Comunidades preocupadas por la colocación de torres para antenas celulares  “encima” de sus casas ya obtuvieron eco en algunas municipalidades del país, que decidieron incluir requisitos solicitados por los vecinos en el reglamento para la ubicación de esas estructuras.
Vecinos de varios distritos presionaron y la Municipalidad de Barva modificó el reglamento que había aprobado a inicios de año, y la semana pasada emitió uno nuevo donde se establece una distancia mínima de  200 metros para la colocación de las torres, respecto de casas de habitación, centros educativos y otros centros de reunión. Además las torres no pueden estar a menos de 250 metros unas de otras, regula el número de antenas por torres y diferencia entre lo que son torres y lo que son antenas, cosa que no habían distinguido los reglamentos hasta ahora.
La Municipalidad decía que el reglamento ya estaba aprobado, pero las comunidades se movilizaron, principalmente en San Pablo, San Pedro, Santa Lucía y Barva, donde hubo casos en que los vecinos salieron a impedir el levantamiento de torres cerca de casas y escuela,  en lotes que las empresas tenían contratados sin que la comunidad tuviera conocimiento. Finalmente la Municipalidad aceptó integrar una comisión para revisar el reglamento y este se reformó, dijo Víctor Mora, vecino de San Pablo de Barva.
Relató que generaron información a la gente a través de correo electrónico, y las mismas personas se encargaban de invitar a reuniones y a integrarse en la lucha.
“Esta no solo la orientamos a aspectos de la salud, sino también al valor que pierde la propiedad (por la cercanía de una  torre). Si un taller o negocio requiere regulación, ¿por qué no lo debe tener una torre que también es una instalación comercial o industrial?, se preguntó Mora.
Carlos Alberto Solís, regidor que coordina la comisión de telecomunicaciones en la Municipalidad de Tibás, dijo que está listo para publicar el reglamento, donde se incluyeron requisitos considerando aspectos de seguridad y posibles afectaciones a la salud de la población por las antenas.
Las antenas deberán estar a una distancia de al menos 500 metros de los centros educativos o lugares de aglomeración pública como hospitales y otros, los predios deben ser de 15 por 15 metros, y al dueño de la torre se le va a exigir una póliza de garantía por $300.000 por si hubieran afectaciones a la salud, o que la torre se cayera y provocara daños, indicó Solís.
“La ley nada más nos dice que hay un ley de telecomunicaciones a la cual tenemos que acogernos, pero para saber si esto tiene afectaciones a la salud humana tenemos que esperarnos un tiempo para tener claro si hay afectaciones. Como hay opiniones encontradas sobre si la radiación es dañina o no hasta cierto punto, entonces hemos tratado de cubrir todos los espacios”, explicó.
Solís comentó que hay municipalidades que no le han dado la menor importancia a estos aspectos y cuando uno oye hablar sobre el tema al representante de la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL) más parece el vocero de la empresa telefónica que un funcionario público. “Esto es muy delicado porque mi obligación es velar por salud pública antes que cualquier otra cosa, y soy responsable de hacer un reglamento del que va a depender si hay afectación o bienestar para la población”, dijo el regidor.
Hay reportes de vecinos que han iniciado gestiones contra la colocación de torres cerca de casas y centros educativos:  Rohrmoser, Sabana Sur, Barrio Escalante, Barrio Luján, Hatillo, Pavas, Curridabat, San Sebastián, San Francisco de Dos Ríos, San Roque de Grecia, Liberia, Naranjo, Cañas y Hojancha, entre otras poblaciones.
En el Área Metropolitana se integró el “Movimiento + URBA”, uno de cuyos integrantes, Gustavo Martín, dijo que en Barrio Escalante han detenido de momento los trabajos en tres torres con la presentación de recursos.
Para este 15 de setiembre están convocando a una  manifestación en el Parque Nacional, con representantes de las diferentes comunidades. Para el 13 de octubre a las 6 pm tienen programado un foro en la Asamblea  Legislativa, con representantes del Gobierno, SUTEL, empresas involucradas a fin de analizar posibles modificaciones a los reglamentos, y para el 20 de octubre se prepara otro foro en el Colegio Federado de Ingenieros y de  Arquitectos (CFIA), informó Martín.
