda bien negando las cosas, cuando lo que hay que hacer es enfrentarlas como pasaron y sucedieron”.
Se le consultó a Antonio Ayales sobre el movimiento realizado por la diputada Ballestero. A pesar de que su asesora Enid Padilla aseguró que contestaría las preguntas si se le enviaban a su correo, no se recibió respuesta al cierre de esta edición.
El denunciante presentó los documentos que constatan su irregular situación, en el despacho de la diputada del Partido Acción Ciudadana (PAC), Carmen Muñoz, quien señaló que al parecer en este caso no existió nunca un acuerdo para tomar recursos de un Ministerio, para uso personal de la diputada.
Otro de los denunciados por el oficial de la PCD es Ricardo González, jefe del despacho del entonces Ministro; al ser consultado, este en un tono hostil indicó que tampoco se iba a referir al caso, señalando solamente que él acató órdenes del Ministro, y por eso espetó un ¡pregúntele a Berrocal!
El mencionado oficial además reveló que el director de la PCD –Allan Solano- es cuñado de la exdiputada Ballestero, lo que se podría interpretar -a juicio de la diputada del PAC- como un conflicto de intereses.
“Podría ser que ese vínculo facilitara el traspaso, pero no hay nada que justifique; tal vez si existiera un convenio que lo ponga a tono con la ley no importaría, pero que según la lectura de los documentos aportados por el denunciante nunca hubo nada legal”.
En un oficio del 5 de setiembre del 2007, el director de la PCD señala que no tuvo injerencia en el movimiento del oficial a la Asamblea Legislativa, y por lo tanto no era  asunto de esa dirección resolver la legalidad del convenio.
El exministro Berrocal adujo desconocer el parentesco entre ambos funcionarios; “eso sí  es una primera noticia, de que sean familia. Indudablemente lo que afecta ahí es el nexo, ya que lo lógico aquí es que hubiera sido cualquier otro policía, no a uno de la PCD; si se hizo así está muy mal”.
La inexistencia de un convenio entre la PCD y la Asamblea provocó que el funcionario trabajara en condiciones poco claras, en donde inclusive el carné ad-honórem que recibió de la Asamblea no le garantizó nunca que iba a recibir el pago de horas extras o viáticos, por la labor desempeñada con la diputada durante los casi 8 meses.
El entonces Ministro de Seguridad reconoció que se cometió una equivocación: “si no hubo ese convenio es un error; está mal de que no haya habido un acuerdo, y si eso significaba una pérdida en sus derechos laborales, el funcionario de seguridad tiene todo el derecho de reclamarlos”.
“Esto me puede perjudicar, pero no creo que más de lo que ya me ha perjudicado económicamente, y personalmente. Son muchas cosas que no deberían de pasar; es que hay gente que abusa del poder, y la corrupción no es solo robar, corrupción son muchas cosas”, se quejó el denunciante.
UN SIMPLE CHOFER
Al describir la situación laboral a que se vio enfrentado, el oficial de la PCD lamentó que “fui un simple y llano chofer mandadero de carácter personal”.
El 19 de junio del 2007, el oficial que laboraba desde hacía más de 5 años para el Programa Regional Anti-Drogas (PRAD), fue trasladado a la Policía de Control de Drogas destacado en el Departamento de Operaciones y posteriormente en la Oficialía de Guardia.
Pero tan solo 10 días después, fue notificado por Ricardo González, jefe del despacho del entonces ministro de Seguridad, Fernando Berrocal, para que a partir de ese momento pasara a las órdenes de la diputada Maureen Ballestero.
Sus labores con la diputada se  iniciaron en el mes de julio y ya en los primeros días de trabajo, el oficial fue advertido por un policía de la Fuerza Pública de Turrucares que laboraba en la Asamblea como chofer de otra diputada, sobre la posibilidad de que miembros de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), vigilara las acciones de algunos choferes que presuntamente estaban de manera irregular en la Asamblea.
