Adriano Arguedas, director del IAP, rechazó que en los institutos privados de investigación del país se realice solo la investigación dictada por las transnacionales. (Foto: Katya Alvarado)
Investigadores de institutos privados rechazan que en el país se hace solo investigación de maquila, e insisten en que el proyecto cumple con lo dispuesto por la Sala Constitucional.
Los médicos y académicos de la Universidad de Costa Rica (UCR), Carlos Zamora y José Miguel Esquivel, aseguran que el proyecto de “Ley reguladora de investigación biomédica” que fue dictaminada en la Asamblea Legislativa, se diseñó para promover una “maquila” y no la verdadera investigación en el país.
Zamora y Esquivel criticaron a los institutos privados del país que participaron en la Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa para opinar sobre este proyecto, pues consideran que diseñaron una ley que favorece sus intereses.
Por su parte, representantes de estos institutos de investigación rechazan que la ley haya sido diseñada para satisfacer sus intereses, y que en el país no se haga “verdadera investigación” o simplemente se sigan protocolos enviados desde el extranjero.
PROBLEMAS DE INVESTIGACIÓN
José Miguel Esquivel comentó que desde hace varias décadas el país viene teniendo problemas con investigaciones en seres humanos que fueron mal reguladas y sin supervisión alguna, aspecto que denunció hace mucho en las páginas de este Semanario el reconocido científico Alfonso Trejos Willis.
Recordó que en la década de 1970 gran cantidad de niños se vieron sometidos a vacunas experimentales, sin que hasta hoy se conocieran con claridad los resultados de esos experimentos y los efectos que tuvieron en la población.
El médico aseguró que en el país la mayoría de los institutos privados de investigación se dedican a “seguir protocolos de investigación como si fueran recetas de cocina”, los cuales les son enviados por las casas comerciales extranjeras, para obtener los datos que son de su interés.
“El científico que se las da de científico tiene que elaborar sus propias hipótesis de trabajo, tiene que elaborar su propio protocolo y tiene que ir a buscar los fondos. Eso es lo que se hace en las universidades”, aseguró.
Zamora y Esquivel indicaron que si bien esa “maquila” de investigación no tiene nada de malo, es el modelo que se pretende implementar  con el proyecto de ley 17.777, que deberá conocerse en el plenario de la Asamblea Legislativa.
Estos galenos afirman que al detener las investigaciones con seres humanos en el país, la Sala Constitucional exigió la elaboración de una ley que proteja los intereses y la dignidad de los pacientes que se someten a este tipo de experimento, cosa que en su criterio no se cumple en este proyecto.
“Los intereses de un paciente están por encima de los intereses de la ciencia, de la tecnología y de la comunidad. Ese es el principio rector para hacer una ley de investigación. Los defensores del proyecto hablan de Nuremberg y Helsinki, pero esas son pautas de investigación que no son de acatamiento obligatorio, no son garantía para nadie”, expresó Esquivel.
Mientras tanto, Zamora argumentó que el proyecto no cumple con aspectos básicos, como una integración independiente del Consejo Nacional de Investigación (CONIS), el cual considera será un ente politizado al tener participación de representantes del Ministerio de Salud y de los Colegios Profesionales.
“Debe haber un ente regulador independiente; hoy incluso estando suspendidos los ensayos clínicos se siguen aprobando protocolos, lo que nos da muestras de una irregularidad. Esta ley transfiere la responsabilidad a los Comités Éticos Científicos (CEC) y elude la supervisión”, aseveró.
INTERESES PERSONALES
Carlos Zamora señaló que el diseño de este proyecto de ley responde a los intereses particulares de un grupo de institutos de investigación que ni siquiera están realizando esa labor, sino que simplemente “participan” de ensayos clínicos dictados desde el exterior.
“Eso no es malo per se, pero en esa participación hay cosas que no han estado bien revisadas. Aquí hay Comités Ético Científicos que aprueban más de una vez un mismo protocolo, al que solo se le cambia el nombre”, aseguró.
Zamora y Esquivel indicaron que estos grupos que dominan la investigación privada en el país, monopolizaron la discusión en la comisión legislativa, pues estando relacionados entre sí por distintos vínculos profesionales y familiares, fueron llamados individualmente a dar su criterio (ver recuadro).
Otro aspecto que critican al proyecto de ley tiene que ver con los pocos recursos que se van a generar para promover la investigación de los problemas de salud propios del país, y la nula supervisión que hay de la actividad.
“Lo que esta ley genera en recursos es risible; solo un 1% de los presupuestos de investigación no alcanza para estimular el desarrollo de estudios propios, ni sirve para pagar inspectores capacitados que ejerzan la supervisión”, dijo Zamora.
También criticaron el que no se disponga de acceso a los expedientes de las investigaciones para que se dé seguimiento a las personas tras haber participado de los experimentos.
“La anterior ministra de Salud (María Luis Ávila) dijo que había más de 125 ensayos clínicos. Pero si usted pide los expedientes, aunque sea con los nombres de la gente protegidos, nadie sabe dónde están, ni los resultados que tuvieron”, reprochó Esquivel.
Por su parte, el médico y directivo de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Agustín Páez, también consideró que este proyecto de ley fue diseñado para complacer a los institutos privados y promover su modelo de investigación, que finalmente es también un modelo de negocio.