En La Fortuna de San Carlos, la médica Liliana Cordero dijo que los vecinos lograron detener la construcción de una torre de 60 metros de Claro que se estaba levantando en el centro de la población frente a casas y a 100 metros del colegio. Ante la protesta del vecindario, el trabajo fue paralizado porque la torre no tiene retiro establecido para este tipo de construcción.
Añadió que les extrañó que la estructura se estuviera levantando sin tener permiso de uso de suelo; al pedir cita al alcalde de San Carlos, Alfredo Córdoba, este se negó a recibirlos para entregarle un pliego firmado por los vecinos. No obstante, aceptó recibirlos luego de un incidente en que los vecinos interpelaron a un empleado de la Municipalidad, que llegó al sitio en un carro de la empresa acompañando a dos representantes de esta constructora.
Se les ha pedido a los vecinos que se manifiesten para pedirle a la Municipalidad modificar el reglamento.
En la vecina comunidad de Santa Clara, la ingeniera Beatriz Corrales dijo que los vecinos denunciaron ante la Municipalidad, el CFIA y SETENA la construcción ilegal de una torre. Aunque los inspectores municipales paralizaron la obra porque se hacía sin tener un ingeniero a cargo, la  constructora rompió los sellos y continuó la obra, que no ha podido terminar porque en el lugar nace agua. El CFIA hizo una inspección, cuyo resultado están esperando, y la SETENA realizó la semana pasada una inspección, agregó.
Franklin Arias, médico de Ciudad Quesada, dijo que varias comunidades de la zona se están organizando para ver si por la vía legal pueden lograr que la Municipalidad modifique el reglamento sobre torres. La idea es que se les aleje de los centros de población, escuelas, hogares de ancianos y casas. Ojalá que algún día se haga lo mismo que en una decena de países europeos, donde se ha respetado distancias hasta de 400 metros, y radiaciones menos intensas, comentó.
“Hay estudios que dicen que los actuales límites no son seguros, pero hay muchos intereses que impiden que estudios nuevos salgan y que esto se haya modificado, entonces el principio de precaución es lo que se impone. Las municipalidades deben velar en primer lugar por el bienestar de uno, y el pueblo debe organizarse para procurar las modificaciones en el concejo municipal”, opinó Arias.
SENSIBLE
Juan Manuel Campos, abogado consultor en temas de regulación en comunicaciones, convino en que las torres de telecomunicaciones son un tema muy sensible. Hay un porcentaje muy alto de la población que no las quieren, hay preocupación por aspectos de salud y de contaminación visual y el problema es cómo esto se regula, señaló.
Dijo que ha habido un problema de falta de regulación. La regulación se dejó al margen porque lo que importaba supuestamente era la apertura y la licitación de las bandas frecuencias, pero todo esto se construye con normas de segundo grado también y sobre esto hay regulación internacional que se debería observar.
“Creo que debería existir el principio precautorio, que ante la duda hay que favorecer a la población, pero no por eso dejar de emitir la norma, porque si no el efecto sería no tener la regulación, que tal vez no es el efecto querido. Esa discusión no nos tiene que llevar a que se pongan gravosas las normas para que no se instalen las torres, sino que estas cumplan con la normativa internacional que es lo que debiera ser”, opinó Campos.
Comentó que hay municipalidades como las de Curridabat y Goicoechea que han sacado un reglamento donde establecen que no quieren antenas en propiedad privada, sino que se utilicen calles y aceras del cantón.
El problema es que esto implica una limitación al derecho de propiedad privada y es algo que eventualmente tendrá que dilucidarse en la Sala Constitucional, si un municipio puede emitir una ordenanza con una limitación al artículo 45 de la Constitución Política, señaló Campos, quien tiene planteado un recurso de amparo contra las Municipalidades de San Pedro y Curridabat, por la omisión en la promulgación de la normativa necesaria para la instalación de la infraestructura de telecomunicaciones, lesionando con dicha omisión su derecho a la libre elección de proveedores de servicios de telefonía celular.
