Una denuncia de que en el Consejo Nacional de Concesiones (CNC) estaban supuestamente “manoseando” documentos del expediente y la noticia de que el Tribunal de apelaciones de lo Contencioso Administrativo admitió un recurso del sindicato SINTRAJAP contra la resolución del juez que rechazó la solicitud de medidas cautelares pusieron en vilo la semana pasada el proceso de concesión de la nueva terminal de Contenedores de Moín (TCM) a la transnacional holandesa APM Terminals (ver recuadro).
A ello se sumó la noticia de que la Cámara de Navieras presentó una coadyuvancia apoyando la posición del Gobierno y en contra de la Cámara de Bananeros (CANABA) que, al igual que SINTRAJAP, mantiene una demanda ante el Tribunal Contencioso Administrativo impugnando la licitación de la TCM.
El pasado 30 de agosto, el Gobierno firmó con APM la concesión por 33 años para la construcción y operación de la TCM, con una inversión de cerca de $1.000 millones, y el contrato deberá pasar el refrendo de la Contraloría General de la República (CGR).
 
Tras recibir una denuncia, el diputado Jorge Gamboa, del Partido Acción Ciudadana (PAC), se presentó el pasado miércoles 14 de setiembre al CNC donde solicitó ver el expediente de la concesión de la TCM, y con ayuda de un asesor tomó fotografías del momento en que un funcionario foliaba documentos reunidos en “ampos”, numerados de 3 y 4.
Gamboa dijo luego que sin hacer un análisis previo no puede hacer conclusiones de si había algo anormal o no. Lo que vio fue que estaban foliando documentos y en una oficina grande había un equipo de trabajo con un video beam revisando documentos en la pantalla.
Gamboa dijo luego que cuando llegaron les dijo a los funcionarios que habían recibido una llamada donde les hacían ver que se estaba refoliando el expediente y agregando documentos nuevos.
Uno de ellos se molestó y otro fue a traer los documentos  y empezó a enseñarle mientras estaban poniendo el sello de folio a las hojas, algunas de las cuales estaban en blanco.
No solo eso sino que al poco rato llegó el ministro de Obras Públicas y Transportes, Francisco Jiménez, con el Secretario Técnico del CNC, Edwin Rodríguez, y sintió que llegaron por eso, porque entraron directamente a la oficina donde estaban, lo invitó a una reunión de unos cinco minutos, y luego se montaron en un carro y se fueron, relató el diputado.
Aunque le pareció algo sospechoso, Gamboa dijo que primero tienen que analizar en la fracción los documentos para poder concluir si hay o no irregularidad en el manejo del expediente.
En las fotografías se observa que en los ampos que estaban siendo foliados hay hojas en blanco con anotaciones a manos donde dice “sustituir” o bien “para certificación del departamento jurídico”. Si bien los documentos son de fechas recientes, llama la atención  que también figuran algunos con más de un año de antigüedad, y se les puso un nuevo número de folio, distinto al que ya tenían. Tal es el caso de declaraciones juradas de APM sobre su experiencia técnica, para poder concursar en la licitación, las cuales tienen fecha de julio y agosto del 2010.
Gamboa dijo que esa fue una de las preguntas que plantearon y lo que se les dijo fue que la numeración que se ve era la que tenía el documento original, pero que al ser incorporado al expediente queda con una nueva. Eso es parte de lo que hay que analizar,  apuntó.
Al cierre de esta edición se estaba a la espera que el ministro Jiménez confirmara la fecha de una entrevista que ofreció por medio de su asesora de prensa para hablar acerca de la concesión de la TCM.
El mismo día 14 de setiembre, mientras el diputado del PAC se hallaba observando la operación de numeración de folios, el gerente de la Unidad Ejecutora del proyecto TCM, José Chacón Laurito, aseguró al periodista de este semanario que no estaban haciendo nada encubierto ni ilegal con el expediente. Atribuyó la denuncia a “mentes enfermizas” que dicen mentiras sin probarlas, desde el anonimato.