Esta situación despertó las sospechas del oficial, sobre el ilegal traspaso al que fue sometido; “ella necesitaba un chofer y a mí me llevaron rodado de que lo que ocupaba era un guardaespaldas, y para cuando me di cuenta ya era un chofer mandadero para todo lo que ella quisiera”.
Berrocal expresó que lamentablemente si se da un préstamo de funcionarios del MSP a cualquier otro poder de la República, queda bajo responsabilidad de quien asume el uso que este le dé al funcionario. “¿Cómo se imagina usted que el Ministro va a estar preocupado de qué hace un diputado con el guarda de seguridad que le pusieron? El diputado que  lo solicita argumenta razones de seguridad y entonces se le presta por un periodo”.
Agregó que “los funcionarios que se asignan son choferes y guardaespaldas; si lo utilizaron para otras cosas está mal, lo mismo que si manejaba carros privados o hacía mandados de la casa. Eso ya son cosas que son censurables e incorrectas”.
Mientras tanto, el Procurador de la Ética, Gilberth Calderón, explicó que “un funcionario público no puede pretender tener a otro funcionario público para que haga las cosas que necesite individualmente, o para provecho personal; eso no puede ser posible, ya que la función de los trabajadores del sector público es también un bien público”.
Según el oficial de la PCD, si bien fue nombrado como chofer y guardaespaldas de  Ballestero, aseguró que la exlegisladora nunca acató las órdenes preventivas de seguridad que le dio, cuando supuso que corría riesgo.
“En una ocasión ella iba con la hija y noté un asunto medio extraño con dos personas que venían en una moto, y entonces le dije qué hacer, y más bien terminé reprendido;  así que en seguridad yo no trabajé con ella. No puedo decir que tuvo amenazas de muerte, porque en todo el tiempo que estuvo conmigo ella andaba a la libre: cero acatamiento de mis recomendaciones de seguridad”, recriminó.
Sumado a esto, luego de unas pocas semanas de trabajo con la excongresista, el oficial empezó a recibir un mal trato por parte de la exlegisladora. “Horarios excesivos, días que almorzaba a las 4 de la tarde, o que no almorzaba del todo, a veces salía a las 9 o 10 de la noche; en una ocasión casi me asaltan por barrio Escalante; muchas veces ella me dejaba botado y entonces yo tenía que ver qué hacía. Aparte de que ya vi el asunto medio raro, porque ellos iban a hacer un convenio, y nunca lo hicieron, entonces no había ningún papel que me respaldara”.
Al oficial se le indicó inicialmente que como parte del préstamo, el despacho de la exdiputada correría con el pago de viáticos y horas extras; pero, la inexistencia del convenio de préstamo de funcionarios entre la PCD y la Asamblea provocó que nunca recibiera ningún pago adicional al salario que le correspondía en el Ministerio de Seguridad.
Esta situación se prolongó hasta el 17 de setiembre del año 2007, cuando se presentó en el Departamento de Recursos Humanos del Ministerio de Seguridad y se le indicó literalmente “que en virtud de los criterios vertidos por la Auditoría interna del MSP, la Contraloría General de la República y la misma Dirección de Asuntos Legales del Ministerio, en los cuales mencionan la inexistencia de fundamentos legales para realizar los convenios de calidad de préstamo, deberá reincorporarse a la PCD a partir del recibo de la presente”, según consta en el oficio No 6509-2007 DRH, que fue adjuntado con copia a Ricardo González, jefe del despacho ministerial, y al director de la Policía de Control de Drogas.
No obstante, dos días después el mismo Ricardo González le indicó al oficial que la exdiputada solicitó al Ministro el regreso del funcionario a las labores en el despacho, a pesar de que ya era de conocimiento la ilegalidad de este préstamo de funcionario.
El oficial regresó donde Ballestero con la promesa de que se iba a materializar un convenio que regulara la situación. Esto no se hizo en los siguientes 5 meses en que se mantuvo trabajando para ella, y a pesar de que –según consta en la papelería aportada para hacer esta denuncia- presionó al Ministerio de Seguridad para que arreglara los términos del préstamo.