Páez reclamó que el proyecto de ley no menciona a la CCSS, siendo esta institución en  donde se recluta a la mayoría de los pacientes utilizados en estos ensayos clínicos, e indicó que compañías farmacéuticas han condicionado sus inversiones en el país a la aprobación de esta ley.
Zamora y Esquivel mostraron a UNIVERSIDAD dos cartas dirigidas a la presidenta Laura Chinchilla por uno de estos centros de investigación, y otra de la Federación Centroamericana de Laboratorios  Farmacéuticos (FEDEFARMA), donde la felicitan por el dictamen unánime que recibió el proyecto en la comisión legislativa.
Para los médicos, estas expresiones muestran la complacencia y el interés  del sector de investigación privada para que esta propuesta se convierta en la ley que regule esta actividad en el país.
Páez, Esquivel y Zamora aclararon que no están en contra de que haya una ley que regule la investigación biomédica en el país, pero insistieron en que el texto actual no cumple con lo requerido por la Sala Constitucional en lo que respecta a dar garantías suficientes a los pacientes.

“No tienen autoridad moral para cuestionar la investigación que se hace en el país”
El investigador y expresidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Elías Jiménez, afirmó que es falso que en el país solo se haga “investigación de maquila”, y que sea ese el objeto del proyecto de ley sobre investigaciones biomédicas.
“Es absolutamente falso lo que ellos dicen (Esquivel y Zamora), no tienen autoridad moral para cuestionar la investigación que se hace en este país, no han publicado nada que valga la pena, si es que han publicado algo en investigación”, respondió Jiménez.
Argumentó que él realiza investigaciones en el país desde 1963 y ha trabajado con distintos institutos, entre ellos el Instituto de Atención Pediátrica (IAP) y el Instituto Costarricense de Investigaciones Clínicas (ICIC).
El médico aseguró que en el país se hace todo tipo de investigaciones, financiadas tanto por centros privados, como por universidades extranjeras y hasta entes públicos nacionales, y aseguró que es falso que no haya interés en atender los problemas de salud del país.
“Siempre ha habido interés por los problemas nacionales y la epidemiología del país;  por ejemplo, con trabajos en rotavirus y neumococo; son trabajos que tienen que ver con el interés nacional”, explicó.
Por su lado, el director del IAP, Adriano Arguedas, aseguró que en su instituto los investigadores colaboran activamente en el diseño de los estudios, el análisis de los datos, la interpretación y preparación de manuscritos para su publicación.  “Además, cada vez es mayor el porcentaje de investigaciones diseñadas en su totalidad por investigadores del IAP”.
Tanto Jiménez como Arguedas, y el director del ICIC, Guillermo Rodríguez, indicaron que el proyecto de ley 17.777 sí se  apega a lo recomendado por la Sala Constitucional para regular la investigación biomédica en el país.
“El proyecto de ley establece un marco legal muy apropiado para el desarrollo de la investigación en el país. Salvaguarda todos los derechos y el bienestar de los participantes y se ajusta a la normativa ética internacional vigente”, respondió Rodríguez.
Rechazó que en el CONIS se trate de un órgano conformado políticamente, y defendió que el proyecto establece la independencia necesaria para que este ente cumpla a cabalidad su labor.
“Es importante recordar que el CONIS no es un Comité Ético Científico, y, por tanto, no aprueba estudios, sino que supervisa a los Comités encargados de aprobarlos”, indicó.
Jiménez y Arguedas también rechazaron que el canon establecido en el proyecto de ley sobre las investigaciones sea bajo, pues afirman que lo aprobado es un 3% sobre los presupuestos de las investigaciones.
“Es de un 3% del presupuesto total de la investigación y no de un 1%, como dicen.  En mi criterio, el 3% establecido es adecuado para apoyar la investigación nacional  y su oportuna supervisión”, alegó Arguedas.
Respecto a los vínculos profesionales y familiares entre algunos de los citados por la Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa, Jiménez aclaró que su relación con ellos es solamente profesional.
“Yo no soy familiar de ninguno de ellos, y si el doctor Arguedas trabaja con su esposa en el instituto en buena hora; ellos son científicos de primera. Citan a don Elías Soley y su esposa, un abogado de confianza”, agregó.
Para Jiménez es falso que haya un grupo de interés que haya monopolizado la discusión legislativa para favorecer ciertos intereses, ya que se citó a más de 30 personas en la Comisión, e indicó que los diputados tenían la total libertad de llamar a quienes consideraran conveniente.
“Cuatro personas no son monopolizadores de una discusión, y argumentar eso relata una ignorancia completa de lo que pasó en la Comisión de Asuntos Sociales con este proyecto”, manifestó.
Al respecto, Arguedas expresó que en un oficio del CENDEISSS-CCSS a la Comisión, queda claro que la propuesta de la ley “fue elaborada bajo la coordinación de la Caja Costarricense del Seguro Social”, por lo que no responde a los intereses de un grupo.
“Llama la atención el desconocimiento de los señores respecto a las opiniones rendidas por la Contraloría, Procuraduría, CCSS, CENDEISSS, UCR, y más de 30 instituciones e investigadores de gran prestigio como el doctor  Jiménez, con amplia trayectoria como presidente de la CCSS”, rebatió Arguedas.