La creación de un impuesto del 1.75%  sobre la factura eléctrica para financiar al Cuerpo de Bomberos -aprobado la semana anterior en la Asamblea Legislativa- levantó duras críticas de diversos sectores que lo consideran una “carga injusta” sobre las familias pobres y la clase media.
El faltante de dinero para que los bomberos puedan construir más estaciones y extender su servicio a las zonas alejadas del país, hizo que muchos atribuyeran este déficit a la apertura del mercado de seguros y calificaran de “mentirosos” a quienes la promovieron como parte del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos.
Los bomberos niegan que este nuevo impuesto tenga algo que ver con el TLC y afirman que es una forma de distribuir mejor el costo de tener un servicio de bomberos que responda adecuadamente a las necesidades del país.
TAPAR EL HUECO DEL TLC
El proyecto de ley que creó el impuesto a la factura eléctrica para financiar a los bomberos, tuvo como único detractor en la Asamblea Legislativa al diputado del Frente Amplio, José María Villalta.
El legislador comentó que no está en contra de que se financie al cuerpo de bomberos, pues afirma que este servicio atraviesa una “grave crisis producto de la irresponsabilidad con que se aprobaron las leyes del TLC”, las cuales restaron estabilidad financiera a la entidad.
“Se demostró que mintieron los promotores del TLC, cuando dijeron que no se iba a ver afectada la estructura y financiamiento de los bomberos, pero ellos vienen a decir que están desfinanciados, que no van a poder cubrir sus costos de operación, a pesar de que se les creó un fondo especial con dinero del Instituto Nacional de Seguros (INS), pues ese fondo ya se agotó”, expresó.
Villalta explicó que si bien el Cuerpo de Bomberos de Costa Rica sigue recibiendo el 4% por las primas de seguros, tanto del INS como de las nuevas aseguradoras privadas, estos dineros no son suficientes.
“La ley de bomberos decía que si había un faltante para financiarlos, el INS tenía que aportar los recursos para cubrir el faltante.  Con la apertura del TLC ya el INS no puede usar sus utilidades para financiar a ese  déficit, por lo que no era cierto que iban a tener más recursos, y por eso están aprobando un impuesto al consumo eléctrico de los más pobres”, comentó.
Villalta argumentó que la ley recién aprobada tiene dos problemas: grava el 100% del consumo eléctrico de las personas más pobres, y exonera en porcentajes importantes a los sectores de mayor consumo.
La ley establece que el impuesto se cobrará a las facturas eléctricas que estén por encima de los 100 kilovatios hora por mes, pero por debajo de los 1750 kilovatios hora, lo que para el diputado es un trato desigual.
“En Costa Rica hay 274.000 familias pobres -según la última Encuesta de Hogares-, y por lo menos 160.000 se estarían viendo afectadas con este impuesto, lo que consideramos es totalmente injusto; la gente pobre no aguanta ya ni un colón más de impuestos sobre sus consumo básico”, aseguró.
“Hay casas de lujo que consumen hasta 3000 kilovatios hora, con piscina, con planta eléctrica; los centros comerciales, las grandes industrias, consumen más de 5000 kilovatios, y a estos se les estaría exonerando por más del 50% de su consumo, mientras que los más pobres sí tendrían que pagar por el 100%”, acotó.
El diputado indicó que presentó una moción para que el consumo exonerado del impuesto fuese el mismo que se exonera del impuesto de ventas (250 kilovatios hora) y que se eliminara el tope establecido, pero la propuesta ni siquiera fue discutida.
SERVICIO AL COSTO
Por su parte, el exregulador general de servicios públicos, Leonel Fonseca, consideró “totalmente injusto” que ahora se recurra a los recibos de electricidad y teléfonos para aplicar nuevos impuestos, ya que esto viola el principio de servicio al costo que deberían tener los que se prestan bajo la regulación de la Autoridad de Reguladora de Servicios Públicos (ARESEP).
Fonseca coincidió con el diputado Villalta al calificar de “injusticia” el que se grave el consumo mayor a los 100 kilovatios hora, pero se exonere a los grandes consumidores de más de 1750 kilovatios hora.