El Ministerio -a través de Ricardo González- realizó consultas a la Dirección de Recursos Humanos para aclarar la situación del oficial, sin que se lograra concretar un acuerdo.
Por este motivo, el oficial decidió regresar por cuenta propia a trabajar en la PCD el 19 de febrero del 2008, momento en el cual -a pesar de la insistencia de la exdiputada para que se mantuviera en su cargo- este devolvió el carné y las llaves del despacho de Ballestero, aun cuando el préstamo era efectivo hasta el 30 de abril del 2010.
“Si ellos hubieran tenido razón, me quitan de la PCD instantáneamente o me despiden por desacato; pero, ellos sabían muy bien por qué me estaba devolviendo, porque era ilegal que yo estuviera ahí, y por eso no dijeron nada”, sostiene el oficial.
Luego de  regresar a laborar a la PCD, fue degradado de puesto, y a pesar de que en reiteradas ocasiones ha solicitado su reintegración al nombramiento que mantenía  antes de ir a trabajar con la exdiputada, su petición ha sido denegada por el director de Control de Drogas.
“Se me hizo la vida imposible laboralmente. Luego de regresarme se inició una persecución laboral, me rebajaron el nombramiento, no se me paga el alto riesgo, mientras que a otros oficiales sí”, cuestionó.
A pesar de que se intentó conocer la posición del director de la Policía de Control de Drogas Allan Solano- en su oficina se alegó que por las funciones que este desempeña,  no atiende las consultas que hace la prensa.
Gilberth Calderón, Procurador de la Ética, en este sentido manifestó que “los funcionarios públicos deben estar prestos a dar cuentas de sus acciones, ya que estas están orientadas al servicio público”.
Calderón añadió que “pareciera que si hay una violación a principios éticos y abuso de los recursos públicos, dependiendo de la prueba que puedan haber en un caso como estos, se podrían sentar responsabilidades de tipo administrativo, en el caso de que aún se esté ejerciendo algún puesto público, y en la perspectiva penal podría haber una pena de prisión y de inhabilitación para futuros cargos públicos”.
 

 
Avanza denuncia contra Ballestero

 
El 13 de octubre del 2009, el Ministerio Público anunció la apertura de una investigación contra la entonces diputada  del Partido Liberación Nacional Maureen Ballestero Vargas, por el presunto delito de “peculado de uso”, atribuido a presuntos viajes de carácter personal en una avioneta del Ministerio de Seguridad Pública.
La denuncia se encuentra en una fase de recopilación de pruebas, a las cuales se sumará la declaración del oficial de la PCD que fue chofer de Ballestero por al menos 8 meses, ya que este compareció como testigo la semana anterior ante el Ministerio Público.
En su declaratoria se señala que en al menos seis ocasiones, por lo general los días jueves o viernes, tuvo que llevar y traer a la exdiputada a la sección Aérea, conocida como Base 2 del Ministerio de Seguridad Pública, en donde se encontraban las aeronaves del MSP.
Indica además el oficial que algunas veces viajó con otros diputados, y que en al menos dos ocasiones viajaron con ella sus dos hijos, la empleada doméstica, y hasta el perro.
En el Ministerio Público informaron que luego de la comparecencia del nuevo testigo,  se tendrán que citar a más personas para que rindan declaraciones, y que aún no se define si podría ser elevado a juicio. El caso es llevado por la fiscala, Patricia Badilla.
Cabe recordar que el 9 de agosto pasado fue condenado a 1 año y 3 meses de presión Pedro Pablo Quirós, expresidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Electricidad, por utilizar con fines personales un helicóptero pagado por la institución. Esta condena sentó un precedente, ya que nunca se había dictado una orden de cárcel contra algún funcionario público que utilizará los bienes materiales de la administración para su beneficio.