La pesca por parte de la flota camaronera en áreas marinas protegidas, así como la violación a las licencias de pesca y el no uso de los Dispositivos Excluidores de Tortugas (DET) en esta actividad, son los argumentos que la organización Programa de Restauración de Tortugas Marinas (PRETOMA) presentó ante la Secretaría de Asuntos Ambientales del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, Estados Unidos y República Dominicana (CAFTA, por sus siglas en inglés), como parte de la denuncia por el supuesto incumplimiento sostenido y recurrente de la legislación ambiental costarricense.
Luego de acoger la denuncia el pasado 6 de setiembre, la Secretaría  tramita la petición  y valora la opción de abrir un expediente de hechos, para determinar si el país incumple compromisos adquiridos con la firma del mencionado tratado con Estados Unidos.
Esta acusación fue elevada en julio pasado y según expertos consultados por UNIVERSIDAD, es un precedente importante en materia legal, ya que es la primera vez que se denuncia al país valiéndose de un acuerdo comercial, que además podría acarrear una amonestación verbal y una sanción económica considerable.
 
El profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica Jorge Cabrera Medaglia explicó que el CAFTA incluye en el capítulo 17 de asuntos ambientales una serie de condiciones que, de no cumplirse, provocan algún tipo de sanción: “Creo que es una iniciativa importante, y que demuestra que contrario a lo que mucha gente pensó, el tratado sí tiene herramientas que permiten mejorar la aplicación de la  legislación ambiental en el país”, puntualizó.
Mientras tanto, Mario Peña -profesor de derecho ambiental- indicó que la ciudadanía costarricense debe aprovechar los compromisos adquiridos por el país con ese acuerdo.
“Nosotros tenemos que utilizar el CAFTA a nuestro favor. Esta es una herramienta que nos brinda el tratado a favor del ambiente, y que por supuesto es importante. En este momento se denuncian irregularidades en la pesca de camarón; ya luego vendrán acciones en contra del desaleteo de tiburones, y en contra de la expansión piñera”, agregó.
A pesar de lo denunciado por el PRETOMA, Luis Dobles -presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA)- desestimó las evidencias aportadas por la organización ambiental.
“El mecanismo está previsto a nivel de Tratado, pero tampoco lo vamos a sobredimensionar; lo que uno quisiera es que cuando alguien recurre a plantear denuncias contra el país se haga de una forma objetiva, bien fundamentada, y no tergiversando muchos hechos para tratar de dar visiones negativas o en contra de las autoridades del país”, alegó.
Cabe mencionar que el documento presentado por el PRETOMA señala 17 hechos, en los cuales se acusa a INCOPESCA de incumplir la legislación pesquera nacional,  siendo el acto más recurrente la no utilización del DET, que a la postre trae consigo la captura involuntaria de tortugas marinas durante la pesca de camarón, tal y como lo apunta el biólogo Randall Arauz -presidente del PRETOMA-, quien detalló que “en los últimos 5 años ya son 39 las embarcaciones camaroneras que han sido denunciadas por el Servicio Nacional de Guardacostas (SNG), por no utilizar los dispositivos y ninguna ha sido sancionada; entonces, lo que tenemos es que hay una ley que exige el uso de esta tecnología, pero todo siempre se acaba o se derrumba a la hora de castigar”.
Arauz atribuye estos hechos a la falta de voluntad política en las autoridades que deberían velar por el cumplimiento de la ley; “en el país el sector pesquero camaronero está eximido de cumplir la legislación y esto es ilegal”, recriminó.
Una de las denuncias puntuales que el PRETOMA presentó ante la Secretaría, radica en las presiones que sufren algunos fiscales y funcionarios de guardacostas, que sorprenden “in fraganti” a embarcaciones camaroneras. Esto consta en el oficio 139-11-EGQ del 19 de febrero del 2011 enviado a la oficina de INCOPESCA por Guido Abarca, oficial de la Estación de Guardacostas de Quepos.
El funcionario narró que “luego de sorprender a la embarcación El Rey, matrícula P-181 descargando más de 30 mil kilogramos de congrio, y 2 mil de cabrilla producto de la pesca incidental, recibí una llamada de una persona que se identificó como Jorge Niño, vicepresidente de INCOPESCA, quien de forma altanera me cuestionó el procedimiento que estaba llevando a cabo; al final el producto fue descargado en su totalidad, sin contar con la solicitud de entrega y en un muelle sin permisos de INCOPESCA”, señaló el funcionario del SNG.
Por su parte, Luis Dobles -presidente del INCOPESCA- desmintió este hecho y más bien aseguró que la misma institución ha entablado denuncias en contra de barcos que cometen irregularidades. “¿Qué interés va a tener la institución o mi persona de ir a presionar a instancias judiciales? Yo quisiera que pudieran sacar una sola prueba de que un solo juez o fiscal diga que INCOPESCA ha presionado para retirar alguna denuncia”, argumentó.
La referida denuncia fue presentada por primera vez el 10 de enero del presente año; sin embargo, la Secretaría desestimó las acusaciones del PRETOMA, por lo que Luis Dobles presidente del INCOPESCA comentó que se intenta demandar nuevamente al país ante la discusión que se hará próximamente en Estados Unidos para retirar el embargo al camarón costarricense que existe actualmente; “nuevamente vuelven a tirar la cortina de humo, con estas mentiras y falsedades tratando de ver cómo en su afán de hostigamiento se perjudica al sector camaronero costarricense”, criticó.
Al respecto, Arauz enfatizó que no buscan afectar al país con alguna sanción económica o comercial, sino que “lo que buscamos con esto es que el Estado costarricense haga una reforma completa a lo que es el INCOPESCA, porque no es posible que una junta directiva de empresarios determinen la política pesquera nacional”.
 

 
La Secretaría podría sancionar al país
La Secretaría  de Asuntos Ambiental del CAFTA nace en el seno del tratado con Estados Unidos, como una instancia donde presentar denuncias contra cualquiera de los 7 países miembros del acuerdo comercial.
Para Costa Rica es el primer tratado que contempla un órgano internacional para dirimir conflictos ambientales internos.
Por eso, Jorge Cabrera Medaglia, profesor de la Facultad de Derecho, destacó que “este mecanismo tiene mucha visibilidad política, y al ser un país donde el cumplimiento de la legislación ambiental es bajo, eventualmente esto podría hacer conciencia de que existe un mecanismo internacional que podría ser utilizado”.
Los documentos aportados por el PRETOMA en contra del país fueron avalados por la Secretaría; ahora se solicitará una respuesta por parte del Estado, con el fin de determinar si se abre un expediente de hechos. Según lo manifestado por el presidente del INCOPESCA, el país aún no ha sido notificado.
Cerrada esta fase se emitirá una resolución que debe ser avalada por el Consejo Ambiental del CAFTA, que está conformado por los ministros de ambiente de los países firmantes del tratado. En caso de comprobarse un incumplimiento a la legislación ambiental costarricense, se comunicará al país la sanción moral y recomendaciones para corregir las anomalías.
Si Costa Rica incumple parcial o totalmente la resolución, correría el riesgo de recibir una sanción de hasta $15 millones, que deberán ser invertidos en las mejoras que el órgano internacional disponga.
Para Mario Peña, profesor de la UCR, este sería el peor escenario al que se podría enfrentar el país, ya que “estos son compromisos adquiridos con el CAFTA y que nadie nos contó durante su discusión. Ahora lo peor es que nos multen, ya que $15 millones podrían pararle el pelo a más de uno, y además todo este proceso dejaría mal parado al país ante los otros miembros del CAFTA”.