Explicó que ese día debían enviar una copia del expediente a la CGR por lo que estaban agregando y foliando los documentos más recientes que faltaban, y sacando una copia que debe quedar guardada porque el original va a la Contraloría.
“Se está terminado de mandar a la CGR todos los documentos que corresponden para que ellos hagan un análisis integral de toda la contratación.  No se está reformando nada”, aseguró Chacón, cuya responsabilidad es velar que se cumpla el contrato de la TCM.
Ante la pregunta de si entonces él negaba que se estuviera refoliando y agregando documentos que no estaban en el expediente, replicó “es muy grave lo que está diciendo”. Agregó que  él todavía cree en las instituciones y en la Contraloría, que revisa la corrección de estos procesos. “No estamos en posición de meternos en situaciones irregulares como esa como para poner en riesgo una licitación tan importante para el país”, afirmó.
José Luis Castillo, secretario de Finanzas de SINTRAJAP, aseguró que él conoce bien el expediente, el cual el CNC a veces lo tiene al día y a veces no, pero normalmente el atraso es de una semana. Por ello consideró llamativo que se estuvieran incorporando documentos de hace un año, y habrá que contrastar con las copias del expediente para ver si hay algo anómalo, señaló.
“Lo que sí estoy seguro, porque conozco bien el expediente, es que había inconsistencias y si las van a querer arreglar se van a meter en una torta, porque puede ser incluso delito penal”, expresó.
Randall Quirós, abogado de CANABA, dijo que él ya antes había solicitado al CNC copia del expediente y no se lo habían dado, por lo que el lunes de la semana pasada insistió con una  solicitud mediante acta notarial,  y aún estaba a la espera de que lo entregaran.
Se preguntó por qué el CNC no había mandado a la CGR el contrato de la TCM, que el Gobierno firmó con APM desde el 30 de agosto.
Dijo tener conocimiento de que en el CNC estaban trabajando sobre la réplica que él presentó a la contestación de la demanda presentada en el Contencioso Administrativo contra la AMP, la CGR, JAPDEVA y el CNC impugnando la concesión.
Afirmó que en la réplica muestra las inconsistencias de la parte tarifaria de la licitación, y las contradicciones de mantener una licitación que está basada en un estudio desactualizado y que no sirve para calcular la factibilidad económica del proyecto, como lo reconocieron los mismos estudios presentados por la misma APM y el CNC ante la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos para pedir el aumento de tarifa que le concedieron a la APM.
 

 
SINTRAJAP pide cautela con concesión de nuevo puerto
El Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda declaró el pasado 8 de setiembre admisible el recurso presentado por el sindicato SINTRAJAP contra la resolución del juez que había rechazado la solicitud de medidas cautelares por la concesión de la TCM) a APM Terminals,  y convocó a audiencia a las partes para el 20 de octubre, 2011.
Significa que la resolución del juez que rechazó la solicitud de medidas cautelares presenta dudas razonables y que, sobre todo, no es cierto lo dicho por el Presidente Ejecutivo JAPDEVA, Allan Hidalgo, y el Ministro de Transportes, Francisco Jiménez,  en el sentido de que la demanda planteada por SINTRAJAP es sin fundamento y temeraria, entre otros calificativos que han venido utilizando, indicó el sindicato en un comunicado.
Esta nueva resolución del Tribunal de Apelaciones es una razón más para que el Gobierno de la República actúe con prudencia y cautela en el trámite de la concesión de la TCM. “Consideramos, con todo respeto, que lo mismo debería hacer la Contraloría General de la República; que como mínimo, antes de proceder a emitir el refrendo del contrato de concesión, por lo menos deberían esperarse al 20 de octubre, 2011”, añadió.
Para el sindicato, no es cierto que los tribunales de justicia le han dicho al Gobierno y a JAPDEVA que tienen luz verde y que lo que han hecho a favor de la APM Terminals está correcto y apegado a la ley.