Carolina Hidalgo, asesora de la fracción legislativa del Partido Acción Ciudadana, dijo que en el partido han recibido muchas consultas de parte de regidores y municipalidades sobre la normativa y los procedimientos para regular el tema de la infraestructura de telecomunicaciones.
Tras investigar la normativa vigente, el partido emitió un trabajo con consideraciones y observaciones  para colaborar con los regidores que tienen a su cargo la aprobación del reglamento para esa infraestructura, que regula básicamente dos tipos de permisos: el de uso del suelo y el de construcción.
La impresión es que por apurar la apertura cuanto antes no se han verificado cosas que deberían ser de mayor atención y que se podrían mejorar en la regulación, consideró.
Uno de los temas más sensibles es que la gente en las comunidades se molesta porque no conoce  cómo es que la Municipalidad y la SETENA  están manejando estos permisos.
Por  ejemplo, para dar la viabilidad al proyecto, la SETENA pide a la empresa un plan de comunicación a las comunidades en el área de influencia directa de la torre, pero pone que después de obtener la viabilidad y previo a iniciar las obras, el consultor debe presentar un informe sobre los resultados de este plan, de donde resulta entonces que eso no es un requisito para otorgar la viabilidad, señaló Hidalgo.
 

 
Normas y límites
La norma ICNIRP (en inglés Comisión Internacional para la Protección  contra la Radiación No Ionizante ) sobre límites de exposición a radiofrecuencias (RF), adoptada en Costa Rica, admite una intensidad de 4,25 vatios por m2 para emisiones de 850 megaherzios (mgz),  9 vatios para emisiones 1.800 mgz y 10 para las de 2.100. El aumento de la potencia se debe a que a mayor frecuencia menor capacidad de penetración tiene la onda; de ahí que las frecuencias bajas sean las de mayor cuidado respecto a los efectos en la salud.
La norma adoptada por Suiza es de 0,043 vatios para 850 mgz.  Bélgica, Luxemburgo, Rusia y países del Este europeo  aceptan solo 0,024 vatios. Liechtenstein, que tiene los mismos niveles que Suiza, los va reducir aun más para el 2013.
Salzburgo (Austria) acepta solo 0,001 v., lo que es más de cuatro mil veces menos que Costa Rica. Leganés, una ciudad de la periferia de Madrid, aplica esta norma.
Chile tenía el nivel de Costa Rica y aunque lo bajó a la cuarta parte, hay movimientos de ciudadanos exigiendo que se baje más aun.
La ICNIRP fue encargada por la OMS para establecer los límites aceptables de la exposición a las emisiones de radiofrecuencia. La norma solo se refiere a efectos térmicos (calentamiento de  los cuerpos), no considera efectos biológicos o de otro tipo. Quien fue su director, Michael Rapacciolli, ha estado  envuelto en una polémica, pues antes y después trabajó durante años para la industria de telefonía, pero él asegura que no recibió financiamiento de esta a cambio de su opinión.
Fuente: Sitios web de Internet
 

 
Advertencias y precauciones
Desde el 2009 la Agencia Europea para el Ambiente y el Parlamento Europeo han denunciado la toxicidad de la telefonía móvil, las antenas y la WIFI.
La BBC de Londres, entre otros medios, ha emitido reportajes con entrevistas a científicos que debaten sobre la contaminación electromagnética y los efectos secundarios de antenas celulares y conexiones inalámbricas (WIFI); incluyen el tema de la exposición de los niños a las radiaciones WIFI en las escuelas europeas.
-Allí, algunos de los científicos indicaron que hay más de 2.000 estudios hechos y solo el 50% dan prueba de efectos secundarios, por lo que concluyen que no hay peligro. En la posición opuesta, William Stewart, Presidente de la Agencia de Salud de Gran Bretaña, dice  que la OMS debería revisar sus declaraciones y adoptar el principio de cautela ante la exposición. Gerd Oberfeld, Ministro de Sanidad Pública de Salzburgo, solicitó remover los WIFI de las escuelas.