“Cualquier persona que tenga una refrigeradora, una plancha y una plantilla eléctrica, fácilmente consume más de 100 kilovatios hora por mes, y eso pasa en muchas familias pobres”, declaró.
“A los bomberos deben financiarlos el INS y las otras empresas privadas, en lugar de cargarle sin razón este costo a la gente de menos recursos”, añadió.
Fonseca manifestó que es un mal precedente el que se estén permitiendo impuestos en las facturas de servicios públicos, que si bien son más fáciles de cobrar, no hay garantía de que se utilicen los recursos adecuadamente, como sucedió con la ley que puso un impuesto a la factura de agua para financiar la colocación de hidrantes.
El secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), Albino Vargas, dijo que este impuesto para los bomberos es “innecesario”, pues con la apertura del mercado de seguros, quienes deberían financiarlos son el INS y las demás empresas privadas con el 4% de sus pólizas.
“Sabemos que las empresas transnacionales no van a querer esa carga, por lo que en un futuro cercano van a querer deshacerse de ella, y es por eso que necesitan dejar algo alternativo, que sería un impuesto en previsión para financiar a los bomberos”, afirmó.
Para Vargas, este impuesto es una “pésima señal”, ya que se grava principalmente a los sectores medios de la población, que cada vez que suba la tarifa de la electricidad, verán también cómo aumenta el impuesto.
“Volvemos a la misma senda: son los de abajo los que deben cargar con las consecuencias del ajuste de concentración de la riqueza y el crecimiento de la desigualdad. Una consecuencia más del TLC; qué feo decir: lo dijimos, pero así fue”, expresó.
 

 
Héctor Chaves, director de Bomberos:
“Esto no tiene nada que ver con el TLC”
El director del Cuerpo de Bomberos, Héctor Chaves, rechazó que la necesidad de financiar a su entidad con un nuevo impuesto tenga algo que ver con consecuencias del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y la apertura de seguros.
Chaves dijo a UNIVERSIDAD que la apertura y el TLC no modificaron la forma en que el INS y las aseguradoras privadas financian a los bomberos, las cuales –aclaró-  vienen pagando los montos que les corresponde según la ley.
“Lo que pasa es que es muy poco lo que esas empresas contribuyen, pues todas juntas no llegan a ¢100 millones, y el INS aporta casi ¢14.500 millones. Actualmente el INS aporta el 95%; ese es nuestro esquema del financiamiento”, explicó.
“Nosotros, cuando se dio la discusión del TLC, no tuvimos ninguna posición, ni a favor ni en contra. Lo que buscamos es que lo que resultara fuese lo mejor para bomberos, con mayores facilidades administrativas, y eso ha sido positivo para nosotros”, recalcó.
Chaves hizo ver que el nuevo impuesto nace de la necesidad de ampliar la cobertura del servicio de bomberos en zonas alejadas, pues, por ejemplo, para atender una emergencia en Los Chiles, deben viajar más de 100 kilómetros, similar a lo que pasa en el Caribe sur y en la península de Osa.
Argumentó que ya no es factible cargar más de impuestos al sector de los seguros, pues esto podría ser perjudicial para los propios bomberos, ya que bajarían las ventas de seguros en el país.
Para Chaves, la responsabilidad de tener un buen servicio de bomberos debe ser compartida por toda la sociedad, ya que el equipamiento y la manutención de este servicio es bastante costoso.
“Una máquina de bomberos cuesta ¢150 millones y equipar bien a un bombero cuesta ¢2 millones. No podemos cargárselo a solo un sector, que son los asegurados, con el riesgo de que se va a desestimular la compra de seguros en el país”, expresó.
Chaves asevera que aumentar el consumo mínimo a 200 kilovatios hora para cobrar el impuesto hace inviable la propuesta, mientras que el tope de 1750 kilovatios se puso de esa forma para no cargar en demasía al comercio y a la industria, que son los que mayoritariamente compran seguros.
El Cuerpo de Bomberos espera recaudar ¢8.000 adicionales con este impuesto.