Cuatro bibliotecas públicas en París sustituyeron la WIFI por cableado y lo mismo se ha hecho en escuelas de Francfort, Alemania. El Rector de la Universidad de Ontario, Canadá, ordenó la misma medida.
En Suecia, desde el 2003, la sensibilidad a las ondas electromagnéticas se reconoce como una enfermedad que padece el 3% de la población, a las personas que perciben físicamente las ondas electromagnéticas se les aísla en casas y aulas con pinturas especiales muy caras pagadas por el gobierno, e incluso se les da incapacidad permanente.
Fuente: páginas de Internet.
 

 
OMS identifica prioridades de investigación
La OMS actualizó su agenda de necesidades en investigación sobre las radiofrecuencias (RF) y los riesgos para la salud. La organización ha identificado cuatro áreas prioritarias: a) estudios de los efectos de campos electromagnéticos de las RF en niños de diferentes edades; b)estudios de los efectos de nacimientos prematuros y la exposición prenatal en el desarrollo y conducta, así como el envejecimiento y enfermedades neurodegenerativas; c) monitoreo de los niveles de exposición a tecnologías de RF nuevas y emergentes, y d) preocupaciones del público acerca de la telefonía móvil, la investigación del riesgo de los formatos de comunicación y la percepción del riesgo.
Así lo indica un informe remitido por el representante de la OPS/OMS en Costa Rica, Federico Hernández Pimentel, en respuesta a una solicitud de vecinos de Bello Horizonte de Escazú, que le pidieron confirmar si es verídico que los estudios de la OMS descartan efectos adversos de las señales de RF, como se afirmó en volantes de la  empresa Claro.
Uno de los volantes, con el título “Nuestra prioridad es usted”, asegura que “existen estudios realizados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) que afirman que no existen efectos adversos a corto o largo plazo producidos por las señales de radiofrecuencia (RF). Todas nuestras  antenas trabajan bajo un rango de radiofrecuencia dentro de los estándares mundiales de telecomunicación, lo cual asegura que ninguna onda radial afectará su entorno o su salud.»
Los vecinos se oponen a la colocación de una antena de 34 metros que la empresa pretende instalar en una zona residencial a escasos metros de las casas.

 
Devaluación de 50%
El Ministerio de Hacienda, en un estudio del Órgano de Normalización Técnica, recomendó a la Municipalidad de Belén, para efectos del cobro del impuesto de bienes inmuebles,  considerar una devaluación de por lo menos 50 % en el valor de la construcción y del terreno de los inmuebles de uso residencial y comercial ubicados en la zona de influencia de las líneas de alta tensión eléctrica.
El estudio analizó la situación que se presentaba en el sector de residencial doña Rosa y calle La Gruta, al costado sur de Aquamanía, donde el mercado de compra y venta de inmuebles estaba paralizado y los terrenos se habían devaluado por la cercanía de líneas de alta tensión, según el informe, del 2001.
“La razón por la que se devalúa el terreno en esta situación está relacionada en parte con el potencial efecto de los campos electromagnéticos (CEM) en la salud humana y en parte con los temores generados por el riesgo de una falla estructural de las torres que sostienen las líneas de alta tensión.”
Además por la pérdida de belleza escénica y por otros aspectos relacionados como evitar que los niños jueguen en las calles o jardines y que la gente camine  o pasee en esta zona verde “contaminada” por el campo electromagnético, explica el estudio.
Titulado “Devaluación de terrenos en Belén por efecto del campo electromagnético”, el documento señala que varios estudios científicos reportan una asociación entre campos electromagnéticos y problemas de salud, aunque se han publicado estudios contradiciendo esta asociación, y mientras la investigación sobre este asunto continúa y se mantenga la incertidumbre se ha recomendado el concepto denominado “evitación prudente.”
Fuente: (hhtp://www.hacienda.go.cr/Msib21/Espanol/Organo+de+Normalizacion+Tecnica/CAMPOS+ELECTRICOS.htm)